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El Foco
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La obsesión de España por el hidrógeno verde

Pese a la presiones, la tecnología para calentar las viviendas con esa fuente de energía no está lista y necesita una gran inversión en infraestructura

Camión de hidrógeno verde.
Camión de hidrógeno verde.reuters

Europa se encuentra inmersa en el debate sobre cómo descarbonizar el sector de la vivienda, desde fijar estándares para la rehabilitación, hasta la manera en la que calentamos nuestros hogares. Recientemente, los representantes de todos los Estados miembros se han reunido para debatir el calendario para la retirada de las calderas de gas, uno de los elementos de la directiva de ecodiseño.

El abandono paulatino del gas en la calefacción es un paso importante tanto para reforzar la seguridad energética, como para abaratar el precio de la energía y mantener un aire más limpio en todo el continente. Sin embargo, en el entorno de la UE, el Gobierno español se mantiene reacio a dar este paso y es uno de los países clave que bloquean la propuesta. Diez países europeos ya han tomado medidas para que no se puedan instalar nuevas calderas de gas en edificios, ¿por qué España está demorando la decisión a nivel comunitario?

Uno de los factores que se pueden señalar es el peso de la industria del gas en España, una industria que se está esforzando mucho para que nuestras casas sigan contando con calderas de gas, disfrazadas como preparadas para hidrógeno. Mientras, el Gobierno sigue en su ensoñación sobre el hidrógeno, impidiendo que se lleve a cabo el verdadero cambio necesario para salir de la crisis energética.

España se ha fijado la misión de convertirse en líder en materia de hidrógeno verde. Los presidentes autonómicos y los líderes de la industria se apresuran a anunciar cuál será el próximo gran proyecto del hidrógeno, desde el Valle del Hidrógeno Verde de Cepsa en Andalucía hasta HyVal de BP en Valencia. Estas iniciativas llegan con la promesa de crear nuevos empleos y generar prosperidad en estas regiones, además de convertirse en pilares fundamentales del futuro sostenible del país.

Si bien el hidrógeno puede ser una solución interesante para algunos sectores que resultan difíciles de descarbonizar, como el transporte y la industria, la urgencia por usar hidrógeno hace que a los grupos de consumidores les preocupe que se esté introduciendo en un área en la que definitivamente no deberíamos utilizarlo: nuestros hogares.

Estamos atravesando una crisis energética que no ha hecho sino empeorar la crisis inmobiliaria en España: en 2021 el 27 % de la población estaba en riesgo de pobreza o de exclusión social, un porcentaje que sigue aumentando.

Al mismo tiempo, existe un consenso social en que hay que descarbonizar el sector de la construcción para asegurar un futuro sostenible. La calefacción de nuestros hogares es responsable del 12% de las emisiones totales de CO2 a nivel de la UE, el mismo porcentaje que todos los coches de Europa juntos.

Esto quiere decir que tenemos que reflexionar acerca de cómo climatizamos nuestros hogares. Y la industria se ha propuesto convencer a nuestros políticos de que el hidrógeno es parte de la solución. Hace escasos días, Joan Batalla, presidente de la Asociación Española del Gas (Sedigás), escribía en estas mismas páginas que “los gases renovables, especialmente el biometano y el hidrógeno renovable son parte indispensable de la solución”.

La industria quiere convencernos de que usar estos gases será una forma barata y fácil de proteger a las familias españolas frente a facturas energéticas astronómicas y la crisis climática en el futuro.

En primer lugar, la tecnología para calentar las viviendas con hidrógeno no está lista todavía. Además, necesitaríamos una gran inversión en infraestructura, lo que significa que quedan algunos años hasta que esta sea una solución real ante la crisis energética. Por no hablar ya de la crisis climática.

En segundo lugar, generar hidrógeno sigue siendo mucho más caro que producir electricidad, o incluso gas natural. Un estudio de la organización europea de consumidores, BEUC, reveló que “el coste total de tener calderas de hidrógeno sería un 55%-60 % más caro para los consumidores que el uso de la calefacción eléctrica entre 2025-2040″. En cuanto a las facturas en España, esto se traduce en un coste de 1095 euros al año en el caso del hidrógeno, frente a los escasos 320 euros en el caso de las bombas de calor eléctricas, una de las alternativas ecológicas más baratas.

En tercer lugar, a pesar de que la industria sigue afirmando de forma reiterada que el hidrógeno puede introducirse fácilmente en nuestros hogares a través de calderas híbridas y conductos ya existentes, lo cierto es que la infraestructura del hidrógeno requiere una enorme reforma y el uso de nueva tecnología.

No obstante, las grandes empresas, incluidas las empresas de gas e hidrocarburos, apuestan firmemente por las calderas de hidrógeno. Las señales las tenemos justo ahí: en el País Vasco, la estrategia vasca del hidrógeno ya incluye proyectos piloto para el uso de hidrógeno en edificios.

Si España realmente quiere solucionar su crisis energética, deberíamos disminuir gradualmente el uso de calderas de gas (la fuente de energía más volátil para la calefacción de las viviendas) y apoyar a las familias para que utilicen alternativas más ecológicas y baratas, como las bombas de calor eléctricas y los sistemas de aerotermia. Y no solo con ayudas públicas, sino con campañas de información a las personas consumidoras, como demuestran los casos de países como Suecia o Alemania, donde la climatización renovable está más avanzada.

No hay ninguna razón para rescatar las calderas de gas contaminantes, bajo la vaga promesa de que podrán funcionar a base de hidrógeno en el futuro, que es exactamente por lo que apuesta la industria. Tanto el Gobierno central como los Gobiernos autonómicos deberían ignorar el boom del hidrógeno y centrarse en las alternativas reales, que permitan ir abandonando los sistemas de calefacción perjudiciales para las personas consumidoras.

Paz Serra es Responsable de proyectos de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU)

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