¿Por qué la Justicia funciona a trompicones? Cuatro juristas identifican los males del sistema

El último trabajo del Observatorio de la Actividad de la Justicia registra una tibia mejora en el rendimiento judicial, pero los tribunales aún reciben más trabajo del que pueden asumir

Afloran leves signos de mejora en el funcionamiento de los juzgados españoles, según recoge el XIX Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia, que vio la luz este jueves. En 2024 —el último año del que se disponen los datos al completo—, se registra un tímido progreso en el rendimiento de los tribunales. Pero es una recuperación que dista de ser sólida: los tribunales aún digieren más asuntos de los que son capaces de resolver y en algunas regiones hay vistas que se agendan para 2029.

Para hacerse una idea, los tribunales españoles resolvieron 7.291.024 asuntos en 2024, un 13% más que el año anterior. La tasa de resolución, indicador que relaciona los asuntos que empiezan su tramitación con los resueltos, pasó de un 0,92 a un 0,95 (un valor 1 reflejaría que los jueces resuelven tantos asuntos como empiezan a estudiar).

“El deterioro en la capacidad resolutiva de los órganos judiciales de años previos se va frenando”, confirman los investigadores del estudio que cada año publica la Fundación Aranzadi LA LEY, con el patrocinio de Banco Santander, y que fue presentado ayer en Madrid.

Pero la justicia española aún arroja signos de saturación. Los jueces recibieron 7.799.166 asuntos, dieron salida a 7.291.024 y dejaron 4.518.944 casos pendientes. La tasa de congestión judicial, medidor que relaciona los casos nuevos, los pendientes y los resueltos, se situó en 1,80 (lo óptimo es 1). En 2023, el indicador se situó en 1,84.

La tasa de litigiosidad, que relaciona el número de pleitos por el número de habitantes, se situó en 160,13 litigios por cada 1.000 habitantes, lo que mejora levemente la cifra de 2023 (145,64), aunque es la más alta desde 2015. De media los tribunales tardan en resolver un pleito 9,2 meses.

¿Qué falla?

“El modelo tradicional basado en juzgados unipersonales ha funcionado durante décadas sin una revisión profunda, con pretendidos parches organizativos para adaptarse que no han tenido un resultado práctico, y acumula problemas año tras año que afectan tanto a la calidad del servicio como a la percepción social del sistema”, señala en el informe María Gil-Carcedo de Morales, directora de legal y contencioso en Moeve.

Por su parte, la procuradora y conciliadora María del Carmen Giménez Cardona habla de una justicia “a varias velocidades”. El sistema está lastrado de inicio por el desigual reparto de competencias y las diferencias presupuestarias, que alimentan la sensación de desigualdad entre regiones. “Unos territorios han asumido Lexnet, otros no; en algunos se ha asumido la oficina judicial del 2009, en otros no. Y así suma y sigue”.

“La justicia está infradotada”, reconoce el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme. Pero la falta de presupuesto no es la única piedra en el zapato del sistema.

A su juicio hay otras causas que explican su mal funcionamiento. Enumera varias: “el aumento descontrolado de la litigiosidad, la desaparición de niveles intermedios de intervención frente al conflicto, el uso simbólico de los mecanismos de solución alternativa de conflictos, la inacabable diarrea normativa o la legislación en caliente improvisada a golpe de suceso, de titular periodístico o de atractivo programa electoral”, entre otros, que recoge en el informe.

Un cúmulo de circunstancias que, en opinión del juez, ha alimentado “un problema de confianza en la ciudadanía”. Los juristas ponen sus esperanzas en que la situación se enderece con la reciente reforma de la planta judicial, introducida con la Ley Orgánica 1/2025, llamada a redefinir el sistema. Moncloa asegura que la reforma ya refleja brotes verdes con una caída de la litigiosidad.

Idénticas expectativas tiene el letrado de la Administración de Justicia Álvaro Perea, que subraya la enorme oportunidad de corregir los grandes males de la Justicia que brinda la reforma. En el informe, el funcionario judicial recuerda que es importante respetar la especialización de los tribunales, pues en una sociedad cada vez más compleja los jueces precisarán de formación en temas muy acotados. “El sistema judicial solo podrá atender las demandas actuales con calidad y en tiempos razonables si existe una especialización adecuada que atienda de forma prioritaria a la constante evolución de las cosas y de los problemas humanos”.

Sobre el informe

El Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia 2025 es publicado cada año por Fundación Aranzadi LA LEY, con el patrocinio del Banco Santander. Como apuntó en la presentación del trabajo Cristina Sancho, presidenta de la Fundación, que tuvo lugar este jueves en Madrid, se trata de “un análisis estadístico del sistema judicial español a nivel global mediante la herramienta Jurimetría, que pone el foco en su actividad", los problemas y carencias que le afectan y ayuda a “realizar propuestas de mejora”.

Los indicadores de la salud de la Justicia

Tasa de resolución. En 2024 se registró una tasa de resolución de 0,95, lo que mejora el dato de 2023, de 0,92. Esto significa que los jueces aún se ven forzados a iniciar más trámites de los que pueden digerir en un año (un dato menor que la unidad refleja una capacidad resolutoria insuficiente).

Tasa de congestión. En 2024 se dictaron 1.822.190 sentencias. Se recoge un aumento significativo del rendimiento judicial respecto a 2023, donde se dictaron 1.528.135 sentencias. La tasa de congestión, que relaciona los asuntos iniciados, los pendientes y los resueltos, mejoró de 1,84 a 1,80 (mayor resultado implica mayor congestión).

Tasa de litigiosidad. La litigiosidad continuó su tendencia alcista, la tónica desde 2016. Se registraron 160,13 pleitos por cada 1.000 habitantes (145,64 el año anterior).

Duración media. La duración media de los pleitos fue de 9,2 meses en 2024. De nuevo el orden contencioso es el más lento (13 meses de media para resolver) y el penal, el más rápido (3,9 meses).

Tasa de pendencia. La tasa de pendencia, que relaciona los asuntos pendientes con los resueltos, también presentó un resultado más favorable en 2024 (pasó de 0,84 a 0,81). El tapón de asuntos pendientes se situó en los 4.518.944 casos. Los jueces pudieron resolver 850.084 casos más que el año anterior.

Sentencias por juez. En 2024, las sentencias dictadas en los distintos juzgados y tribunales bajaron un 0,4% en comparación con el año anterior. De media se emitieron 276 sentencias por juez. El orden más productivo fue el social, con 376 sentencias por juez.