Economía ultima la norma para limitar los intereses abusivos en los préstamos al consumo
El Gobierno aprobará en las próximas semanas la trasposición de la directiva que obligará al registro de todas las entidades que ofrezcan crédito
Economía ultima la nueva normativa que permitirá fijar límites a los créditos abusivos, que en algunos casos alcanzan hasta el 3.000% TAE, y blindar a los hogares frente al sobreendeudamiento. En las próximas semanas, el Gobierno someterá a audiencia pública el anteproyecto de ley que transpondrá la directiva europea de crédito al consumo. La norma obligará a que todos los proveedores de financiación al consumo estén regulados y supervisados, e incorporará medidas específicas para contener los precios desproporcionados. Así lo anunció este miércoles la directora general del Tesoro y Política Financiera, Carla Díaz Álvarez de Toledo, en un acto organizado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef).
La responsable del Tesoro explicó que la directiva europea responde a un mercado de crédito al consumo en plena transformación, marcado por la digitalización, la aparición de nuevos operadores y la proliferación de productos y canales de distribución que actualmente operan al margen de la supervisión y regulación. En este contexto, Bruselas ha optado por armonizar las reglas del juego y crear un marco común que ofrezca garantías suficientes a los consumidores. “Estamos ante un sector con una gran diversidad de jugadores y contratos, y necesitamos normas homogéneas que aporten seguridad jurídica, pero con flexibilidad para adaptarse a cada tipología de contratos”, ha valorado Díaz Álvarez de Toledo.
Actualmente, la concesión de crédito no tiene reserva de actividad en España. Esto significa que cualquier compañía puede ofrecer préstamos sin estar sometida a la regulación y supervisión que sí aplican los bancos o los establecimientos financieros de crédito. En los últimos años, se han popularizado las entidades digitales y otras plataformas que conceden créditos rápidos de muy bajo importe (en muchos casos de 100 o 200 euros) con intereses extremadamente altos. Algunos microcréditos de muy corto plazo pueden alcanzar hasta el 3.000% o incluso el 5.000% TAE. Estas prácticas preocupan al Gobierno, porque a menudo se dirigen a personas especialmente vulnerables que recurren a estas plataformas tras ser rechazadas por el sistema bancario tradicional.
Al no estar reguladas ni supervisadas, estas entidades podrían no aplicar las normas de crédito responsable, que exigen evaluar si el cliente puede devolver el préstamo sin poner en riesgo su estabilidad financiera. La directiva obligará a que todos estos proveedores se sometan a un régimen común de acceso, registro y supervisión. Esta venía siendo una de las reclamaciones habituales de Asnef en los últimos años. “Es imprescindible para que todos tengamos las mismas reglas de juego. Buscamos eso porque nosotros estamos supervisados y regulados por la administración y otras entidades no”, afirmó Fernando Casero, presidente de Asnef.
La novedad de mayor calado que traerá la directiva serán los límites a los precios del crédito para evitar abusos. Se trata de la primera vez que España regulará los tipos de interés de manera general. La directiva obliga a los Estados miembros a adoptar medidas eficaces para prevenir tipos excesivos. Aunque la norma europea no impone un modelo concreto, sí exige que se definan mecanismos claros para impedir abusos. “España no ha tenido históricamente límites legales más allá de la doctrina judicial sobre usura, y ahora debemos configurar un sistema que funcione para nuestra realidad de mercado”, ha explicado Díaz Álvarez de Toledo.
El Tesoro estudia distintas alternativas para definir esos límites, aunque todavía no ha señalado cuál será la preferida. Algunos países han optado por topes absolutos. Otros, por tipos de interés medios a los que se les aplica un diferencial máximo que no se puede superar. Según ha detallado Díaz Álvarez de Toledo, también se estudia una segmentación según la tipología de producto, ya que no es lo mismo el precio de una tarjeta de crédito que el de un préstamo personal o un microcrédito. La complejidad aumenta en los créditos de muy corto plazo, donde la TAE, que refleja cuánto pagaría el consumidor en un año, puede ofrecer una imagen distorsionada. El objetivo, según ha explicado la directora general, es construir un sistema equilibrado que evite el sobreendeudamiento sin frenar la innovación ni generar distorsiones competitivas.
En cualquier caso, España llega tarde. El plazo máximo para transponer la directiva expiró el pasado 20 de noviembre y la norma debería entrar en vigor a partir del 20 de noviembre de 2026. Díaz Álvarez de Toledo ha subrayado que la ampliación del ámbito de aplicación será clave para ofrecer protección integral. Contratos que hoy quedan fuera, como los créditos inferiores a 200 euros o los productos sin intereses asociados a compras, como los esquemas de Compre ahora, pague después, pasarán a contar con obligaciones de información y transparencia. “Aunque un crédito no genere intereses, el consumidor debe saber claramente que está asumiendo una obligación financiera”, ha remarcado.
Otro de los pilares de la reforma será la mejora de la información precontractual. La directiva exige que el cliente reciba los documentos esenciales con al menos 24 horas de antelación, para poder comparar ofertas y tomar decisiones informadas. Además, obliga a destacar los elementos clave para evitar que el consumidor se vea abrumado por datos irrelevantes. El derecho de desistimiento, de 14 días, se mantendrá y se ampliará automáticamente si la información no se entrega de manera adecuada.
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