Balance del año uno de la ‘ley Bolaños’
Las estadísticas reflejan una incontestable caída de los asuntos en el orden civil, pero no es posible saber cuántos acuerdos extrajudiciales realmente han llegado a buen puerto
¿Ha sido un éxito la ley Bolaños? ¿O la mayor reforma judicial de la historia de la democracia ha dejado una irremediable sensación de caos? Un año después de la entrada en vigor de la ley que dio la vuelta como un calcetín al mapa judicial español, los operadores jurídicos se preguntan si el esfuerzo ha merecido la pena. Existe una sensación general de confusión: ha faltado tiempo de adaptación, criterios unificadores y medios materiales y personales, opinan muchos. Hay brotes verdes, dicen otros.
Algo es incontestable: la caída de la litigiosidad en el orden civil. Ese era uno de los objetivos del plan de Bolaños, reducir la altísima tasa de litigiosidad. Pero muchos se cuestionan si la noticia es positiva, o un augurio de una avalancha de pleitos dormidos. O en otras palabras, un síntoma de que las reglas del juego aún no están claras.
La Ley Orgánica 1/2025, llamada formalmente de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, entró en vigor el 3 de abril de 2025. Desde que fue anunciada, CincoDías ha radiografiado y desgranado cada una de las tres fases de entrada en vigencia de esta relevante reforma. Tal como avanzamos en este periódico en enero, las estadísticas judiciales del tercer trimestre de 2025 reflejaron una espectacular caída de los pleitos civiles de un 30,7%, ya con la reforma en marcha.
Pero la información facilitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) merece pasar por un tamiz de análisis. Por ejemplo, la estadística no permite saber si esta llamativa anomalía en los datos refleja un verdadero éxito de la reforma u otra realidad. Faltan piezas claves para llegar a esas conclusiones, por ejemplo, la tasa de inadmisión de asuntos, o el número de conflictos resueltos fuera de los juzgados a través de los métodos adecuados de solución de controversias –los llamados MASC, la clave de bóveda del nuevo sistema, ahora un requisito previo y obligatorio para acudir la justicia–.
Nuevos datos
Hace unos días, el Poder Judicial hizo públicas las estadísticas de la actividad judicial del año 2025 en su conjunto. Es decir, que los datos incluyen, por primera vez, los resultados del funcionamiento de la justicia del último trimestre año, con la reforma de Justicia plenamente en marcha.
La fotografía es la siguiente: en el orden civil se registraron 3.287.980 asuntos, lo que equivale a un 7,7% menos de litigiosidad respecto a 2024.
Paralelamente, la capacidad de resolución se incrementó un 4,9%, con un total de 3.308.215 casos cerrados. En cuanto a la tasa de asuntos pendientes, o pendencia, se mantuvo estable pero en indudable tendencia descendente: 2.672.464 casos esperan resolución, lo que supone un 0,6% menos en comparación con el año anterior.
Análisis
La caída en la litigiosidad de casi ocho puntos porcentuales es sin duda un acontecimiento notable. Pero los datos en bruto merecen ser manejados con cautela. En primer lugar, por una cuestión de calendario, porque la reforma entró en vigor de forma escalonada el 3 de abril y las estadísticas toman el año natural como referencia. Por lo que, de entrada, cualquier conclusión en términos anuales debe ser cogida con pinzas.
En segundo lugar, la mejora de la tasa de resolución puede estar condicionada por un aumento de las inadmisiones a trámite. Las estadísticas judiciales no hacen criba en este sentido, y es presumible que los jueces hayan dado carpetazo a un número relevante de asuntos por no cumplir con la novedad de acreditar haber intentado un MASC.
El quid de la cuestión es que, con los datos disponibles, es imposible saber cuántos son estos pleitos. El Poder Judicial no cuenta con herramientas para saber cuántos conflictos terminan en un acuerdo amistoso fuera de los muros del juzgado: llanamente, no hay un registro de mediaciones, conciliaciones o acuerdos vinculantes que hayan llegado a buen puerto, ya que son negociaciones privadas.
Violencia de género
Al ser anunciada la ley Bolaños, se generó una enorme expectación por saber cómo reaccionarían las secciones (antes juzgados) de violencia contra la mujer en el nuevo encaje judicial. En especial porque, por primera vez, estos órganos pasan a asumir la competencia de los delitos contra la libertad sexual, antes derivados a los juzgados de lo penal.
Pues bien, las estadísticas judiciales de 2025 reflejan ya un aumento de la carga de trabajo de estos órganos en los últimos tres meses del año. En concreto, entre octubre y diciembre estos juzgados recibieron 3.272 denuncias de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja.
En el CGPJ, no obstante, evitan conclusiones. Aplazan las primeras reacciones a conocer las estadísticas del primer trimestre del año para evitar “valoraciones precipitadas”, señalan en una nota emitida por el órgano.
El traspaso de las competencias en materia sexual a los juzgados de violencia contra la mujer levantó una ola de quejas entre funcionarios y jueces, con augurios de colapso en unos juzgados ya sobrecargados. Según estudios como el que comanda la magistrada Gloria Poyatos, Estereotipos de género en la justicia (Ad-Hoc, 2024), los tribunales con más sobrecarga de trabajo son más proclives a rechazar peticiones de las víctimas y a caer en sesgos de género en sus resoluciones.
Opiniones
¿Qué piensan los operadores jurídicos? El gremio legal vive tiempos de adaptación. No es para menos si se tiene en cuenta que en solo nueve meses ha cambiado incluso el nombre de los juzgados, que han pasado a llamarse tribunales de instancia. Desde el 1 de enero, todas las demandas de primera instancia deben llevar en su encabezado esta nueva formulación.
