¿Éxito o bomba de relojería? Un dato explosivo aviva el debate sobre la Ley Bolaños y su eficacia
Las estadísticas reflejan una espectacular caída de los pleitos; la cuestión es, ¿hay más acuerdos extrajudiciales o son solo litigios dormidos?
Un dato escondido en las últimas estadísticas judiciales ha avivado una acalorada discusión en la comunidad legal. Según el último informe del Poder Judicial, el número de pleitos en el orden civil de nuevo ingreso cayó un espectacular 30,7% en el tercer trimestre de 2025. En julio, agosto y septiembre, los tribunales ingresaron 520.891 asuntos, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cantidad fue de 751.925. La anomalía estadística es incontestable: para hacerse una idea, entre 2023 y 2024, el número de asuntos creció un 10%. Es decir, la tendencia no solo ha pasado de creciente a decreciente, sino que refleja una variación porcentual de 40 puntos.
¿Ha conseguido la Ley Bolaños su objetivo? ¿Hay más acuerdos fuera de los muros de los juzgados? No es fácil afirmarlo, anticipan las fuentes consultadas. Hay quien defiende que este descenso de ingresos puede ser un brote verde; sin embargo, otros profesionales hablan de avalancha de “pleitos dormidos”, es decir, que las demandas cayeron por la sensación de incertidumbre, pero no son conflictos donde se ha llegado a un acuerdo, sino que son disputas en modo pausa.
¿Brotes verdes?
El Gabinete del ministro Félix Bolaños, tras la reunión con las autonomías para evaluar la fase final de la reforma, habló de brotes verdes y puso en valor la drástica caída de los procedimientos en el orden civil, y no dudó en catalogar el hito como consecuencia directa de la obligatoriedad de acudir a los métodos adecuados de resolución de conflictos (MASC). Justicia asegura que la norma ha reducido los actos de comunicación pendientes en un 36%; y en algunos territorios, las ejecuciones pendientes han caído un 69%.
Pero los profesionales jurídicos son más cautos. “Es indudable que esta exigencia ha disminuido la presentación de demandas”, valora Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), pero “habrá que ver si la reforma propicia que se alcancen más acuerdos extrajudiciales que antes”. El magistrado cree que será clave estudiar el comportamiento de los grandes litigadores en masa, como los bancos, las aseguradoras o las compañías aéreas. “Si estos continúan su política de no dar satisfacción a la clientela y judicializar todas las reclamaciones, por nimias que sean, seguiremos en una situación parecida”.
Cristina Vallejo, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), repara en otro dato que no es baladí: antes de la entrada en vigor de la reforma, las demandas de nuevo ingreso crecieron un 28,80%. Es fácil pensar que el temor a la nueva norma precipitó una avalancha de demandas y la sequía de los meses siguientes. Menos pleitos no implica, per se, menos conflictos, aunque la abogada defiende que la reforma supone “un cambio de paradigma en la gestión del conflicto jurídico”.
Litigios dormidos
Para hacerse una idea, el número de nuevas demandas en lo civil bajó entre julio y septiembre a niveles anteriores a la pandemia, al igual que la tasa de litigación. “Es un punto de inflexión tras años de incremento”, reconoce Alberto García Barrenechea, decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM). También admite que estos datos se pueden convertir en una bomba de relojería. “No es una desescalada natural, sino un freno temporal con litigiosidad latente que podría reactivarse sin reformas estructurales”.
Los expertos invitan a estudiar a fondo estos datos. “Puede significar sencillamente que haya cambiado la puerta de entrada [de los litigios]”, subraya Marien Ortega, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. La jueza afirma que parte de esos conflictos se están resolviendo a través de la mediación, pero también señala que los asuntos civiles en trámite no dejan de crecer. La idea se repite entre los expertos: menos asuntos nuevos no es correlativo a que el sistema “esté más desahogado”, apostilla la jueza.
Hay más voces de la judicatura que sospechan que los resultados esconden una realidad menos optimista. “Estoy convencida de que no hay un 30% de acuerdos”, apunta María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Más bien los MASC “solo están retrasando la entrada de asuntos, porque obligan a la negociación previa”, considera.
El magistrado Miguel Pasqual del Riquelme identifica dos factores que pueden dar una imagen equívoca de los datos: “Que todavía sea una resaca de la masiva entrada de asuntos en el primer trimestre, previa a la entrada en vigor de la ley” y que “se esté retrasando la judicialización de los asuntos por la necesidad de cumplir los trámites y plazos exigidos por los MASC”. En cualquier caso, advierte, aún es pronto para concluir que la caída de demandas se consolidará.
Dudas
Las opiniones también se acumulan en el gremio de los letrados de la Administración de Justicia. “No podemos afirmar con respaldo empírico riguroso que ese dato sea consecuencia del éxito de los MASC”, señala Adrián Gómez, letrado de la Administración de Justicia y miembro de la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de Justicia (PROLAJ). En su opinión, habría que analizar el número de asuntos inadmitidos en la justicia por no cumplir con los requisitos de la reforma. Los tribunales recogen ese dato y “arrojan una cifra alarmante e inaceptable de inadmisiones a causa de una aplicación restrictiva, si no directamente arbitraria, del presupuesto de procedibilidad”, opina.
Aunque reconoce que los acuerdos extrajudiciales han influido en el descenso de nuevos casos, el letrado considera que obligar a los ciudadanos a mediar antes de acudir a los tribunales es un paso atrás. “Parece que la reforma está consiguiendo el efecto contrario al pretendido: una justicia más insegura, costosa y lenta, que sólo beneficia al incumplidor y carga sobre el justiciable el peso de los defectos de la justicia”, critica Gómez.
“No cuestionamos la utilidad de los MASC como herramienta voluntaria, sino que se estén usando como un mecanismo de filtro que puede dificultar el derecho fundamental a acudir a los tribunales”, declara Javier Mata, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable de Defensa de la Abogacía (ICAM). Y advierte: la obligación de mediar introduce “más trámites, costes, inseguridad jurídica y disparidad de criterios y una desigualdad territorial por criterios dispares”.