Eugenio Ribón: “La Unión Europea es la garantía frente a los desafíos al Estado de Derecho”
El ICAM convoca esta semana a líderes políticos y a expertos a una cumbre sobre derecho europeo con el telón de fondo de la ley de amnistía
Hace casi un año que Eugenio Ribón cogió el timón del mayor colegio de abogados de Europa. Desde entonces, el decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) apuesta por un colegio en primera línea del debate social. Prueba de ello es la celebración de la I Cumbre del Derecho de la Unión Europea, los próximos 16 y 17 de noviembre, para divulgar su influencia y abordar los principales retos normativos a los que se enfrenta la UE a medio y largo plazo. La cita coincide con la presidencia española de la UE y con el telón de fondo del acuerdo de investidura PSOO-Junts que implica la aprobación de una ley de amnistía. CincoDías ha hablado con el decano sobre cuestiones candentes, como el citado proyecto de ley de amnistía o el impacto del ChatGPT en la profesión con la, en principio, inminente aprobación del reglamento regulador comunitario. “Mi misión es guiar al ICAM para que sea una institución proactiva”, asegura Ribón.
Pregunta. ¿Qué supone para el ICAM la celebración de la I Cumbre del Derecho de la UE?
Respuesta. Esta cumbre reviste una importancia singular para el ICAM por la vocación europeísta que caracteriza a esta junta de gobierno y porque es la primera, con este alcance y dedicada al derecho comunitario, que celebramos. Desde el punto de vista institucional, estamos muy orgullosos y agradecidos de haber logrado el mayor respaldo posible, con un comité de honor presidido por S.M. el Rey. También es relevante por el momento en que se celebra: durante un año en el que España ostenta la presidencia del Consejo y coincidiendo con la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 70 aniversario del Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Nuestro objetivo es facilitar el entendimiento del derecho de la UE y el acercamiento a sus instituciones por parte de la comunidad jurídica.
P. Usted es experto en derecho de consumo. ¿Qué beneficios obtienen los usuarios españoles por contar con el derecho comunitario?
R. El derecho comunitario aporta una capa esencial de protección y beneficios a los consumidores españoles. En primer lugar, establece un marco normativo común. Esto significa que un consumidor en España goza de las mismas garantías básicas que un consumidor en cualquier otra parte de la Unión. Además, y, sobre todo, la legislación de la UE ha sido pionera en el desarrollo de derechos clave para los consumidores, como el llamado “derecho al olvido”, que es, además, una aportación española. Como experto y abogado que ha defendido los derechos de los consumidores, puedo afirmar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido fundamental para avanzar en la interpretación y aplicación de estas normas.
P. Con una guerra a las puertas de la UE o la presión migratoria en las costas canarias ¿Cuáles son los retos más urgentes para el derecho comunitario?
R. Los desafíos que enfrenta el derecho comunitario son tan dinámicos como la realidad geopolítica y social de nuestro tiempo. La situación de conflicto en las fronteras de la Unión Europea plantea retos significativos en cuanto a la seguridad, la gestión humanitaria y la aplicación del derecho internacional. Por otro lado, la presión migratoria en las costas canarias destaca la urgencia de desarrollar una política migratoria común más robusta, basada en la solidaridad entre los Estados miembros y el respeto a las obligaciones internacionales. Es imperativo abordar de manera integral las causas de la migración, ofrecer canales legales y seguros para la migración, y garantizar la protección de aquellos que buscan refugio. Esta es una cuestión crítica tanto para el desarrollo del derecho de la UE como para el futuro de la Unión en su conjunto. Por ello, y especialmente después de la crisis migratoria de 2015, una de las prioridades de la actual agenda de la Comisión Europea ha sido sacar adelante el Pacto sobre Migración y Asilo, cuyo último expediente, el Reglamento de Crisis, ha sido aprobado recientemente. Además, estos desafíos no son únicos en su naturaleza; están interconectados con cuestiones más amplias como la política exterior, el cambio climático, la cooperación al desarrollo y la política de vecindad.
Desde el ICAM, abogamos por la formación continua de nuestros letrados en estas áreas y promovemos un diálogo constructivo con las instituciones de la UE para contribuir a la elaboración de políticas que respondan a estos retos con eficacia y con la visión de futuro que Europa necesita.
