La abogacía madrileña suspende la eficacia de los MASC obligatorios: solo un 10% culmina en acuerdo
La primera encuesta impulsada por un colegio de abogados refleja un claro descontento entre los letrados con el plan estrella de Bolaños: 9 de cada 10 coincide en que entorpece la burocracia
La exigencia de acreditar un intento de solución extrajudicial antes de acudir a los tribunales, introducida por la Ley 1/2025 de Eficiencia Procesal, no está ofreciendo los resultados prometidos. Así lo concluye la primera encuesta elaborada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tras varios meses de aplicación efectiva de la norma, en la que han participado 1.164 profesionales. El veredicto es casi unánime: el 84% valora negativamente la implantación obligatoria de los MASC como requisito previo para demandar; solo un 10% de los intentos de negociación ha acabado en acuerdo.
El sondeo, realizado entre septiembre y octubre, recoge una muestra transversal de la profesión: 21% del Turno de Oficio, 4% de grandes despachos y un predominio de abogados de ejercicio individual y medianas firmas. El 82% ya ha tramitado asuntos afectados por la norma, lo que permite tomar el pulso real al impacto de los nuevos requisitos de procedibilidad.
“El sistema, tal y como está configurado, no está cumpliendo los objetivos de eficiencia y está generando cargas adicionales”, advirtió el decano Eugenio Ribón durante la presentación.
Retrasos
Lejos de reducir la litigiosidad, la ley está introduciendo nuevas barreras, según la percepción mayoritaria. Nueve de cada diez abogados afirma que los trámites previos están ralentizando los procedimientos y solo un 4,3% aprecia mayor agilidad.
El nuevo filtro de acceso a la jurisdicción también está generando problemas procesales: el 50,7% ha tenido dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante los juzgados, con inadmisiones de demandas incluidas. A ello se suma uno de los principales reproches: la heterogeneidad de criterios judiciales. El 71% detecta interpretaciones dispares sobre qué constituye un intento válido de negociación, lo que, según el ICAM, genera “inseguridad jurídica y una suerte de ruleta procesal”.
En paralelo, la tasa real de éxito de los mecanismos extrajudiciales sigue siendo residual: solo el 10% finaliza con acuerdo, lo que convierte la fase previa en una carga formal sin efectos prácticos en la mayoría de los casos.
Qué mecanismos se usan realmente
A falta de un cambio cultural efectivo, los profesionales siguen recurriendo a los métodos ya asentados en la práctica. El 44% opta por la oferta vinculante y el 34,5% por la negociación directa.
Los instrumentos menos implantados ―mediación (8,2%), conciliación (10,6%) o derecho colaborativo (1,6%)― se mantienen en niveles testimoniales, principalmente por falta de incentivos, dudas sobre su utilidad o insuficiente formación, según interpreta el Colegio.
Suspenso generalizado
El resultado global es rotundo: más del 50% de los encuestados otorga una nota de 0 sobre 10 al funcionamiento del sistema; la media se queda en 1,6. Un diagnóstico común a todos los perfiles de ejercicio.
Ribón insiste en que el diseño de la ley “no ha contado con la participación de quienes la aplican”, y alerta de que, sin correcciones, los MASC obligatorios pueden convertirse en una barrera de acceso a los tribunales, especialmente para los colectivos más vulnerables.
“La abogacía madrileña no está en contra de la modernización de la Justicia, pero la eficiencia no se decreta por ley”, concluye Ribón. “Si se imponen trámites sin garantizar seguridad jurídica ni dotar medios, el resultado es más burocracia y frustración”.