Los procuradores, listos para asumir un papel clave en la ejecución judicial con la nueva Ley de Eficiencia
La directora general para el servicio público de justicia, Verónica Ollé Sesé, confirma en un foro organizado por el CGPE que el decreto para reforzar los juzgados de violencia de género está próximo
Los procuradores están preparados para afrontar los profundos cambios que transformarán la Justicia a partir de la próxima semana. Tras décadas de reivindicaciones, la Ley de Eficiencia les otorga por fin algunas competencias en la ejecución de resoluciones judiciales, un ámbito clave y auténtico cuello de botella del sistema. El presidente del Consejo General de los Procuradores (CGPE), Ricardo Garrido, y su secretario y decano de Madrid, Alberto García Barrenechea, que moderó la jornada, así lo afirmaron y celebraron este avance en una jornada celebrada este jueves en la sede del consejo, en la que intervinieron representantes del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial y especialistas procesales.
Este avance, reclamó el presidente del CPGPJ, es insuficiente, ya que aún quedan fuera trámites esenciales como los embargos y otras gestiones clave en la ejecución procesal. “Somos una figura infrautilizada”, recalcó Garrido, recordando que en Portugal la intervención de los procuradores ha reducido el atasco judicial en un 60 %. Según sus cálculos, si en España los procuradores asumen un mayor protagonismo en la ejecución, en cinco años la Administración de Justicia verá una mejora sustancial en su agilidad y eficacia.
La jornada Las Medidas Organizativas y Procesales de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y su impacto en el Ejercicio de la Procura, sirvió de foro de análisis y discusión sobre sobre las implicaciones de la nueva normativa, que entra en vigor el próximo jueves, 3 de abril, y que introduce cambios significativos en el sistema judicial español. Los asistentes tuvieron un turno de preguntas y observaciones. El clima general que se respiró era de cierta incredulidad sobre las bondades de la ley.
Alberto García Barrenechea, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) y secretario del CGPE, señaló en su presentación que “La Ley de Eficiencia Procesal supone un hito en afrontar la necesidad compartida por todos los operadores jurídicos de agilizar y modernizar la Administración de Justicia en España. Su implementación supone un desafío para los procuradores, que deben adaptarse a un marco jurídico que enfatiza la digitalización y la incorporación a nuestra cultura de los medios adecuados de solución de conflictos (MASC) como una herramienta fundamental”.
Cambio organizativo
Verónica Ollé Sesé, directora general para el servicio público de justicia, ofreció un análisis detallado del nuevo diseño organizativo de la justicia, que revoluciona el sistema decimonónico heredado. Un proceso que, según el calendario oficial, concluirá en diciembre. Además, anunció que el real decreto de tramitación urgente para dotar con más medios —hasta un 50 % más, como adelantó el ministro Félix Bolaños— a las nuevas secciones de violencia sobre la mujer encargadas de los delitos sexuales está a punto de ser aprobado.
Por su parte, José Carlos Orga Larrés, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), detalló las acciones que el Consejo está llevando a cabo para implementar esta reforma. Aunque valoró positivamente los cambios sobre el papel, advirtió que la realidad exige una mayor dotación de recursos para la carrera judicial, cuyos miembros ya soportan una carga de trabajo “insostenible” y que aumentará aún más con las próximas jubilaciones. “No hay reemplazo”, alertó Orga Larrés. Asimismo, negó que los jueces se opongan a la reforma: “Nadie defiende los juzgados isla” —recordó—, señalando que el cuerpo judicial ha afrontado con éxito transformaciones profundas en el pasado, incluidas aquellas derivadas de los avances tecnológicos.
Negociación
El debate sobre los medios adecuados de solución de controversias (MASC) centró la segunda mesa del foro, en la que intervinieron el catedrático de derecho procesal de la UNED, Manuel Díaz Martínez, y Miguel Bueno Sánchez, socio de Ayala de la Torre Abogados y abogado del Estado en excedencia. Díaz Martínez fue más optimista que su colega a la hora de analizar la nueva normativa. Si bien reconoció que obligar a negociar es en sí mismo un oxímoron, consideró que hay margen para agilizar la justicia por esta vía siempre que no se considere a estos medios como meros “desatascadores” de los tribunales. El catedrático admitió que la ley es vaga pero que es posible ir xx las dudas con la normativa y el sentido común: por ejemplo, no cree que la norma obligue a negociar antes de presentar una demanda reconvencional. Díaz animó a los abogados y juristas a “tomarse en serio” la reforma y abogar por una cultura del entendimiento. Como juristas, recordó, no solo pueden conciliar, también emitir informes o, incluso, diseñar cláusulas de disputa en los contratos para prever futuras fricciones.
Miguel Bueno Sánchez, se mostró más pesimista y lanzó una enmienda a la reforma procesal: “Adolece de técnica, se contradice. Hemos construido la casa por el tejado”, advirtió. El abogado del Estado en excedencia criticó la falta de concreción de la ley, que, en su opinión, genera inseguridad jurídica y obliga a los jueces a asumir el papel del legislador, como ocurre en decisiones clave, por ejemplo, la celebración de juicios por videoconferencia.
En cuanto al requisito de procedibilidad de los MASC, concluyó que, en la mayoría de los casos, será una carga burocrática más: “La estrella será la negociación directa, que ya se produce”, señaló. Bueno subrayó que estos mecanismos no deberían ser obligatorios en determinados asuntos, como las reclamaciones de deuda, donde el proceso monitorio ya agiliza la demanda. Respecto a la nueva organización judicial, fue tajante: “Sin medios económicos, se trata del mismo perro con distinto collar”.
Ejecución
Para finalizar, por parte del CGPE intervinieron el vicetesorero Óscar Alonso García, José Antonio Fandiño Carnero, decano adjunto a la presidencia, y Alejandro Asensio Muñoz, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil número 16 de Madrid, que se refirieron en sendas intervenciones a las nuevas responsabilidades que asumirán los procuradores en el marco de la ejecución, destacando su papel crucial en la eficiencia del servicio judicial.
José Antonio Fandiño, decano adjunto del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y presidente de la comisión de mediación señaló sobre los MASC: “ojalá funcione, pero su obligatoriedad asegura el trámite, no su eficacia”. Fandiño subrayó que la Institución de Mediación de los procuradores “es un elemento clave en nuestra responsabilidad corporativa para impulsar la cultura de la mediación”.
“El CGPE cree en la mediación, pero para agilizar la justicia y resolver los conflictos en tiempo y forma la mejor solución es otorgar más competencias al procurador: ejecuciones, notificaciones, embargos, tramitaciones… Crear el procurador ejecutivo, a coste cero para el Estado y de manera similar a cómo en Portugal o Francia se ha reducido a la mitad el atasco judicial” explicó el decano adjunto del CGPE.
