Abogadas al poder en los colegios de abogacía
El 77% de los colegios cumple con el cupo de mujeres en sus juntas directivas que exige la nueva ley de paridad, pero ellas solo ocupan el 28% de los puestos de decana
La abogacía institucional consigue un aprobado en materia de igualdad... pero con matices. El análisis de la composición de las juntas de gobierno de los 83 colegios de la abogacía que existen en España da pie a varias conclusiones: en primer lugar, que existe un notable avance del poder femenino en las cúpulas de poder de estos órganos colegiados, encargados de representar a los letrados y las letradas en las distintas regiones. De los 83 colegios, solo 19 no cumplirían con la Ley de Paridad, que entró en vigor el pasado 22 de agosto y exige a las empresas privadas, administraciones y colegios profesionales contar con, al menos, un 40% de mujeres en sus juntas directivas.
La fotografía no es, ni mucho menos, desesperanzadora: el 23% de las juntas tendrían que adaptarse a las exigencias de la normativa y alcanzar dicha cuota para 2029, el plazo que otorga la ley para cumplir con este hito. El avance del poder femenino en los colegios es notable: en 2018, 388 letradas ocuparon un sillón en alguna junta de gobierno colegial de 1.050 cargos (el 37% tuvo voz femenina); en cambio, en 2024, el número asciende a 430 de 902 sillones (el 48%), lo que supone un incremento de once puntos porcentuales en seis años.
Hay colegios, incluso, que sobrepasan con creces el suelo del 40% que marca la Ley de Paridad. En Figueres, por ejemplo, las mujeres copan el 70% de presencia en la dirección. María Sonsoles Jiménez Herrero, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Ávila, una de las instituciones con mayor presencia femenina en la junta (62,5%), afirma que este progreso es un hito histórico que se ha producido “por la incorporación progresiva de la mujer al ejercicio de la abogacía”. Y reconoce que el avance no solo refleja un compromiso con la inclusión, sino que también “enriquece nuestro trabajo con una variedad más amplia de experiencias y puntos de vista”.
Aunque al hacer zoom sobre los datos surgen costuras. La segunda conclusión es que existe un sonoro techo de cristal: las mujeres elegidas para decanas, el cargo de más poder en estos órganos, sólo suponen el 28% del total, es decir, hay 60 decanos varones frente a 23 decanas. El número de mujeres abogadas que ostenta el poder en los colegios crece, pero lento: en 2018, solo 11 llegaron a ocupar este cargo, que es elegido por todos los colegiados en listas abiertas.
Tendencias
La significativa diferencia entre el número de decanas y decanos puede significar dos cosas. En primer lugar, que la abogacía se incline más por los candidatos masculinos; o bien que ellas se presenten como candidatas al decanato en menor proporción. En cualquier caso, en España hay más abogados colegiados (85.521 hombres, el 55,50%) que abogadas (68.579 mujeres, 44,50%). Pero la cifra puede igualarse con los años. “En las generaciones más jóvenes ya se aprecia mayor presencia de mujeres que hombres”, lo que significa que “esta balanza cambiará en el futuro”, señalan fuentes del CGAE a CincoDías. “Parece lógico pensar que, en un plazo razonable, habrá un mayor equilibrio de decanos y decanas”. Aunque el tiempo que se tardará en conseguir dicha paridad es “todavía una incógnita”, admiten.
Aún con el déficit de decanas, la estampa es sustancialmente mejor que la imagen que reflejan los bufetes de abogados. En las sociaturas de los grandes despachos solo el 22% son socias, mientras que las mujeres ocupan el 57% de los puestos junior, según los datos recogidos por este medio. Por contra, en la abogacía colegial, de los 83 colegios, 44 (un 53,%) ya cuenta con juntas de gobiernos con más mujeres que hombres.
Los colegios que han optado por dar más poder a las mujeres en sus cúpulas son, por orden, el Ilustre Colegio de Abogados de Huesca (72%), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Figueres (70%) y el Ilustre Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat (70%). Mientras que las instituciones con menos presencia femenina en sus órganos de decisión son el Ilustre Colegio de la Abogacía de Cuenca (25%), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo (22%) y el Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena (20%).
