El traspié de Arriaga: ¿se acabó el vender pleitos como churros?
En enero, Arriaga se declaró en concurso por no poder hacer frente a una deuda de casi 40 millones. Este precedente no será el fin de modelo de cobrar por ganar, según los analistas del sector
En 2011, un exfraile reconvertido en abogado aterrizó en el mercado legal y lo puso patas arriba. Su nombre, Jesús María Ruiz de Arriaga Remirez. Su fórmula, ganar pleitos en masa. Su enemigo, la banca. Y todo vitaminado con una agresiva campaña de publicidad: televisión, marquesinas de autobús, estands en centros comerciales o vallas en el metro. Todo valía para llegar a millares de afectados por los abusos de la banca. Nada podía fallar… a priori.
Arriaga Asociados, como fue bautizado, llegó a alcanzar facturaciones meteóricas (50 millones de euros en sus mejores años). Pero las críticas a su modelo de pleito en masa no tardaron en llegar. Industrializa el negocio legal y vende “litigios como churros”, dijeron algunos de los que auguraban que se trataba de un mercado sobredimensionado. En cualquier caso, el bufete, que llegó a contar con Iker Casillas como imagen promocional, fue capaz de colarse en el top de despachos con mayor facturación del país y aparecer en el retrovisor de gigantes como Garrigues, Cuatrecasas o Uría Menéndez.
La fotografía es bien distinta ahora. Arriaga Asociados ha solicitado el concurso voluntario con una deuda de casi 40 millones de euros con el fondo británico Pemberton. El bufete que atendió a más de 300.000 clientes, ganó más de 200.000 pleitos y tuvo una tasa del 90% de casos ganados se encuentra en aras de llegar a un acuerdo para reflotar un negocio que aseguran que sigue vivo.
¿Qué fue mal?
La anatomía de este fulgurante ascenso y su sonado traspié brinda varios puntos para el análisis. En primer lugar, ¿qué explica el pinchazo? En una nota, emitida hace unos días, el bufete señalaba sus propios culpables. “La falta de liquidez se debe principalmente a la retención de fondos por parte de la autoridad judicial”, afirmaron. El despacho también culpa de su situación financiera a “la lentitud de la justicia”, “las huelgas de los profesionales de la justicia” o “los prolongados retrasos en los juzgados especializados”.
Varios factores pueden explicar que el castillo de naipes de Arriaga se tambalee. Los analistas apuntan que la banca está ganando una partida de ajedrez a largo plazo, porque fue hábil al dilatar los plazos de los procedimientos a pesar de perderlos, sabedores de tener más pulmón financiero. La gallina de los huevos de oro –las cláusulas de hipotecas abusivas– se agota, algo que muchos predijeron. Fue entonces cuando llegaron las estrecheces en el despacho de Jesús María.
Lo común cuando una empresa tiene problemas de caja es acudir a los bancos para financiar su deuda. Pero en el caso Arriaga –en 2024 ejecutó un ERE que afectó a 150 empleados–, su contienda con las entidades financieras le enemistó, precisamente, con aquellas que podían sacarles las castañas del fuego. “Una vendetta siciliana”, señalan fuentes del sector. La única salida fueron los fondos, pero estos imponen condiciones de crédito más duras.
“Parece difícil que un despacho de abogados quiebre, pero se puede”. Fue el análisis del abogado Ignacio López-Hermoso, en un post en LinkedIn que consiguió cierta repercusión en la comunidad. “Cuando la gallina de los huevos de oro de las cláusulas suelo empezó a agotarse, intentaron diversificar su estrategia. Todos lo veíamos cuando apuntaron hacia divorcios y herencias en centros comerciales. Pero la abogacía no funciona igual en todos los sectores”, reseñó. Uno de los 400 empleados que llegó a tener Arriaga, y que prefiere guardar su anonimato, asegura que en el bufete existía una “nefasta dirección y gestión jurídica, procesal y comercial”, donde los directivos desconocían el día a día de los pleitos. “No se puede vender un servicio jurídico como hacer tornillos”, zanja.
Hay quien señala que el traspié de Jesús María, natural de Ocáriz (Álava) y quien fundó su imperio codo con codo con su mujer, ha sacado a relucir las debilidades del modelo de cuota litis. Este “es un imán para captar clientes”, señala Lidia Zommer, directora de Mirada360 y analista del sector legal; sin embargo, su talón de Aquiles estriba en que el éxito de la firma “depende completamente del flujo de caja futuro y de los tiempos judiciales”. Una auténtica ruleta rusa cuando la justicia tiene sus ritmos. “Cuando los procesos se alargan, la liquidez se resiente, y si un despacho basa demasiado su negocio en este esquema, la sostenibilidad se tambalea”, zanja Zommer.
