La rebelión de las togas sacude a la justicia
El mes de julio comienza con una huelga de jueces y fiscales que promete sacudir el funcionamiento de los tribunales en España; el Gobierno no piensa ceder ante el conflicto
Este martes, cerca del 75% de jueces y fiscales de todo el país han colgado la toga en su primer día de huelga contra contra las reformas impulsadas por Justicia, según datos de las asociaciones convocantes. El origen del conflicto se remonta al pasado 13 de mayo. Ese día, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto que promete ser la mayor reforma de la carrera judicial y fiscal en los últimos 40 años. Lo que a priori se anunciaba como una modernización del sistema de acceso y un medio para reducir la temporalidad de los interinos, se ha convertido en el epicentro de un terremoto institucional que enfrenta al Gobierno con jueces y fiscales de todo el país. Las manifestaciones –pese a ser ilegales por el Poder Judicial– ya está causando estragos en el sistema judicial.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), a excepción de las autodenominadas progresistas, han dado un golpe en la mesa contra las iniciativas impulsadas por Félix Bolaños. Mientras, el Ejecutivo sigue con su plan y ha anunciado de una convocatoria extraordinaria de 1.004 plazas extra para jueces y fiscales sustitutos en tres años, quienes podrían acceder a la carrera por concurso de méritos, sin pasar por el exigente sistema de oposición.
Desde el Gobierno aseguran que la reforma está alineada con la exigencia de Bruselas de reducir la temporalidad de los jueces sustitutos —con un proceso extraordinario de estabilización—, y pretende reforzar el servicio público de justicia y consolidar las carreras judicial y fiscal. En frente, las asociaciones consideran que esta propuesta pone en riesgo la meritocracia, la igualdad de oportunidades y la independencia judicial. Los jueces no dan un paso atrás y han decidido continuar con las manifestaciones.
Las asociaciones aprietan para cambiar el anteproyecto, pero el Gobierno no piensa ceder ante sus exigencias. Desde Justicia confirman que no piensan dar un paso atrás ante las críticas de los funcionarios que, a su juicio, son infundadas. “El ministerio respeta todas las opiniones, pero no comparte una oposición basada en falsedades o prejuicios corporativos que ignoran el interés general de una justicia más justa, accesible y eficaz”, señalan a CincoDías. Con esta declaración de intenciones, la rebelión de las togas está servida.
Alejandro González, juez de la Asociación Profesional de la Magistratura
Examen. Están en contra del sistema de acceso por concurso de méritos. “Tiene un grave riesgo de subjetividad en la evaluación de los candidatos, siendo extremadamente complicado fijar unos parámetros homogéneos para quienes se presenten, debilitando el principio de igualdad en el acceso por la diferente valoración de méritos previos”, subraya Alejandro González, juez de la Asociación Profesional de la Magistratura. “Se disminuye la importancia de criterios objetivos (mérito y capacidad), y generando cambios que no se justifican ni necesitan, pero que dan lugar a riesgos y dudas. Nos preocupan las dudas cuando la legitimidad de una institución procede de la confianza del ciudadano en ella.” Para este magistrado, la mejor opción es mantener un sistema de oposiciones transparente basado en exámenes objetivos y rigurosos, “que no ha demostrado necesitar mejora ni cambio”.
Jueces sustitutos. Lo consideran un paso atrás. “No existe doctrina que ampare esa estabilización, lo que si existe es sentencias del TJUE que rechazan la posibilidad”, afirma Alejandro González. “Los Jueces sustitutos no solo tienen acceso anualmente a la oposición general, sino que tienen un turno específico restringido para profesionales así que hay que buscar soluciones a problemas que nunca han existido”. Para González un sistema basado exclusivamente en méritos “tiene un grave riesgo de subjetividad en la evaluación de los candidatos, siendo extremadamente complicado fijar unos parámetros homogéneos para quienes se presenten, debilitando el principio de igualdad en el acceso por la diferente valoración de méritos previos”.
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria
Examen. Alertan de las rebajas de excelencia para el acceso tanto por el turno libre como por el cuarto turno. “Tal y como se plantea el concurso de méritos, permite un acceso discrecional sin límite de plazas ni garantías reales de igualdad, y con reconocimientos ficticios de antigüedad para nombramientos discrecionales, esto es, para acceder a la cúpula judicial”, denuncia Sergio Oliva, portavoz de la asociación.
