UE y tecnológicas: hacia un nuevo callejón sin salida
El intento de que los gigantes de internet paguen por las infraestructuras que usan presenta serios inconvenientes
El resentimiento europeo hacia los grandes de Silicon Valley se ha cebado con las telecomunicaciones. Los esfuerzos por domar a los titanes de la tecnología mediante cambios fiscales y normas de competencia no han conseguido atraer nuevos fondos al otro lado del Atlántico, así que ahora la Comisión Europea revive una propuesta para que los proveedores de contenidos paguen por la infraestructura europea. No merece ir más lejos.
El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declaró el jueves que el nuevo plan no pretende dirigirse a empresas concretas. La Comisión Europea ha iniciado una consulta sobre el asunto, cuyas respuestas deben enviarse antes del 19 de mayo. Pero Meta Platforms y sus homólogos afirman que los esfuerzos por hacerles pagar un impuesto, una tasa o un “mecanismo de contribución” equivalen a elegir ganadores y perdedores, en lugar de apoyar una internet abierta.
La Computer and Communications Industry Association tachó el plan de contribuciones de intento de que los consumidores paguen dos veces por unos servicios ya de por sí caros: por un lado, lo que pagan a las empresas de telecomunicaciones por el acceso a internet y, por otro, si los proveedores de contenidos como Netflix repercuten las tasas en un aumento de los precios.
Incluso los reguladores de la UE han expresado sus reservas. Desde 2012, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas se ha mostrado sistemáticamente frío al respecto. En un documento de octubre pasado, afirmaba que “un cambio tan significativo podría perjudicar notablemente al ecosistema de internet” y que unas tarifas excesivas las pagarían en última instancia los consumidores, cuyo servicio podría resentirse.
Grandes operadores europeos como Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Telecom Italia llevan décadas presionando para obligar a los principales proveedores de contenidos a contribuir a la construcción de infraestructuras de banda ancha. Dado que Alphabet, Meta, Apple, Netflix y Microsoft representan aproximadamente la mitad del tráfico de internet, los proveedores de servicios quieren que participen en los costes de las nuevas redes de fibra óptica y 5G.
Pero las empresas tecnológicas, los grupos de la sociedad civil e incluso las autoridades supervisoras han replicado que ese gravamen daría a las empresas de telecomunicaciones aún más poder de monopolio, ya que muchas regiones no ofrecen mucha competencia, y también pondría en peligro la neutralidad de la red.
La Comisión no tiene razones de peso para hacer caso omiso de esas preocupaciones. Pero tiene la sensación generalizada de que el nivel superior estadounidense se aprovecha gratuitamente de la base de clientes europea y tiene que pagar de alguna manera. Los esfuerzos de la UE por acabar con los acuerdos fiscales ventajosos utilizando las normas de competencia –en gran medida, aunque no exclusivamente, dirigidas al sector tecnológico– han chocado con el Tribunal de Justicia de la UE, que ha bloqueado sus esfuerzos por impugnar las exenciones fiscales a las empresas. Tampoco se ha materializado la prometida tasa digital, mientras que otros impuestos tecnológicos están empantanados en medio de la fijación de normas internacionales.
Un techlash (contraataque a las tecnológicas) puede ser un punto de vista político, pero no debería ser una prioridad regulatoria. Los consumidores europeos no necesitan más cargas ni que se penalice a las empresas por crear contenidos que la gente quiere. Europa tiene que pagar sus propias infraestructuras, y si quiere gravar a un gigante tecnológico, tiene que cultivar los suyos propios.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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