“La caída de Arriaga puede tener dos efectos inmediatos: por un lado, los fondos de inversión y bancos endurecerán su análisis antes de financiar estos modelos; por otro, la presión por rentabilizar los litigios obligará a los despachos a optimizar su estructura financiera y a ser más selectivos con los casos”, analiza Zommer.
Por su parte, Miguel Ángel Pérez de la Manga, socio de la consultora legal BlackSwan, coincide en que estos modelos tienen “riesgos financieros” evidentes. Si bien, para el analista, el caso Arriaga no será el fin de la fórmula del “cobrar al ganar”. “Supongo que el negocio del pleito masivo continuará, y esto será un aprendizaje para mejorar”, reseña el consultor. No hay que olvidar, puntualiza, que la fórmula de Arriaga ha permitido pleitear a personas “que tenían muy difícil el acceso a la justicia por los costes previos a desembolsar”.
“No creo que haya caído Arriaga”, coincide Eugenia Navarro, consultora de gestión estratégica en el sector legal de LOIS. “El modelo tiene mucho sentido ya que se trata de una fórmula que democratiza los servicios legales”, asevera. Para la experta, el sistema Arriaga representa la industrialización de la abogacía, pero no es sinónimo de “baja calidad”, una crítica que velada o directamente ha soportado. En cuanto a las lecciones aprendidas por el traspié del gigante, Navarro apunta dos claves: el uso de la tecnología y la implantación de un sistema de caja que tenga en cuenta los tiempos de pago y financiación. ¿Por qué no utilizar soluciones innovadoras como la financiación de litigios por terceros o third party funding?, se pregunta.
Consecuencias
Más allá de Arriaga, muchas otras empresas se han subido al carro de los pleitos masivos de consumidores para explotar ese nicho de negocio. “Los modelos basados en honorarios a éxito requieren una planificación financiera que contemple la demora judicial y, en muchos casos, estrategias de financiación alternativa”, aseveran desde Ézaro Legal, una firma que presume de haber recuperado más de 20 millones de euros para sus clientes. Para los despachos que operan con altos volúmenes de litigios, explican, las demoras judiciales “pueden ser un obstáculo importante para la liquidez”. La firma ha diseñado un modelo en el que combinan honorarios a éxito con tarifas fijas para determinados servicios, herramientas tecnológicas para optimizar procesos y un escrutinio constante de la probabilidad de éxito en los asuntos por los que pelean
El modelo arriaga aúna tres factores: en primer lugar, trabaja causas que arrastran miles de consumidores afectados (cláusulas abusivas, reclamaciones contra aerolíneas o daños por cárteles, por ejemplo); en segundo término, son asuntos donde las probabilidades de ganar son muy altas; y, por último, y como consecuencia de lo anterior, los abogados aceptan excepcionalmente cobrar un porcentaje del dinero ganado solo cuando este llegue al bolsillo del afectado. Normalmente, el engranaje se refuerza con el abaratamiento de costes, para lo que se explotan las bondades de las herramientas tecnológicas.
¿Está herido de muerte el modelo de pleitear en masa? La lentitud de la justicia no ayuda. Según el Observatorio de la Justicia de la Fundación Aranzadi La Ley, presentado el pasado 21 de enero, la administración judicial sufre un tapón crónico. La jurisdicción civil, la puerta a la que tienen que llamar los consumidores en guerra, volvió a sumar un 6,4% más de asuntos que el año anterior. La duración media de los pleitos civiles fue de 8 meses y 26 días. La creación de juzgados especializados para ventilar los asuntos de abusos a los consumidores no ha aliviado del todo el panorama.
El pleito testigo
El llamado pleito testigo, que entró en vigor el 20 de marzo de 2024, está llamado a revolucionar las demandas por cláusulas abusivas y, de paso, las costas de los abogados que llevan este tipo de asuntos. A partir de entonces, los magistrados pueden designar un caso guía con el que resolver por extensión todas las demandas sustancialmente idénticas, que se paralizan a la espera de la resolución del asunto testigo. Sin embargo, como explica Aner Uriarte, juez decano de Bilbao, esta medida puede provocar que se desinfle el pastel de las costas procesales. Y es que, si al banco se le comunica la condena en el pleito testigo por un caso similar y se allana, no está claro que el juez pueda imponerle las costas. La ley no dice nada al respecto y hay gran expectación en la comunidad jurídica. Esta novedad puede forzar a los despachos a revisar su estrategia comercial.
Todavía no hay evidencia de la aplicación de la medida. La información de la que dispone el magistrado Uriarte es que, al menos en el juzgado especializado en Bizkaia (el Juzgado número 15 de Bilbao), la culpa de que no se haya utilizado el pleito testigo aún es del retraso de un año en la salida de asuntos, provocado por el aluvión de demandas que hubo antes de la reforma. “Es probable que para marzo o abril de 2025 se empiecen a incoar las reclamaciones presentadas después de la entrada en vigor del pleito testigo”, señala.
