Radiografía de un tapón crónico: hay más litigios, más listas de esperas y más sentencias que esperan su ejecución
El último informe del Observatorio de la Fundación Aranzadi LA LEY refleja cómo, a pesar del crecimiento el económico, la Justicia sigue su camino al colapso
El buen rumbo de la economía no se traduce en un mejor funcionamiento de los tribunales. Más bien al contrario, las estadísticas judiciales analizadas por el Observatorio de Justicia de la Fundación Aranzadi LA LEY, que este martes ha presentado su último informe (que puede descargar aquí), confirman varias tendencias preocupantes. Las listas de espera no paran de crecer y la congestión de los tribunales es cada vez mayor. Para muestra, un botón: en 2023 – el último año del que se disponen estadísticas completas – cada juez dictó, de media, 278 sentencias. Pero, en el mismo periodo, 836 casos nuevos aterrizaron en sus despachos. El número de asuntos pendientes de resolver creció un 14%. El cajón de asuntos pendientes de ser ejecutados también está cada vez más lleno.
A pesar de dejar la pandemia atrás, el trabajo del Observatorio refleja cómo los juzgados no terminan de carburar con el ritmo previo a la crisis sanitaria. En concreto, en 2023, el total de litigios aumentó un 4,7% respecto al año anterior, lo que confirma una remarcable tendencia en los últimos años. Por jurisdicciones, solo la jurisdicción contenciosa vivió una reducción del volumen de casos (5,1%). Las otras, civil, penal y social, aumentaron sus asuntos en un 6,4%, en un 3,9% y en un 5,4%. En cuanto a la duración media de los pleitos, otro indicador comúnmente utilizado para analizar la salud de la Justicia, pasó de 8,4 meses a una media de 9,2 meses.
El estudio utiliza una serie de indicadores que ayudan a hacerse una idea de la magnitud de esta sobrecarga. Uno de los valores que miden los analistas es la capacidad de resolución, es decir, la habilidad de resolver un número de asuntos parejo al que ingresa. De forma que el valor “uno” representa que el número de asuntos que llegan y el que es resuelto es igual. Pues bien, ninguna jurisdicción consiguió superar este valor. De hecho, la media se sitúa en 0,93, es decir, todos los órdenes recibieron más asuntos de los que tenían capacidad de digerir. La jurisdicción social demostró ser la más desbordada (0,86).
Otro valor que refleja la dimensiones del tapón judicial es la tasa de congestión. Este indicador relaciona tres variables, el número de asuntos que ingresan, los que esperan en un cajón a ser tramitados y los resueltos. De forma que a mayor valor (de nuevo el uno es el neutro), mayor congestión. Y, en 2023, este indicador se situó en el 1,84, la peor marca de la tasa histórica. El total de asuntos ingresados – casi siete millones – superó de forma amplia el número de temas resueltos – 6.440.940 –, a lo que hay que sumar los 3.977.112 asuntos que esperaban comenzar su tramitación.
Ejecución
Los jueces no solo no dan abasto para aceptar nuevos casos, estudiarlos y resolverlos, sino que también tienen problemas para ejecutar sus propias sentencias. El documento certifica una “escasez de medios especializados y personal” para llevar a términos los fallos.
Según el informe, la torre de asuntos pendientes de llevar a término se incrementó en 157.674 fallos en el periodo analizado, la mayoría del orden civil – lo que es previsible, pues es la que más pleitos acumula –. Los tribunales solo fueron capaces de ejecutar el 30% de las peticiones de ejecución recibidas, lo que supone un 4% menos respecto al indicador del año anterior.
El XVI Informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia 2024, que cada año desde 2008 realiza la Fundación Aranzadi LA LEY con el patrocinio del Banco Santander, realiza un análisis estadístico del sistema judicial español a nivel global mediante la herramienta Jurimetría, que pone el foco en su actividad, los problemas y carencias que le afectan, pero también sus avances y logros. El documento fue presentado este martes en la sede de Uría Menéndez con la presencia de reconocidas figuras del sector legal: Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzadi LA LEY; Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid; Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez; Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Aranzadi LA LEY; Juan Mora- Sanguinetti, Senior Economist at the Banque de France and Banco de España- Eurosistema; y Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
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