Los frentes abiertos que deberá resolver Bolaños en Justicia
Asumirá el puesto de Pilar Llop y conservará su puesto actual en Presidencia
Tras la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno por 179 votos a favor, el líder del PSOE renueva a su equipo de Gobierno y ha ascendido a Félix Bolaños como nuevo ministro de Justicia para sustituir las labores de la ya ministra saliente, Pilar Llop. Además, mantendrá su cargo de ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por lo que será siendo titular de las áreas políticas más importantes del gabinete. La primera tarea que tiene en frente el nuevo titular de Justicia es la tramitación de la polémica ley de amnistía. La primera parada será en Bruselas, donde tendrá que explicar a los socios comunitarios el encaje constitucional de la norma. La brecha abierta con los jueces será una de las situaciones a superar durante la vida de esta ley una vez que, presumiblemente, se apruebe en el Congreso de los Diputados. Precisamente el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, cumplirá en breve cinco años en funciones, por los que se deberá entregar a una negociación para su futura renovación.
Con la toma de posesión del nuevo cargo, Bolaños deberá hacerse cargo también de algunos flecos que asolan actualmente el Ministerio de Justicia. Entre ellos, deberá ocuparse de diversos frentes que han quedado abiertos con la gobernanza de Pilar Llop.
Subida salarial
Nada más recoger la cartera de Justicia, Félix Bolaños deberá retomar algunos frentes que su predecesora en el cargo, Pilar Llop, dejó abiertos. El más urgente, quizá, es el relacionado con la subida salarial que exigen los funcionarios de justicia. La reivindicación tuvo su punto álgido el pasado mes de junio cuando los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT denunciaron que Llop había bloqueado la negociación y protagonizaron un encierro que abandonaron un mes antes de la celebración de las elecciones generales del 23J. Los funcionarios pusieron el dedo en la injusticia que supuso que el ministerio sí hubiera firmado acuerdos con jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
Con este último colectivo, el departamento entonces capitaneado por Pilar Llop junto con el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, tuvo el mayor de los desencuentros de los últimos años. Los letrados judiciales protagonizaron una huelga que duró más de dos meses y que dejó unos tribunales más atascados y lentos si cabe.
Teletrabajo
Otra de las cuestiones que ha abierto una brecha recientemente con el ministerio es la eliminación del teletrabajo que, desde la pandemia, habían disfrutado los funcionarios de la Administración de Justicia. La decisión, del pasado 27 de octubre, ha encendido los ánimos entre los trabajadores que, además, se quejan de trato desigual puesto que hay comunidades como Valencia y Asturias en las que sí se ha respetado hasta dos días de trabajo desde casa. Los letrados de la Administración de Justicia enarbolan su batalla particular en este asunto ya que, al depender orgánicamente de forma directa del departamento ahora en manos de Bolaños, están obligados a volver a la presencialidad en todo el territorio español.
Leyes de eficiencia
La modernización de la planta y de la forma de trabajar en la Administración de Justicia será un capítulo clave en la era Bolaños. Las leyes de eficiencia (organizativa, procesal y digital) que preparaba el departamento, y que estaban listas para ser aprobadas en diciembre de este año, quedaron en un limbo tras la convocatoria de elecciones. Bolaños deberá retomar estas normas, que beben del plan Justicia 2030, y que son básicas para modernizar el trabajo y el servicio público de justicia. Uno de los colectivos que esperan la reforma son los procuradores, que volverán a pelear una mayor implicación en la fase de ejecución de las resoluciones judiciales para agilizar los tiempos.
Turno de oficio
Por último, el ministro Bolaños tiene sobre la mesa la petición conjunta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) del Consejo de Procuradores de España (CGPE) para incrementar las cuantías que cobran los profesionales del turno de oficio. La subida del 5% de los baremos ofrecida por Llop hace unas semanas resulta “totalmente insuficiente” para estos colectivos. Precisamente, este martes 21 de noviembre el colectivo de abogados y procuradores de oficio están llamados a una huelga que ha levantado polémica. Desde el ministerio se ha advertido que la huelga no tiene amparo legal.
Trayectoria
Ejerció como secretario general de la Presidencia del Gobierno desde junio 2018 hasta que fue nombrado ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en julio de 2021. Con anterioridad, y desde 2008, ocupó el puesto de letrado del Banco de España y, posteriormente, fue nombrado jefe de la división de asesoría jurídica laboral y documentación jurídica.
También fue profesor en el instituto de Empresa (IE Law School) y ha sido abogado en el bufete de Uría Menéndez. Ha sido premiado con la Cruz Distinguida de 2ª clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia, con el premio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y con el premio de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.
