El ICAM en contra del 'lawfare': “Tomaremos acciones procedentes en defensa del Estado de Derecho"
Procuradores, Jueces y el CGPJ también se suman al rechazo
El ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha emitido un comunicado en el que rechazan el reciente acuerdo suscrito este jueves entre el PSOE y JUNTS. Un pacto que facilita la próxima investidura de Pedro Sánchez y que incluye la aprobación de una ley de amnistía para todos los integrantes del procés. A través de un documento escrito, el decano del colegio, Eugenio Ribón, ha manifestado su disconformidad y preocupación en el que avisan de que tomarán “cuantas acciones sean procedentes en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes”.
El documento refleja una serie de puntos por los que el ICAM muestra su absoluto rechazo. La abogacía de Madrid manifiesta su negativa para usar el término lawfare (instrumentalización de la justicia con fines políticos referido a los Juzgados y Tribunales) ya que consideran que no tiene lugar en un Estado de Derecho. “Es inaceptable la creación de comisiones parlamentarias de investigación que fiscalicen la actuación jurisdiccional”, expresa el ICAM.
Desde el colegio, apuntan que el Estado de Derecho se estructura conforme a dos principios: la sumisión de los jueces a la ley junto a la independencia judicial. Dos aspectos que se ven mermados con la firma del acuerdo y que “debe ser respetado y acatado por todos los actores públicos y privados; lo que exige un llamamiento a la responsabilidad”, señalan.
“La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea rigen toda actuación, incluyendo la de los partidos políticos, debiendo ser no solo asumidos y aplicados, sino también defendidos por todos los poderes del Estado y la sociedad civil”.
Por último, recalcan que la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada siempre al principio de legalidad constitucional, y añaden que "la separación de poderes, fundamento del Estado democrático, y sus mecanismos de control y contrapesos, imponen el pleno respeto y acatamiento a los tribunales de justicia y su función jurisdiccional".
En contra
El Ilustre Colegio de Abogados de Granada (ICAGR) también se ha posicionado en contra del acuerdo del PSOE y Junts. La Junta de Gobierno cree que el nuevo pacto supone "un ataque frontal al Estado de Derecho en sus más elementales fundamentos, al poner en serio peligro la independencia del Poder Judicial y el principio básico de separación de poderes". Resulta inadmisible permitirse cuestionar desde el poder político -a través de las denominadas “comisiones de investigación”- las actuaciones de los Jueces y Tribunales y si se ha producido lawfare. Y añaden, desde el colegio, que rechacen la propuesta de acuerdo e instan "a los poderes públicos a que rectifiquen los términos del mismo, para salvaguardar nuestro Estado de Derecho y los principios constitucionales que los abogados hemos jurado o prometido cumplir.
El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) también ha evidenciado de forma paralela su absoluto desacuerdo con el pacto suscrito por los partidos políticos. A través de un comunicado, ha postulado su rechazo en el que reiteran su “firme apoyo a la Constitución y a los valores que contiene. “Los procuradores, operadores imprescindibles de la Administración de Justicia, no pueden sino respaldar la independencia del Poder Judicial y por tanto de las decisiones emanadas de juzgados y tribunales”, manifiestan.
En este mismo compás, también han dejado constancia de su negativa al uso del lawfare ya que su utilización solo supone una forma de control que “en absoluto tiene cabida en un Estado de Derecho que propugna la igualdad material y formal entre todos los españoles”.
Los procuradores, a través de su comunicado, manifiestan no solo su preocupación sino el temor que supone las pretensiones del Gobierno. “El Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid ejercitará cuantas acciones estén en su mano en defensa de la Constitución y los principios del Derecho de la Unión Europea, en el firme convencimiento de que sin respeto a la separación de poderes la democracia está en peligro”, puntualizan.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también manifestó, mediante un comunicado, su rechazo a la aplicación del lawfare. Para el Poder Judicial, supone "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes". Y advierten de que, en caso de materializarse, "determinaría su más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos".
Finalmente, alrededor de 80 jueces decanos de toda España también se suman a una amplia lista de manifestantes en contra del acuerdo del PSOE. El colectivo estima que el acuerdo puede suponer la revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales con intromisión en la independencia judicial, lo que provocaría una separación de poderes. "El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", concluyen.
Por otro lado, hay otras entidades del sector como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), que ha decidido abstenerse para evitar posicionamientos y garantizar una "neutralidad política".
