‘Si vis pacem, para bellum’: el M&A que viene en la industria de defensa
El ambicioso incremento del gasto en defensa deberá complementarse con iniciativa privada
El sector defensa experimentará una notable actividad en fusiones y adquisiciones (M&A) en los próximos años, impulsado por varios factores, incluyendo el aumento de la inversión pública y privada, las nuevas exigencias autoimpuestas por los Estados miembros de la OTAN y el nuevo enfoque de la industria en inteligencia artificial —centrado en ciberseguridad, computación cuántica, robótica y sus nuevas aplicaciones—, todo ello potenciado por la actual inestabilidad geopolítica.
Durante el pasado mes de marzo, la Comisión Europea presentó el denominado plan ReArmar Europa, anunciando un aumento de la inversión de 800.000 millones de euros —a través de la relajación de la disciplina fiscal y concesión de préstamos para inversión en defensa— e instando a los Estados miembros a aumentar gasto ofreciendo potenciales incentivos adicionales. Solo en España hemos visto un incremento del gasto en defensa de 3.500 millones de euros en lo que llevamos de año.
Este ambicioso plan deberá ser complementado necesariamente con iniciativa privada, a los efectos de garantizar una aceleración en innovación tecnológica, el empuje en la dualidad de tecnologías civiles y militares y la necesaria reducción de la dependencia en proveedores externos —clave para garantizar la soberanía y seguridad en áreas críticas—. Así opina la consultora Bain & Company en su reciente informe ‘Rethinking Defense: The Role of Private Capital’.
Prueba de que lo anterior comienza a despertar el apetito inversor dentro del sector del private equity —habiéndose multiplicado su exposición al sector defensa por dieciocho en los últimos diez años— es que fondos como Tikehau Capital, Nazca Capital o Hyperion vienen anunciando vehículos especializados desde hace meses.
Previsiblemente, esta nueva ola de inversión impulsará cambios significativos en el marco regulatorio de la UE, pero ¿serán éstos suficientes? Si bien es cierto que la Unión busca una mayor integración en materia de defensa, son los Estados miembros quienes conservan la soberanía sobre las autorizaciones de inversión en el sector —conforme al artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la UE— y durante los últimos años hemos visto un incremento notable del control regulatorio sobre inversiones exteriores.
Es de sobra conocido que el inversor huye del excesivo control regulatorio, siendo receloso de la indefinición, los ciclos presupuestarios y las potenciales dudas e incrementos de costes que generan la revisión —o necesaria autorización— por parte de un ente público de un proceso de venta o exit.
Así, si España quiere reforzar su posición en el mapa geopolítico y promover la inversión privada dentro del sector defensa —potenciando su industria nacional y los consorcios existentes a nivel europeo—, además del incremento del gasto, será necesario disponer de un marco regulatorio y fiscal más adecuado al panorama existente, sin perder de vista el interés nacional en controlar el acceso a dicho sector.
Del mismo modo, será necesario potenciar aún más la colaboración entre empresas privadas, centros de investigación y las Fuerzas Armadas y promover que entidades financiadoras faciliten el acceso al capital a industrias del sector, reduciendo riesgos, el escrutinio sobredimensionado y alineando las inversiones en defensa con los actuales mandatos ESG.
Además de la protección de los intereses nacionales y el aprovechamiento del momentum descrito en el presente artículo, estas políticas beneficiarán a España generando una mayor cohesión con sus socios europeos, la atracción de capital privado y la promoción de España (séptimo poder militar de la OTAN y octavo exportador de armamento a nivel mundial, según un estudio de 2023 del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo) como una de las principales potencias con capacidad real de investigación, producción y exportación en esta nueva carrera armamentística.