Esther López Ferreras, decana del Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat, reconoce que, pese a que la ley de paridad exige un porcentaje de hombres y mujeres, es difícil de aplicar esta normativa en la práctica. La razón es que los miembros de los consejos se votan en elecciones abiertas mediante “listas abiertas”. “Las personas colegiadas votan directa y libremente a personas concretas, a candidatos o candidatas de cualquiera de las listas, como parte de un derecho constitucional, como no puede ser de otra forma”. “Solamente podría exigirse la paridad en la composición de las listas de cada candidatura, y siempre que hubiera candidatos suficientes”, agrega.
En la misma línea opina Ana Soria Moneva, decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Huesca y presidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, que considera que la ley de paridad no debe afectar en mayor medida a los colegios profesionales. La junta de Gobierno se constituye a través de un proceso electoral en el que cualquier colegiado es libre de presentarse, por lo que “difícilmente un colegio profesional puede equilibrar a los miembros de su junta, dado que, si no existen candidatos suficientes de un solo sexo, sean mujeres u hombres, no se puede obligar a nadie a ser candidato para cumplir con lo establecido en la ley”, afirma.
Cambios en la junta
A lo largo de este año han sido varios los colegios que han vivido movimientos en las urnas y han renovado algunos sillones de su junta, dando más presencia al sector femenino.
El Ilustre Colegio de Abogados de Burgos ha sido el último en renovar su cúpula. El pasado mes de julio nombraron a tres mujeres diputadas. Siguiendo los mismos pasos, en marzo, el colegio de abogados de Huesca renovó varios sillones y nombró a tres diputadas, una tesorera y una secretaria.
La ley orgánica 2/2024, más conocida como ley de paridad, busca conseguir una representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de poder de las empresas privadas, las administraciones públicas y las instituciones colegiales, para corregir la invisibilización de las profesionales en las cotas de poder de las entidades. El objetivo de la norma es que el sexo menos representado ocupe, como mínimo, el 40% de los puestos en las juntas.
Hay un inciso llamativo en la ley: se trata de una disposición que obliga a las entidades que no cumplan con este hito a explicar a la Administración por qué un sexo está sobrerepresentado en su órgano de control. Esto puede ocurrir si el porcentaje de miembros del sexo menos representado no alcanza el 40%, o bien si el más representado aglutina más del 60% de los cargos de la junta directiva.
En este caso, los colegios profesionales estarían obligados a dar explicaciones y justificar por qué la proporción de sexos en su gobierno no se mueve en la horquilla del 40-60.
Abogados o abogacía
Reflejo de que la batalla por la igualdad ha cristalizado en cambios reales lo encontramos en el propio nombre de los colegios, tradicionalmente conocidos como colegios de abogados. Una tendencia que cambió hace seis años, cuando algunas voces levantaron la mano y denunciaron que la nomenclatura invisibiliza la presencia de las mujeres en el gremio y discrimina.
¿Es correcta la denominación colegios de abogados en una profesión donde ellas copan el 44% del gremio? La cuestión ha levantado un acalorado debate en el seno de la abogacía colegial. Hay varias posturas. En 2018, el colegio de Bizkaia abrió la lata y decidió cambiar su denominación de toda la vida por la de Colegio de la Abogacía, para evitar discriminar a las abogadas, en mitad del debate por el lenguaje inclusivo. Siguieron su estela los colegios de Barcelona, Lleida y Tarragona, a los que se les unió Albacete, Lanzarote o Gijón.
Otros colegios, como Sevilla y Granada, que también votaron, optaron por conservar su denominación tradicional. En el colegio hispalense, la decisión de respetar la nomenclatura precipitó este verano la demanda de un grupo de abogadas en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital andaluza. Las demandantes alegaban que la decisión de conservar la antigua denominación era discriminatoria y excluyente, y en definitiva, las invisibilizaba a ellas.
En la actualidad, la mitad de los colegios censados han decidido seguir los pasos del colegio vasco y sustituir abogados por abogacía. Madrid y Barcelona sometieron la cuestión a referéndum entre sus colegiados y consiguieron el sí por amplias mayorías. Por su parte, el colegio de Tortosa es el único que optó por Colegio de Abogados y Abogadas.