Abogacía, Procura y Graduados Sociales alertan a Justicia de los problemas de los tribunales de instancia
En una reunión con Manuel Olmedo, los tres organismos han urgido la creación de la Comisión Mixta de Calidad y la atención a los profesionales
Los presidentes del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, del Consejo General de Procuradores de España, Alberto García, y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Joaquín Merchán, se han reunido este miércoles con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para abordar las preocupaciones de los profesionales de la justicia y los problemas detectados en la implantación de los tribunales de instancia de la Ley Orgánica 1/2025, seis meses después de su entrada completa en funcionamiento. Todo un hito en la estrategia de los colectivos para forzar los cambios que consideran urgentes.
Los presidentes de los tres consejos generales consideran imprescindible la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad, prevista en la propia Ley, como primer paso para evaluar el funcionamiento de la reforma. González, García y Merchán reclaman una solución urgente a la falta de atención e interlocución que sufren a diario los profesionales de la abogacía en los órganos judiciales, en el ejercicio de su profesión.
“La constitución inmediata de la Comisión de Calidad prevista en la ley, no puede demorarse más, porque es el instrumento previsto en la ley para detectar incidencias, medir resultados y adoptar soluciones. La Abogacía seguirá colaborando con todas las instituciones para que esta reforma alcance los objetivos para los que fue concebida, pero es imprescindible actuar ya”, ha subrayado Salvador González.
“Para la Procura, la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Calidad es igualmente inaplazable. Es el mecanismo previsto por la Ley para evaluar el funcionamiento real de los Tribunales de Instancia, detectar incidencias y corregir las disfunciones que ya estamos observando en todo el territorio”, ha señalado Alberto García Barrenechea.
Informe
Algunas de las peticiones al ministerio se basan en los datos de un informe del Consejo General de la Abogacía Española elaborado a partir de las aportaciones de los Consejos Autonómicos y de los Colegios de la Abogacía de todo el territorio nacional, que constatan mejoras, pero también importantes incidencias en la implantación del nuevo modelo organizativo. El Ministerio de Justicia, que maneja sus propios datos, sacó pecho en abril —en el aniversario de la ley— al señalar que la Ley de Eficiencia había reducido en un 20% la litigiosidad civil.
Las conclusiones de este informe destacan la disparidad de criterios en la aplicación de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) que genera inseguridad jurídica; graves dificultades de comunicación con los órganos judiciales; y retrasos especialmente preocupantes en la ejecución de las resoluciones judiciales. Aunque el informe identifica algunas experiencias positivas en determinados territorios, el balance general evidencia que el nuevo modelo aún no dispone de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos perseguidos por la reforma.
Respecto a los MASC, un método que ha causado gran diversidad de opiniones, se insta a la revisión del requisito de procedibilidad de estos métodos para acreditar el intento de acuerdo, la aprobación de un módulo retributivo específico al letrado de oficio y garantizar el pago puntual de todas las actuaciones del turno, incluidas las derivadas de estos mecanismos, y evitar que los costes asociados al MASC recaigan sobre los beneficiarios de la justicia gratuita.
Tribunales de instancia
La Ley ha supuesto la mayor reorganización de la Administración de Justicia española en décadas, sustituyendo cerca de 3.900 juzgados unipersonales por 431 tribunales de instancia, que fueron implantados de forma progresiva durante 2025 (1 de julio, 1 de octubre y 31 de diciembre). Paralelamente, el 3 de abril de 2025 entraron en vigor los llamados medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito previo para numerosos procedimientos judiciales. Seis meses después de la primera fase de implantación, las tres profesiones jurídicas consideran necesario realizar una evaluación rigurosa del funcionamiento real del nuevo sistema basado en la experiencia de los miles de profesionales que trabajan en este sector, como son los abogados, los procuradores y los graduados sociales.