Una de las quejas más repetidas es la falta de medios. No ha ayudado el calendario del Ministerio, que algunos han catalogado de “estajanovista”. El pasado lunes, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid insistía en su petición de suspender de forma inmediata la obligación de acudir a los MASC en los pleitos de familia con menores involucrados. “Si el intento previo de acuerdo se convierte en un automatismo procesal, puede producir el efecto contrario al buscado: retrasar decisiones urgentes y añadir un nuevo foco de conflicto allí donde debería prevalecer el interés superior del menor”, subrayó Isabel Winkels, vicedecana de la institución.
El titular de Justicia y también ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido a los reproches con el anuncio de más medios. En marzo, el ministro adelantó una convocatoria de 375 plazas de jueces y 200 de fiscales por turno libre, además de 125 para juristas del cuarto turno que cuenten con más de 10 años de experiencia, lo que supone una macroconvocatoria de 700 puestos. Significa un aumento del 7% de la plantilla de fiscales ahora disponible, que pasa de 2.804 a 3.004. “Es la mayor creación de plazas de fiscales en décadas”, ha reconocido la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tras reunirse con Bolaños.
El sector opina
Salvador González (CGAE): “La ley necesita medios materiales y personales”
¿Qué ha mejorado? “Es positivo que el legislador apueste por los MASC, que reconozca la actividad negociadora de la abogacía y la intervención de nuestros profesionales. Una reforma organizativa como la de los tribunales de instancia, superando el modelo del siglo XIX, era inevitable”.
¿Qué ha ido a peor? “La ley necesita medios materiales y personales para ser efectiva. Necesita una adecuada planificación, diálogo y gestión del cambio”.
¿Qué reclaman al Ministerio? “Financiación adecuada, despliegue real de medios y planificación. Recalcamos lo que hemos dicho siempre: el diálogo con los profesionales del sector es esencial para el diseño y la puesta en marcha de las normas”.
¿La situación mejorará? “La situación, que afecta a miles de abogados y abogadas y al personal de Justicia, mejorará solo con los recursos necesarios”.
Alberto G. Barrenechea (CGPE): “Exigimos un rol más activo en las ejecuciones judiciales”
¿Qué ha mejorado? “La reforma es necesaria para modernizar y agilizar el arcaico sistema judicial español. En un país donde el colapso de los juzgados es ya crónico, cualquier herramienta que permita resolver conflictos sin llegar a juicio debe ser bienvenida”.
¿Qué ha ido a peor? “El sentir general es que lo que se concibió con voluntad de simplificar ha derivado en complejidad añadida. Los tribunales de instancia abaratan costes pero requieren inversión. Hemos detectado pocos avances. Más bien carencias, riesgos y desigualdades”.
¿Qué reclaman al Ministerio? “Que los procuradores tengamos un rol más activo y autónomo en la ejecución. Es ahora nuestro caballo de batalla”.
¿La situación mejorará? “Todo nuevo sistema atraviesa un periodo de rodaje. La clave es no interpretar esos primeros tropiezos como un fracaso”.
María Jesús del Barco (APM): “La nueva organización de la oficina judicial es un caos”
¿Qué ha mejorado? “Es difícil encontrar alguna cosa buena, la verdad. La nueva organización de la oficina judicial es un auténtico caos. La tramitación de los procedimientos es cada vez más lenta”.
¿Qué ha ido a peor? “Las plantillas de funcionarios son deficitarias, con muchas plazas vacantes, superior incluso al 15%. Sin funcionarios no pueden organizarse los servicios comunes. Los jueces hoy no tenemos control alguno en el procedimiento ni facultad organizativa”.
¿Qué reclaman al Ministerio? “Hemos advertido de la imposibilidad de cambiar una organización judicial del siglo XIX en menos de un año y sin partida presupuestaria. Pero el Ministerio no nos ha escuchado”.
¿La situación mejorará? “No en el corto plazo. Es difícil ser optimista. La nueva oficina judicial no ha sido precisamente un modelo de eficiencia”.
Javier Jordán (CSIF): “Los plazos han sido excesivamente apretados”
¿Qué ha mejorado? “Que la justicia necesitaba un cambio era algo en lo que había consenso. El grado de satisfacción del ciudadano con la justicia no era el adecuado”.
¿Qué ha ido a peor? “Los plazos han sido excesivamente apretados. Han faltado previsión estratégica y medios suficientes y adecuados. No hay un cambio de este calado que se pueda afrontar sin un presupuesto suficiente”.
¿Qué reclaman al Ministerio? “Es necesario poner en marcha planes de formación de personal, cuyas tareas y funciones han cambiado. Hay que revisar las relaciones de puestos de trabajo, incrementar plantilla y desatascar los procesos selectivos pendientes”.
¿La situación mejorará? “Lo hará gracias al mejor activo de la Administración de Justicia: su personal. Pero son necesarias medidas de apoyo”.
Adrián Gómez (PROLAJ): “Hay que evitar posturas maximalistas, con rigor y datos”
¿Qué ha mejorado? “Las modificaciones deben examinarse con rigor y datos, sin posturas maximalistas. Es positiva la penalización a empresas que fragmentan demandas artificialmente para lucrarse con las costas”.
¿Qué ha ido a peor? “La deficiente técnica legislativa de la reforma en cuanto a la introducción del requisito de los MASC genera inseguridad por la disparidad de criterios. En cuanto a los tribunales de instancia, la ley no ha regulado a nivel nacional aspectos clave para la unidad organizativa”.
¿Qué reclaman al Ministerio? “Regulación clara sobre los tribunales de instancia y reformular los MASC: que sean voluntarios con incentivos fiscales o tasados para casos concretos”.
¿La situación mejorará? “Los tribunales de instancia necesitan tiempo, aunque habrá un coste para los ciudadanos”.