Menos litigios y más juicios: la Ley de Eficiencia reduce un 20% la litigiosidad civil
Los datos se refieren al periodo de vigencia de la norma, desde abril de 2025, en los territorios gestionados por el Ministerio de Justicia
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia ha cumplido su primer año y ya hay brotes verdes. Los datos que maneja el Ministerio de Justicia certifican que la litigiosidad se ha reducido un 20,4 % en los asuntos civiles y mercantiles y un 9,9 % en total. El número de asuntos pendientes se ha reducido por primera vez en la última década a la vez que se han incrementado los juicios celebrados. La implementación del nuevo modelo organizativo ha permitido, así mismo, crear hasta 700 nuevas plazas de jueces y fiscales.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de las Cortes han expresado su satisfacción por el balance de este primer año, teniendo en cuenta que hace apenas tres meses que despegaron los últimos tribunales de instancia en los grandes partidos judiciales, como Barcelona o Madrid. “El mensaje es que por primera vez en muchos años estamos invirtiendo la curva de la pendencia” en la justicia, afirman. Unos resultados que, añaden, coinciden con la planificación del propio Ministerio y con las estadísticas trimestrales que ha publicado recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Vamos a un escenario con más juicios, jueces, fiscales y con menos litigiosidad”, indican con prudencia.
El Ministerio rechaza que la reforma se haya implementado a coste cero, una de las principales críticas, y sostiene que la inversión realizada en esta legislatura alcanza los 1.121 millones de euros. Además, se subraya que se ha llevado a cabo de forma coordinada con las 12 comunidades autónomas que tienen la competencia transferida: “Desde 2025, por ejemplo, se han celebrado 29 reuniones de seguimiento y coordinación, nueve comisiones sectoriales y dos conferencias sectoriales”.
La Ley de Eficiencia ha supuesto un hito para la justicia española, modificando la tradicional estructura en juzgados unipersonales por órganos colegiados, los tribunales de instancia. Por otro lado, la inclusión de los llamados medios adecuados de resolución de controversias (MASC) como paso obligatorio antes de interponer una demanda civil ha implicado un giro procesal y cultural que, con los datos del Ministerio, está ayudando a reducir el número de litigios que se acumulan en los tribunales. La ley es uno de los eslabones más importantes del proyecto de Justicia 2030, el programa de modernización del servicio público impulsado por la exministra Pilar Llop. Finalmente, ha sido bajo el mandato de Félix Bolaños cuando se ha conseguido aprobar la gran reforma de la justicia.
Más juicios
Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 27 de marzo, Las vistas celebradas en los tribunales aumentaron en más de un 3% y las vistas señaladas lo hicieron en torno a un 6%. La progresiva implementación de los tribunales de instancia y los servicios comunes de apoyo técnico —antiguas oficinas judiciales— comenzó en julio de 2025 y culminó el 1 de enero de 2026. Fuentes del Ministerio subrayan que el proceso, con las lógicas incidencias puntuales, se ha realizado sin problemas estructurales y sin provocar suspensiones ni demoras. “El grado de implementación es del cien por cien”, sostienen. En la última conferencia sectorial de 2025, celebrada el 22 de diciembre, hubo unanimidad a la hora de iniciar la fase definitiva de los tribunales de instancia el pasado 1 de enero. “Solo pidió prórroga en algunas plazas Asturias”.
Las estadísticas proceden del seguimiento de los datos del llamado territorio ministerio, formado por las comunidades autónomas que no tienen la competencia de justicia transferida: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla, así como los órganos centrales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, además de Asturias y La Rioja. Los datos del CGPJ se refieren, en cambio, a 2025 en todo el territorio nacional. Tal como avanzamos en este periódico en enero, las estadísticas judiciales del tercer trimestre de 2025 sí reflejaronuna espectacular caída de los pleitos civiles de un 30,7%, ya con la reforma en marcha.
En el primer año de vida de la ley —entró en vigor el 3 de abril de 2025—, los asuntos ingresados en las jurisdicciones civil y mercantil han descendido un 20,4%. La bajada de litigiosidad en el conjunto de órdenes jurisdiccionales (civil, penal, social y contencioso-administrativo) en este mismo periodo ha sido del 9,9%. La mejora es significativa teniendo en cuenta que, en 2024, la litigiosidad creció un 11,4% según los datos del CGPJ. “Es una bajada importante”, subrayan desde el MMinisterio. Tras un año, señalan, los datos ya no pueden atribuirse al atasco generado por la avalancha de demandas presentadas antes de la entrada en vigor de la ley sino al nuevo modelo y se sitúan en línea con los de Italia, país que redujo en un 15% la litigiosidad tras la implementación de los MASC.
Menos pendencia
Los asuntos pendientes en el territorio ministerio desde abril de 2025 han bajado un 4,5% en el orden civil y un 0,67% en global. Salvo durante el período de la pandemia, este indicador no había disminuido desde 2016. Según el CGPJ, sin embargo, sitúan en un 0,6% esta bajada en civil en todo 2025. En 2024 la pendencia creció un 13,7% según el poder judicial.
Estos datos, junto con una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales calificada de “histórica”, permitirá agilizar e la justicia, objetivo prioritario de la reforma. Para cubrir las nuevas plazas, el Ministerio lanzará una macroconvocatoria de 700 plazas: 375 para jueces y 200 para fiscales. El CGPJ convocará 125 por el denominado cuarto turno. Estas unidades se añadirán a las 87 nuevas plazas de jueces y fiscales de violencia sobre la mujer que se crearon para compensar las nuevas atribuciones de las secciones especializadas. La actual planta judicial (5.876 plazas) crecerá un 8,5% y la de fiscales un 7,1%, pasando de 2804 a 3004.
Financiación
La creación de nuevas plazas judiciales y fiscales bajo el nuevo modelo organizativo —más flexible y con una mayor monitorización de datos— se llevará a cabo con un importante ahorro de costes: de los 500.000 euros anteriores se pasará a unos 100.000. El nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo.
La formación, básica para poder que la ley echase a andar con plenas garantías, ha sido un objetivo para el departamento de justicia. Se han celebrado 310 sesiones presenciales, con 15.400 inscritos.
En cuanto a la inversión realizada en esta legislatura, de los 1.121 millones de euros empleados, más de 850 se han destinado a la digitalización —de los que 325 proceden de fondos europeos—, 192 al coste de las retribuciones vinculadas a las nuevas estructuras —incluyendo las subidas salariales aprobadas en 2023 y 2024—. En el apartado tecnológico, se ha invertido en hubs de interopoerabilidad, para que los distintos sistemas de gestión se puedan entender entre sí.
El Ministerio también ha destinado 79 millones de euros para mejorar y adaptar las infraestructuras judiciales. “La Ley supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años” para las 12 comunidades con competencias transferidas. Desde el departamento dirigido por Félix Bolaños destacan la eficiencia del nuevo modelo: ya no hace falta crear un juzgado entero, sino que se puede destinar personal allí donde haga más falta, y se invierte con conocimiento de las concretas necesidades.