El dilema de condonar la deuda a las comunidades: ruido político, pero sin impacto en el mercado
El bono español a 10 años se mantiene estable en el 3%, con la prima de riesgo en los 63 puntos, lejos de los 103 puntos de noviembre de 2023
Un año y medio después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su compromiso de asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas, el proceso para que las regiones alivien su carga financiera ha pasado el primero de los trámites: la aprobación por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por delante queda un largo periplo que no estará exento de obstáculos. Pero al margen del revuelo político que genera la medida, esta no ha tenido impacto en el mercado. La rentabilidad de la deuda española ha seguido bajando mientras el Tesoro ha continuado registrando récord de demanda en sus emisiones. La última de ellas, el pasado enero cuando las peticiones por la deuda sindicada a 10 años alcanzaron los 139.000 millones mientras que en la emisión a 15 años las peticiones han triplicado el volumen de hace dos años.
A lo largo de 2024 dos agencias de rating (DBRS y Scope) mejoraron la nota a España, mientras Fitch y Moody’s elevaron a positiva la perspectiva y S&P ya afirmó que el aumento de la deuda de la administración central asociada a la quita no afectaba a la calificación porque sus indicadores presupuestarios se basan en el conjunto las administraciones públicas, que incluye las cuentas de la administración central y de las comunidades. La firma mantiene el rating de España en A con perspectiva estable.
Desde que el 15 de noviembre de 2023 Sánchez adelantara la medida, el bono con vencimiento en 2035 ha pasado del 3,67% al 3,07%, y se coloca por debajo de la deuda francesa al mismo plazo (3,17%) mientras la prima de riesgo ha caído de los 103 puntos básicos a los 63 actuales, nivel próximo a los mínimos de 55 puntos básicos registrados en noviembre de 2021 cuando los tipos seguían anclados en el 0% y el BCE compraba ingentes cantidades de deuda. “No creemos que vaya a tener un impacto negativo en la rentabilidad que el mercado exige al bono soberano porque los inversores siempre han percibido que el riesgo real asociado a las comunidades autónomas recaía en última instancia en el Estado, que ante problemas significativos actuaría de forma solidaria para respaldarse”, señala Leopoldo Torralba, director de análisis de Arcano.
Montaña González, consultora de AFI, reitera que la condonación de la deuda regional no tiene impacto en términos de déficit y deuda a nivel nacional. Según los acordado por Hacienda, el Ejecutivo dará prioridad a las operaciones contraídas con el Fondo de Liquidez Autonómico, pero para algunas regiones el volumen es inferior al que se le debería condonar o no existe, como en el caso de la Comunidad de Madrid. “El Estado tiene que llevar a cabo algún acuerdo con la comunidad para asumir esa deuda y esto se traducirá en una mayor apelación al mercado por parte del Gobierno de central”, aclara González. Según cálculos de AFI esto exigiría la emisión de 15.300 millones adicionales, pero no se captaría en un solo ejercicio, sino que se obtendrían en función del cuadro de amortización que actualmente tienen las regiones con esos terceros. En el caso de Madrid, unas de las regiones habituales en el mercado de capitales, lo vencimientos previsto para 2025 ascienden a 2.800 millones, frente a los 3.500 millones de Andalucía. “Es casi neutral en el agregado de España y esto justifica que la rentabilidad de la deuda española y la calificación crediticia no se vea penalizada y no afecte a la sostenibilidad de la deuda en su conjunto”, subraya.
Para las 10 comunidades que siguen dependiendo del Estado, las necesidades de financiación de los próximos dos años sí se reducirían sustancialmente y ello ayudaría a que las regiones más endeudadas pudieran acudir al mercado. Sin embargo, esta tarea no será tan sencilla. “La reducción de la deuda será positiva, pero no bastará para mejorar significativamente las finanzas en los próximos años”, señalan desde S&P. La agencia cree que la medida solo aborda las consecuencias de anteriores desequilibrios presupuestarios e insta al Gobierno a abordar la reforma estructural del sistema de financiación regional. “La absorción de la deuda solo podría mejorar temporalmente la situación de las comunidades, pero no evitaría nuevos déficits y no aborda las disparidades que sigue habiendo entre las regiones”, advierten.
En la misma línea se mueve David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value, que señala que, si las comunidades más indisciplinadas mantienen el mismo perfil de gasto, su acceso al mercado seguiría estando lejos de la realidad. “Solo mejora la situación financiera pero no el perfil crediticio. Los inversores como nosotros, que hemos comprado pagarés y bonos de la Comunidad de Madrid, se sienten cómodos con las comunidades equilibradas”, remarca. Hasta la fecha solo siete comunidades cubren su financiación en el mercado: Madrid, Asturias, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Canarias. En el arranque de año País Vasco y Madrid han captado 1.700 millones en deuda con la emisión de deuda a 10 años.
Los expertos e inversores no dudan del compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria e instan a las regiones a seguir los pasos. En caso de no hacerlo la analista de AFI cree que las comunidades seguirían incumpliendo el objetivo de obtener mayor autonomía financiera y tendrían que acudir de nuevo a los mecanismos estatales.
El consenso de los analistas coincide en señalar que el gran inconveniente de la quita de deuda es el riesgo moral que entraña la medida. Entre las voces más críticas se encuentran los analistas de Moody’s que en su última nota señalan que si bien la cancelación no afecta directamente a los ratios de deuda soberana (el endeudamiento de las regiones ya se contabiliza como parte del stock de deuda de las administraciones públicas), la medida desincentivara la aplicación de políticas fiscales prudentes a nivel regional. “Esto acabaría pesando sobre las finanzas de las administraciones públicas y podría tener un impacto adverso sobre la fortaleza fiscal del Gobierno. La decisión es negativa desde el punto de vista crediticio para el Estado español”, remarcan.
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