Justicia subirá el sueldo a los funcionarios entre 165 y 250 euros al mes
El acuerdo alcanzado beneficia a unos 12 mil trabajadores dependientes del ministerio liderado por Félix Bolaños. La subida se empezará a cobrar en mayo
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha alcanzado este jueves un acuerdo con con CSIF y UGT que supone una subida salarial para los funcionarios de los juzgados pertenecientes al Estado. El importe de las subidas oscila entre los 165 y los 250 euros mensuales en función de los cuerpos. Se aplicará a través del complemento específico. El ministro Félix Bolaños ha rubricado con los representantes sindicales este esperado pacto, fruto de las “negociaciones mantenidas desde el pasado 10 de enero”, afirman desde el departamento ministerial.
En concreto, informan desde CSIF, el sindicato mayoritario en el sector, la subida afecta a unos 12.000 trabajadores del ámbito no transferido (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC). Los funcionarios beneficiados son gestores, tramitadores y auxilios judiciales, así como médicos forenses y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Desde el sindicato se señala que el acuerdo es equiparable a otros que se han firmado en otras comunidades autónomas, como Madrid, Asturias y País Vasco, y como el que se está negociando actualmente en Cataluña.
Los funcionarios judiciales protagonizaron una huelga el año pasado que terminó poco después de la convocatoria de elecciones generales. El colectivo expresó entonces su malestar a Pilar Llop por ser los únicos que no habían conseguido del ministerio un incremento salarial después de que este sí que firmase pactos con jueces y fiscales por un lado, y con los letrados de la Administración de Justicia por otro. Estos últimos estuvieron más de tres meses de huelga ininterrumpida hasta obtener un acuerdo de subida de 430 euros mensuales.
El equipo de Bolaños asegura que el pacto con los sindicatos funcionariales está enmarcado en las nuevas leyes de eficiencia de la justicia “que impulsa el Gobierno para modernizar este sector”. Las reformas se centran, se subraya, en la digitalización de los procesos judiciales, la modernización de la organización judicial y el impulso de una “justicia centrada en las personas”.
Nómina de mayo
El acuerdo tiene dos puntos esenciales. Por un lado, el aumento de las retribuciones a través del complemento específico, que se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva en 2024 y 2025, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. La subida se aplicará de esta manera: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50 por ciento con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y el 1 de enero de 2025 se cobrará ya el 100 por cien de lo acordado. De esta manera, en apenas ocho meses se cumplirá la totalidad del acuerdo en las nóminas de los funcionarios
Por otro lado, las partes han convocado una mesa delegada en el plazo de tres meses para mejorar las condiciones laborales en materias como la reducción de la temporalidad, el nombramiento de personal de refuerzo, la formación y la protección de la salud en el trabajo.
Diálogo
Los actores implicados subrayan como clave de las negociaciones el diálogo, fruto del cual se ha logrado el acuerdo. En el ministerio valoran que el pacto “pone fin a un conflicto que llevaba tiempo bloqueado”.
“Desde CSIF valoramos el acuerdo alcanzado teniendo en cuenta las dificultades de la coyuntura política y la inestabilidad de las alianzas parlamentarias que ha provocado, entre otras consecuencias, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Pensando en el interés del conjunto de trabajadores de la justicia, consideramos que hemos alcanzado el mejor acuerdo posible en este momento”, escribe el sindicato en su comunicado.
El documento ha sido firmado por el ministro Bolaños, Javier Jordán de Urries, presidente del sector nacional de Justicia de CSIF, y Carlos Javier Álvarez, secretario general de Servicios Públicos de UGT. También han asistido, entre otros, el secretario de Estado de Justicia, y múltiples representantes sindicales.
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