El Gobierno remite al Congreso la mayor transformación de la judicatura desde 1985
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, dando inicio a la tramitación parlamentaria de la que se perfila como la mayor reforma del sistema judicial español en los últimos 40 años.
El nuevo texto legislativo, que incorpora recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, busca transformar profundamente los mecanismos de acceso, formación y desarrollo profesional en la judicatura y la fiscalía, con el propósito de garantizar una justicia más inclusiva, equitativa y transparente.
Según ha detallado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la reforma supone un “cambio de modelo” en el acceso a la carrera judicial, orientado a asegurar la igualdad de oportunidades, sin que el origen económico o geográfico suponga una barrera. En esa línea, se consolidan las becas SERÉ, dirigidas a aspirantes sin recursos, que contarán con una cuantía mínima equivalente al salario mínimo interprofesional y una duración máxima de cuatro años.
Una de las novedades más destacadas es el nuevo papel del Centro de Estudios Jurídicos, que se convertirá en una red pública de preparación de oposiciones con presencia territorial. Asimismo, se modifica el sistema de pruebas de acceso, con la incorporación de un ejercicio práctico escrito y la eliminación de una de las pruebas orales, todo ello bajo condiciones de anonimato para reforzar la imparcialidad.
En lo relativo al llamado “cuarto turno” —acceso reservado a juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio—, la reforma establece que la primera fase del proceso consista en la redacción de un dictamen eliminatorio, antes de la valoración de méritos.
El proyecto también incluye un proceso extraordinario para la estabilización de jueces sustitutos y fiscales interinos, cumpliendo así con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea.
Transparencia y especialización
El texto prevé, además, una modernización del desarrollo profesional. Se establece el ascenso automático por antigüedad a los cinco años, se mejoran los itinerarios de especialización, especialmente en violencia de género y derecho mercantil, y se eliminan algunas incompatibilidades para jueces sustitutos y magistrados suplentes mientras no estén en activo.
En el ámbito de la transparencia institucional, el CGPJ gestionará un registro público de preparadores de oposiciones, a los que concederá compatibilidad oficial. Se prohíbe, además, la financiación privada de asociaciones judiciales y se renueva la composición de la Comisión de Ética Judicial para equilibrar la representación judicial y académica. También se moderniza el proceso de elección de las Salas de Gobierno, con la introducción del voto telemático y la limitación a una sola candidatura individual por elector.
“El objetivo de esta ley es acercar el Poder Judicial a la ciudadanía”, ha declarado el ministro Bolaños, quien ha destacado que la reforma permitirá “incorporar aún más talento, con perfiles diversos, a una Justicia que debe reflejar la pluralidad de la sociedad a la que sirve”.
Con este paso, el Gobierno abre el camino a una profunda renovación del sistema judicial español, marcada por el principio de mérito y capacidad, pero también por el compromiso con la equidad y la modernización.