P.En clave nacional, ya hay acuerdo para una ley de amnistía que se prevé registrar en el Congreso. ¿Cuál es la postura del ICAM?
Frente al desafío que una ley de amnistía supone para un Estado de derecho ya de por sí amenazado por el mal funcionamiento del sistema de justicia, el ICAM no se quedará de brazos cruzados. De hecho, el pasado jueves aprobamos una declaración institucional. Precisamente, en el derecho europeo encontramos la respuesta a esos retos: la Unión Europea es la garantía frente a los desafíos al Estado de Derecho. No podemos olvidar que el marco legal español está sujeto, necesariamente, a los tratados que nos hemos comprometido a cumplir.
P. El año pasado, España planteó 41 cuestiones prejudiciales al TJUE, situándose en cuarto puesto en el ranking geográfico. ¿Es un indicativo de que los abogados conocen el potencial del derecho comunitario?
R. Es un claro testimonio del creciente conocimiento y del aprovechamiento del derecho comunitario por parte de nuestros abogados así como la voluntad y la capacidad para involucrarse activamente en su desarrollo y aplicación. En reconocimiento a esta realidad, desde el ICAM nos hemos comprometido con el fomento de la formación en derecho comunitario para mantener a nuestros colegiados al tanto de los últimos desarrollos.
P. La UE ha sido pionera en regular materias tan sensibles como la privacidad y, ahora, el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa. ¿Qué impacto tendrá la futura ley sobre la actividad de los abogados?
R. El uso de la IA introduce cuestiones sobre la interpretación y aplicación del derecho existente en contextos novedosos. La inteligencia artificial en la práctica legal no solo plantea preguntas sobre la responsabilidad y la toma de decisiones, sino también sobre cómo se pueden preservar los juicios profesionales humanos esenciales. Como decano, mi misión es guiar al ICAM para que sea una institución proactiva que no solo responda a los cambios tecnológicos, sino que también ayude a formar el marco regulatorio que los rodea.
La capacitación continua de nuestros abogados en tecnologías emergentes es esencial para proporcionar un asesoramiento jurídico que esté al día y sea relevante. Esto significa no solo entender las implicaciones legales de estas tecnologías sino también cómo utilizarlas de manera efectiva y ética. Otra preocupación se relaciona con la privacidad y la protección de datos. Con las nuevas tecnologías procesando una cantidad creciente de información personal, la confidencialidad del cliente y la protección de su información se vuelven críticas. Finalmente, es fundamental que abordemos la regulación legal de estas tecnologías para proteger a los consumidores y garantizar un campo de juego nivelado para los profesionales del derecho.
P. Mientras ChatGPT llega al trabajo en muchos sectores, los abogados siguen teniendo problemas de a pie: los baremos del turno de oficio son exiguos y las pensiones de algunos compañeros mutualistas no llegan a los 400 euros. Los abogados de oficio han anunciado una huelga indefinida a partir del 21 de noviembre. ¿Qué está haciendo el colegio para atender estas necesidades?
R. En estos meses hemos actuado por la dignificación del Turno de Oficio y la mejora de sus condiciones, hemos logrado acuerdos importantes con la Fiscalía y los máximos responsables de la Justicia en Madrid, consiguiendo por ejemplo nuevas salas para la abogacía que presta asistencia a detenidos o plazas de aparcamiento para los profesionales de guardia. No es tolerable que quien presta un servicio con sus propios medios que se prolonga con frecuencia hasta 72 horas por menos de 2 euros/hora no tenga la posibilidad de aparcar en un juzgado o comisaría con plazas libres y se le conmine a la búsqueda errante de un aparcamiento a las 3 de la madrugada. Estamos trabajando activamente con las autoridades competentes para actualizar y mejorar los baremos. Esta junta se sumó a las protestas de abril de toda la abogacía: no se estaban reivindicando únicamente cuestiones de retribución, se estaba reivindicando la dignidad de una profesión que hace que, gracias a los abogados, exista justicia. Como decano del ICAM, y como abogado responsable de mi propio despacho y, además, letrado del turno de oficio, defiendo que no existen dos abogacías: una institucional y otra real. En cuanto a las pensiones de los abogados mutualistas, fuimos el primer colegio en pronunciarnos en apoyo de estas justas reivindicaciones y en presentar la primera y única proposición no de ley en el ámbito donde esta cuestión puede resolverse, que no es otro que el Congreso de los Diputados.
