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Ana Ercoreca, a favor del plan del Gobierno para monitorizar el registro horario de las empresas

La inspectora de Trabajo da el visto bueno si ayuda a frenar el fraude laboral

Una mujer rellenando un documento
Una mujer rellenando un documentoChinnapong (Getty Images/iStockphoto)

Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) ve, a priori, con buenos ojos la medida que quiere implantar el Gobierno de monitorizar el acceso remoto de la Inspección de Trabajo a los datos recopilados en el registro de jornada online, a través de terminales y aplicaciones informáticas. “¿Tener acceso a un registro digital? Los inspectores estaremos de acuerdo en utilizar todos los instrumentos que nos ayuden a detectar la jornada real del trabajador y evitar cualquier tipo de fraude que pueda producirse en su tiempo descanso o en el cobro de las horas extra”, afirma Ana Ercoreca.

Hace escasas semanas, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, comunicó públicamente la intención del Gobierno de eliminar el registro de jornada en papel y obligar a las empresas de más de 50 trabajadores a que dicho control horario sea siempre telemático. Y también, que permita a los inspectores a ver en tiempo real cuando un trabajador deja constancia de su entrada, salida o pausa para el café. Aunque de momento, se conoce que la autoridad que milita Pedro Sánchez es, por ahora, una mera sugerencia.

Además, los inspectores también están a favor de poner coto al registro en papel porque, principalmente, creen que es muy fácil de falsificar. De hecho, la sala de lo social de la Audiencia Nacional ya se pronunció, en una sentencia con fecha de 15 de febrero de 2022, sobre el límite de registrar la jornada en papel por estos riesgos de falsificación. Los magistrados fallaron y determinaron que las hojas de papel no podían considerarse un procedimiento efectivo para registrar la jornada laboral de los trabajadores, dando pie a utilizar mecanismos digitales.

La presidenta de los inspectores también ha dejado claro a CincoDías que este cuerpo de funcionarios requiere de más medios y refuerzos, como ya reclamaron el pasado mes de junio con una huelga, para poder cumplir con estas labores y con las que ya tienen actualmente. “La Inspección de Trabajo lleva años desbordada con una estructura laboral obsoleta, de muchos años y que es necesaria modernizar y actualizar”. En estas condiciones, el hecho de lanzar una aplicación o sistema para monitorizar el registro de jornada de las empresas, explica Ercoreca, “no significa que se vaya a hacer bien y se pueda controlar correctamente por parte de la inspección” y añade que el Ministerio de Trabajo “se tiene que esforzar en mejorar la estructura porque, en caso contrario, no habrá forma de hacerlo posible”.

A falta de conocer más detalles y en caso de que la propuesta avance, el Gobierno tendrá aclarar el tipo de sistema que se va a imponer a las empresas o si estas podrán contratar un software propio que de acceso remoto a los inspectores. “Deberán explicar su funcionamiento para evitar que este sistema de registro sea fraudulento, para que refleje realmente cuál es la jornada laboral y llevar un correcto control de las horas trabajadas de los empleados en sus respectivas empresas”, defiende la presidenta de los inspectores.

Impacto laboral

Tras el anuncio del Gobierno, los expertos ya analizan el posible impacto que puede suponer esta medida en el entorno laboral. Alfonso José Albarracín, abogado laboralista de Zurbarán Abogados, no tiene claro si este nuevo plan estaría alineado con el derecho a la protección de datos de los trabajadores. “Habría que ver la posición de los juzgados y tribunales en caso de que esta medida se apruebe. Aunque mi primera impresión es que esta iniciativa no es coherente los derechos de protección de datos y de intimidad de los trabajadores en el ámbito laboral, por lo que podría ser una posible intromisión en ciertas áreas de información”, expone.

Raúl Rojas, socio de laboral en Ecija, cree que esta medida no va a llevarse a cabo. Y, en caso de que finalmente se convierta en una obligación, opina que “podría tener un encaje legal, pero habría que tocar varias normas como el Estatuto de los Trabajadores o los procedimientos de inspección de Trabajo”. El abogado subraya que es importante esperar al texto que pueda proponer el Gobierno “para poder analizarlo con detalle y valorar sus repercusiones en relación con este procedimiento”, sentencia el abogado.

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