Justicia echa un pulso a la huelga de jueces y fiscales: convocará 1.004 plazas adicionales para sustitutos
El proceso extraordinario de estabilización por concurso-oposición se llevará a cabo en dos meses desde la entrada en vigor de la nueva ley que rechazan la mayoría de las asociaciones judiciales
Huida hacia adelante de Félix Bolaños ante el conflicto que le enfrenta con la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, que han convocado una huelga de tres días en contra de dos iniciativas legales: el proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que actualmente está en tramitación parlamentaria, y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes anunció esta mañana que en un plazo máximo de dos meses tras la entrada en vigor de la primera norma convocará 673 plazas para jueces y 331 para fiscales sustitutos, un total de 1.004 plazas, mediante proceso extraordinario de estabilización por concurso-oposición que se concretará durante la tramitación parlamentaria. Así lo confirmó durante una jornada sobre la reforma de la carrera judicial en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).
El anuncio se produce en un momento de clara confrontación con la mayoría de las organizaciones que representan a la judicatura y a la carrera fiscal, que acusan al proyecto de ley de poner en jaque la “independencia judicial” básica para una democracia real. Las movilizaciones las lideran la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que han convocado una concentración frente a la sede del Tribunal Supremo (TS) el próximo sábado 28 de junio y amenazan con parar la actividad de los órganos jurisdiccionales los días 1, 2 y 3 de julio.
Según ha detallado Justicia en un comunicado, estas 1.004 plazas se sumarán a las cerca de 1.500 que se convocarán en los próximos tres años y advierte que con este proceso se quiere cumplir con los estándares europeos sobre el trabajo de duración determinada en el ámbito judicial, de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Asimismo, se quiere reducir la temporalidad, reforzar el servicio público de justicia y consolidar las carreras judicial y fiscal.
Sin embargo, las organizaciones de jueces y fiscales reprocharon que el Gobierno utilice “falsamente a Europa como excusa” para convertir en jueces y fiscales a los sustitutos sin que se demuestre su aptitud y en perjuicio de las promociones más jóvenes y de los opositores.
Rechazo de jueces y fiscales
El texto legal ha levantado ampollas entre todas las asociaciones, salvo las progresistas. Su visión difiere diametralmente de la del Ejecutivo. Y es que además de temas relacionados con el acceso a la carrera y el ascenso profesional de jueces y fiscales, de aprobarse el proyecto de ley, afectará directamente a su funcionamiento, puesto que prohíbe que estas obtengan financiación privada. El choque fue explícito cuando se produjo un breve parón de diez minutos el pasado 11 de junio en los tribunales de toda España.
Mientras Félix Bolaños ha insistido en que la reforma que impulsa Justicia incorpora medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, modernizar el sistema de selección y estabilizar las plazas temporales, para los representantes de ambas carreras supone una amenaza.
Hay varios puntos controvertidos que han hecho que los togados se preparen para la huelga. Uno de ellos es el acceso a la carrera judicial por el llamado “cuarto turno”, pensado para incorporar a juristas de prestigio que acumulan más de una década de ejercicio. En este caso, durante la selección se priorizará el ejercicio de redacción de un dictamen eliminatorio frente a la fase de valoración de méritos. Las organizaciones temen que con este paso se politice aún más el Poder Judicial, abriendo la puerta de atrás a juristas más afines al Ejecutivo de turno.
Reprochan también una rebaja en el nivel de excelencia en el acceso a las carreras judicial y fiscal porque la reforma eliminará contenido que consideran esencial e introducirá “pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”. Además, alertan de la politización “del órgano que debe velar por la ética de los jueces”, en alusión a los cambios en la composición de la Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
También se cuestiona que la reforma pretenda “crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país”. Esto se debe a los planes de convertir el Centro de Estudios Jurídicos en una red pública de preparación de oposiciones.
Todo ello derivará, según el comunicado emitido hace unos días por las asociaciones que convocaron los tres días de parón judicial, en un Poder Judicial “con minúscula”, más debilitado en su función de contrapeso del poder político y “más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder”, abriendo un camino propio de “las democracias iliberales”, subrayaron los colectivos judiciales.
Reuniones con la huelga en el calendario
Solo hay un punto de consenso. La iniciativa blinda las becas SERÉ para opositores con una cuantía mínima equivalente al SMI y una duración de hasta cuatro años, siendo este quizás el único punto de acuerdo entre ambas partes.
El 13 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el controvertido proyecto de ley, actualmente en tramitación y desde el Ejecutivo lo han presentado como la primera gran revisión estructural de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los últimos 40 años. Pero no cuenta con el respaldo mayoritario de los representantes de la judicatura ni de los fiscales y, si nada lo impide, los tribunales pararán los tres primeros días de julio.
De momento, se están reuniendo con distintos grupos parlamentarios y otros operadores jurídicos con el fin de que las Cortes Generales reconsideren la tramitación de los proyectos legislativos, tal como señalaron las asociaciones.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), han puesto el acento en el “impacto muy perjudicial” que tendrá la huelga de jueces y fiscales en el funcionamiento ordinario de Justicia, que se suma a los problemas estructurales que ya le afectan, por lo que “exhorta a todas las partes a seguir dialogando para llegar a un modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal que sea apoyado por una amplia mayoría de las fuerzas políticas”.
El consenso, aseguran, deben ser la base, por lo que “ni el Gobierno debería acelerar los plazos en una situación política como la que estamos viviendo, ni las asociaciones judiciales y fiscales deberían dejar de valorar otras alternativas distintas a la huelga”.
Por su parte, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) expresó su preocupación y compromiso con el Estado de derecho y solicitó que se garantice a los usuarios del sistema judicial y a los abogados que se les informará con la antelación suficiente sobre la suspensión o el mantenimiento de actuaciones judiciales programadas.