Jueces sustitutos. La asociación dice no a la estabilización de sustitutos. “No está justificada ni legal ni constitucionalmente. Se trata de una figura pensada para cubrir vacantes temporales, no estructurales”, afirma Oliva. “Estabilizar por esa vía es abrir la puerta de atrás a la judicatura, una desnaturalización del sistema de acceso profundamente injusta para los opositores”.
Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente
Becas y escuela. La asociación ve con buenos ojos la iniciativa del Gobierno para impulsar el estudio de las oposiciones a la carrera judicial y fiscal con las becas Seré. No obstante, no aceptan la creación de un centro público de preparación de opositores. “Es una forma para que el poder ejecutivo intervenga en la selección de los miembros del poder judicial, con plazas cuya selección cabe que pueda ser conforme a criterios ideológicos”, señala Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente.
Examen. Rechazan completamente que los jueces opten a la judicatura mediante un sistema de acceso por concurso de méritos. “Se rebaja la exigencia de contenidos y permite que más de mil sustitutos sean jueces y fiscales sin haber acreditado el mérito y la capacidad exigidas constitucionalmente para acceder a cargos de tanta responsabilidad”.
Jueces sustitutos. No están de acuerdo con que los jueces sustitutos adquieran una plaza sin aprobar la oposición. “Va en contra de la igualdad proclamada por la Constitución: unos entran con gran esfuerzo y otros de aquella manera”. Además, Portillo critica otro requisito para acceder a la judicatura. “El requisito para acceder es tener cinco años de ejercicio profesional (jurídico, queremos creer), lo que significa que se abre la puerta a que cualquiera con un mínimo de trayectoria laboral (haya sido o no sustituto) y con la sola superación de un dictamen, sea juez o fiscal”.
Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia
Becas y escuela. Ven con buenos ojos el modelo de becas y la formación de funcionarios en el centro de estudios jurídicos. Los aspirantes a la toga pueden preparar la oposición por su cuenta o a través de un preparador que le cobra por ello. “El proyecto ofrece que el centro lo haga gratis desde la enseñanza pública, pero los convocantes de la huelga dicen que como depende del Ministerio de Justicia se influirá en los opositores y nosotros no vemos que la enseñanza pública que se pretende ofrecer para acceder quiebre el Estado de Derecho”, señala Edmundo Rodríguez, portavoz de la asociación. Además, remarca el portavoz, sus profesores son jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o profesores de universidad. “No vemos que la enseñanza pública que se pretende ofrecer para acceder a la carrera vaya a afectar la independencia judicial ni quiebre el Estado de derecho”.
Jueces sustitutos. No están de acuerdo con la estabilización de los jueces sustitutos. “Discrepemos del modo en que se afronta el problema del abuso de temporalidad, que también hay en el resto de la administración de justicia”, apunta. No obstante, matiza, “no afecta al Estado de Derecho, ni limita la independencia judicial”.
Fuera de la huelga. Es una de las siete asociaciones profesionales que no se presentan a la huelga de esa semana. No comparten los motivos que sí han empujado a las otras asociaciones a manifestarse.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales
Examen. La asociación entiende que el sistema de acceso a la judicatura favorece la entrada de funcionarios “a través de pruebas mucho más benignas que la oposición”, apunta Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Para Dexeus, la reducción de las exigencias en los exámenes de oposición o la entrada en la carrera de jueces y fiscales sustitutos a través de este tipo de pruebas abre la puerta a “otros profesionales como graduados sociales, abogados o funcionarios que jamás han sido jueces o fiscales sustitutos sin que ello responda realmente a las exigencias de Europa de estabilización”.
Reforma estatuto fiscal. No aprueban este cambio legislativo. “Va en el sentido contrario a las exigencias europeas de fortalecimiento de la independencia y la imparcialidad del Ministerio Fiscal”, apunta Cristina Dexeus, presidenta de la asociación de fiscales. “Se sobre dimensiona la figura del fiscal general del Estado atribuyéndole más funciones, mientras el consejo fiscal ve reducidas sus competencias a las de mero convidado en las decisiones del FGE, desdeñando de manera incomprensible a este órgano de representación democrática de los fiscales. Sin establecer verdaderas garantías para que el fiscal investigador pueda realizar su trabajo sin recibir ningún tipo de presión”, señala. “Y en contra también de las exigencias europeas no se concede autonomía presupuestaria ni capacidad de gestión al Ministerio Fiscal, manteniendo en estos aspectos su dependencia del Ministerio de Justicia”, añade.