Al hilo de lo qué sucederá con las costas procesales una vez se ponga en marcha el pleito testigo, desde el Consejo General de la Abogacía Española subrayan que este tipo de firmas han proliferado en España gracias, en parte, al sistema de costas procesales existente, que sigue la regla genérica de que el que pierde paga. Esta situación, denuncia Manuel Mata, presidente de la comisión de deontología del CGAE, “ha incentivado pleitos masivos dirigidos por entidades que utilizan su artillería publicitaria para quedarse con las costas procesales”.
En ocasiones, apunta, “incurriendo en patentes fraudes procesales, como recientemente señaló la Sala Primera del Tribunal Supremo en su sentencia 1715/2024, de 20 de diciembre, en relación con otra sociedad de intermediación”. La resolución a la que hace referencia resuelve un caso en el que el Alto Tribunal apreció mala fe en las demandas por cláusulas bancarias abusivas provocadas con el único objeto de obtener un rendimiento económico superior a través del cobro de las costas.
Algunos colegios de la abogacía han criticado estos negocios por sus modus operandi alejado de la ética profesional. Por otro lado, añade Mata, “no cabe duda de que este modelo de negocio es responsable junto con la insuficiencia de recursos en la Administración de Justicia de la saturación del sistema judicial que padecemos”
Los bufetes o plataformas dedicadas a pleitos masivos deberán tener en cuenta también el tsunami de una futura ley que regule las acciones colectivas, un mandato de la Unión Europea. El plazo para integrar esta normativa en las leyes nacionales finalizó, pues debía estar operativa en junio de 2023. Pero todavía no hemos cumplido. El último intento del Ejecutivo por sacar adelante las acciones colectivas para unificar en un solo pleito miles de demandas fue la ley de eficiencia, de cuyo texto final desaparecieron. El proyecto duerme en el cajón del ministerio esperando su aprobación. Hay voces en el sector que denuncian presiones para frenar la norma.
Casi 5.000 millones en manos de los juzgados
Quejas. Arriaga Asociados tiene un culpable: la consignación de cuentas, es decir, el dinero que, retenido por la pegajosa burocracia judicial, no termina de llegar al bolsillo del ciudadano. La paralización de estas cantidades, de las que en muchas ocasiones cobran los abogados, está generando estrecheces económicas para los profesionales y para los ciudadanos.
Números. Según las últimas estadísticas del Ministerio de Justicia, a las que ha tenido acceso Cinco Días, a fecha del segundo trimestre del 2024 las arcas públicas judiciales atesoran más de 5.000 millones de euros. Se trata de dinero ligado a cualquier tipo de juicios por conceptos como fianzas, tasas o embargos, entre otros. La jurisdicción con más cantidad de dinero consignado es civil, que acumula unos 1.600 millones.
ICAM. Hace unos días, en la presentación del último informe del Observatorio de la Justicia de la Fundación Aranzadi LA LEY, que ahonda en las dificultades de los jueces para ejecutar sus propias sentencias, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, señaló que muchos bufetes pequeños y medianos atraviesan apuros económicos por la tardanza en liberar estas cantidades. “Hablamos de cifras que pueden estar suponiendo la ruina de algunas familias. En jurisdicciones donde el trabajo a cuota litis es clave, está trayendo un estrangulamiento financiero de muchos pequeños y medianos abogados”.
Ley. Ante esta tesitura, que Ribón definió como “dramática”, el ICAM anunció que presentará en breves una propuesta legislativa para que los ciudadanos puedan cobrar intereses por los retrasos en la devolución de este dinero cautivo, por un lado, y permita agilizar el proceso y evitar cuellos de botella, por otro.
Regiones. Por provincias, Madrid se lleva la palma en ser la región cuyos tribunales más dinero retienen, con un total de 900 mil millones de euros congelados. Lo que es razonable, al ser la comunidad donde más se pleita por una cuestión meramente poblacional. Le sigue Barcelona (509 mil millones), Málaga (230), Alicante (191) y Cádiz (156).
Proyecto. En 2023, el Ministerio de Justicia, por entonces comandado por Pilar Llop, anunción una innovadora herramienta para automatizar la devolución de este dinero cautivo. Según datos de Justicia, el proyecto acumula desde entonces un total de 2.186.866 operaciones, de las cuales 1.956.384 han finalizado correctamente. El plan de robotizar o automatizar estas transacciones tiene, por tanto, una tasa de éxito del 89%. La herramienta solo está disponible en el conocido como territorio ministerio, que abarca las comunidades autónomas que no tienen competencia propia en materia de Justicia, esto es, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla.