La Abogacía aprueba un reglamento de amparo que refuerza la protección a los letrados y faculta a los colegios para reclamar ante los jueces
El pleno ha dado el visto bueno a la norma antes de la inauguración delas IX Jornadas de Juntas de Gobierno

El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha aprobado un reglamento de amparo colegial para proteger mejor a los abogados frente a las injerencias en el ejercicio de la profesión. La nueva norma se ha adoptado en el marco de la celebración de las IX Jornadas de Juntas de Gobierno, que se inauguran este miércoles en Jerez de la Frontera (Cádiz). El evento reune a los representantes de las juntas de gobierno de los 83 colegios de abogados que existen en el territorio. Estas jornadas son una de las citas más importantes en el calendario de los Colegios de la Abogacía y se celebran cada cuatro años. Las últimas tuvieron lugar en Bilbao en 2021.
El nuevo reglamento, cuyo proyecto se aprobó en marzo, ampliará la protección a todos los abogados y abogadas, con independencia de que las injerencias en su profesión se produzcan fuera o dentro de los juzgados y tribunales. “Desde hoy, con este reglamento, los españoles tienen más derechos que ayer, porque quienes defienden sus derechos van a estar mejor protegidos por sus colegios”, ha manifestado el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, en la inauguración de las jornadas. “Gracias a la ley del derecho de defensa ese amparo tiene un marco que protege mejor a los abogados frente a injerencias en su profesión de jueces, fiscales o compañeros”, ha subrayado González.
González ha señalado que con la aprobación de este nuevo reglamento se salda una deuda pendiente. La Ley Orgánica del Derecho de Defensa aprobada en noviembre de 2024 emplazó a los colegios de la abogacía a “asegurar un correcto amparo de los profesionales en el ejercicio de sus funciones profesionales en las que se pudieran verse perturbados o inquietados”.
Hasta la aprobación de esta ley, el amparo colegial a los profesionales solo estaba regulado en el Estatuto de la Abogacía, la norma que regula la actuación del colectivo. Sin embargo, el amparo estaba circunscrito a las situaciones que puedieran sufrir los profesionales en sus actuaciones en juzgados y tribunales. El reglamento define con más precisión los hechos por los que los abogados pueden solicitar este amparo.
La norma es un modelo común que pueden adoptar cada colegio. El presidente de la Abogacía confía en que esta adopción se produzca en unas pocas semanas. Los colegios que adopten el reglamento podrán requerir a la autoridad judicial o pública, persona o entidad o asociación el cese de la actuación que hubiera motivado la situación una vez que se conceda el amparo al profesional.
El procedimiento de amparo, que puede ser de urgencia u ordinario, tiene por objeto proteger al profesional de la abogacía que se vean perturbados o inquietados por autoridades judiciales, fiscales, funcionarios y personal de las oficinas judiciales, entre otros. También por compañeros y compañeras de profesión, clientes o particulares. El reglamento entiende por “perturbadoras” aquellas aquellas actuaciones que supongan “una limitación o menoscabo de la independencia y libertad de actuación de los profesionales de la abogacía, la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional, así como una falta de respeto a la relevancia y dignidad de sus funciones”.

Inauguración de las Jornadas
Durante dos días, hasta el viernes 6, cerca de 700 representantes de los equipos directivos de los 83 Colegios de la Abogacía debatirán en Jerez sobre los principales retos que afrontan actualmente los 240.000 abogados y abogadas colegiados. “A lo que también nos convocan estas Jornadas es a liderar, juntos, lo que es y debe ser siempre nuestra inspiración: la defensa de nuestra profesión”, afirmó González, tras asegurar que “cuanto más y mejor se proteja a la Abogacía, más y mejor se protege el Estado de derecho y la democracia”.
En la inauguración también intervino el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el decano del Colegio de Jerez y presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Federico Fernández y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.
El presidente de la Junta reconoció “la labor de la abogacía, y el valor de la institución que los representa”, una profesión que, ha dicho, está “en primera línea de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es un puntal del sistema judicial y de la democracia y que contribuye y trabaja por la convivencia, el acuerdo y el entendimiento tan necesario en estos tiempos”.
Mientras que el decano de Jerez, Federico Fernández, manifestó que “la sociedad es inquieta y transformadora. Surgen continuamente nuevas realidades, que generan nuevas relaciones humanas y reclaman soluciones distintas, los continuos avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la globalización, suponen nuevos retos para los ciudadanos en general y que implicarán preparación jurídica precisa, nuevos métodos y nuevas herramientas”.
La alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, dijo en su discurso a los 700 asistentes: “Vais a abordar durante estos días asuntos relevantes que implican no sólo a vuestros colegios sino a la ciudadanía ya que la justicia es un derecho ciudadano”.