Jueces sustitutos. Para Dexeus es una incoherencia “mantener una convocatoria extraordinaria para la estabilización de jueces y fiscales sustitutos, supuestamente exigida por Europa, y admitir en esa convocatoria a profesiones como graduados sociales, ajenos a la labor de juez o fiscal sustituto”.
Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
Examen. No aprueban el sistema de oposiciones del Gobierno. “Consideramos que supone una minoración de la exigencias de calidad que debe tener un juez y un fiscal. No estamos de acuerdo con la supresión del tercer ejercicio y su sustitución por una mera resolución de dos casos prácticos”, apostilla Miguel Pallarés presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. “Al menos una de cada tres vacantes se cubrirá por este sistema, lo que supone un riesgo de dejar cada vez menos plazas para el turno libre (el más igualitario)”.
Jueces sustitutos. Para esta asociación este sistema “perjudica seriamente a los que acaban de aprobar la oposición (con gran sacrificio y esfuerzo) y a los que están preparando la oposición, que se van a ver, varios años, sin convocatoria de oposiciones”, opina Miguel Pallarés. “Hay que encontrar una salida, pero no de esta forma”, remarca.
Reforma estatuto fiscal. “Es mero maquillaje”, señala Pallarés. “Refuerza las facultades del fiscal general del estado, suprime competencias del Consejo Fiscal, no confiere carácter decisorio a las Juntas de Fiscales, no toca para nada las facultades de avocación o sustitución de fiscales por el fiscal jefe y no blinda al fiscal del caso concreto”. Por tanto “no dota de independencia al Ministerio Fiscal para que pueda llevar con garantías las instrucciones por delito en toda España”, explica Pallarés.
Respuesta del Ministerio de Justicia
Postura. El Ministerio de Justicia no prevé cambiar las medidas planteadas en la norma y no comparte el criterio de las asociaciones judiciales. “La iniciativa refuerza el principio de mérito y capacidad, facilitando el acceso en condiciones de equidad mediante becas blindadas por ley y un centro público de preparación. Mejora también los sistemas de evaluación con pruebas más objetivas, incluyendo exámenes escritos anónimos y orales grabados”, señala el Ministerio de Justicia a este medio. Según la institución, no se trata de incorporar a nuevos perfiles externos, “sino de estabilizar a jueces y fiscales sustitutos que ya están desempeñando funciones jurisdiccionales así que ninguna posibilidad de politización en este proceso”, afirma. Por último, añade la institución, el propósito de la reforma es dar respuesta a una obligación de la Comisión Europea: estabilizar la situación de los jueces y fiscales sustitutos, “que hoy dictan una parte significativa de las resoluciones judiciales, en condiciones de precariedad”.
Diálogo. El ministerio está abierto a dialoga con las asociaciones de jueces y ficales, pero una vez que el anteproyecto tenga luz verde y llegue al Parlamento. “Es allí donde las asociaciones profesionales pueden y deben trasladar sus propuestas a los distintos grupos parlamentarios, como parte del proceso ordinario de tramitación”, afirma la institución. El Ministerio, por tanto, reitera “su respeto por la división de poderes y por el papel central del Legislativo en la elaboración de las leyes. Es en ese marco institucional donde debe desarrollarse el diálogo, y no a través de movilizaciones que puedan afectar al normal funcionamiento de la Justicia”.
¿Qué dice el anteproyecto que reforma la carrera judicial y fiscal?
Becas Seré. Los opositores con rentas bajas podrán acceder a una beca dotada con el importe del Salario Mínimo Interprofesional durante un periodo de hasta cuatro años para estudiar la oposición y garantizar así la igualdad de oportunidades. Asimismo, asociaciones Judiciales no podrán aceptar ninguna forma de financiación privada que proceda de Gobiernos u organismos extranjeros.
Prueba acceso. El examen de acceso constará de tres pruebas. Un examen escrito, otro ejercicio memorístico (antes eran dos) y, como novedad, la reforma contempla un caso práctico que pondere la capacidad de razonamiento, todo ello bajo condiciones de anonimato para reforzar la imparcialidad. Los aspirantes podrán prepararse de forma gratuita en el Centro de Estudios Jurídicos con un preparador profesional.
