28-M: las propuestas de los partidos en justicia, la administración pobre de los programas autonómicos
Los principales partidos, PSOE, PP, Vox, Podemos y Cs, pasan de puntillas por los asuntos que afectan a los juzgados o al turno de oficio
Este domingo se celebran elecciones autonómicas en Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No acudirán a las urnas los ciudadanos de Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León, que ya lo hicieron entre 2020 y 2022. Además, se celebran elecciones en los más de 8.000 municipios de España.
La importancia de estos comicios es notable, pues, además de decidir el devenir de los gobiernos autonómicos, son la antesala de las elecciones generales, que tendrán lugar a finales de este año, salvo que el Gobierno de coalición no agote la legislatura. Los principales partidos de ámbito nacional, PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, se juegan si los socialistas mantienen la hegemonía a nivel autonómico y local de 2019 o si el mapa político vira al azul. Mientras Vox pretende entrar en los Gobiernos autonómicos, como hizo por primera vez en Castilla y León el año pasado, Unidas Podemos aspira a marcarle el paso al PSOE. Ciudadanos, por su parte, lucha por sobrevivir, mientras que Sumar, la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz, no se presenta a la primera cita política del año. Sí concurrirá a las elecciones generales, aunque está por ver si llega a un acuerdo de coalición con Unidas Podemos.
En los programas electorales de cada formación, la justicia vuelve a ser la Administración pobre. En un momento de gran tensión debido a la paralización de los procedimientos, primero por la irrupción del coronavirus y luego por las huelgas consecutivas de letrados judiciales y funcionarios de los juzgados, a las que se une el malestar de jueces y fiscales por sus condiciones salariales y de la abogacía de oficio por la cuantía de los baremos o la demora en los pagos, las propuestas pasan de puntillas por estos asuntos.
En el programa marco autonómico del PSOE, que recoge propuestas para todo el territorio, sin perjuicio de su concreción en los programas autonómicos específicos, apenas hay referencias a la justicia. Las propuestas se centran en “impulsar protocolos para que los juzgados de violencia de género sean espacios adecuados para las víctimas”, de forma que “no tengan que permanecer en la misma sala que sus maltratadores ni encontrarse con ellos”.
El PP también propone mejoras en justicia para “erradicar” la violencia sobre las mujeres. Se compromete a “completar la integración del sistema VioGen con las unidades de valoración forense integral de los institutos de medicina legal del Ministerio de Justicia y las comunidades”. No obstante, los de Feijóo son los más extensos en las propuestas, al destinar un apartado de su programa marco a la “justicia ágil”. Proponen “culminar la digitalización de la gestión judicial, medidas de apoyo en recursos humanos” o “la creación de nuevos juzgados”. En lo que respecta a la abogacía de oficio, quieren “impulsar el equilibrio en las indemnizaciones, así como una adecuación de las tarifas y el pago puntual”. Tras el último portazo de Génova a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato expirado desde 2018, subrayan que “la justicia no sería justicia si no somos tremendamente respetuosos con la independencia de nuestros jueces”.
A pesar de tratarse de unas elecciones autonómicas, y no de ámbito nacional, Vox propone una “reforma del Poder Judicial para su independencia real del poder político”, de forma que “la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y del CGPJ sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la justicia”. También la “supresión del Tribunal Constitucional, asumiendo sus funciones una sala sexta del Tribunal Supremo”, y del jurado. Asimismo, los de Abascal plantean la “derogación de la ley de violencia de género” y la “supresión” de lo que llaman “organismos feministas radicales”.
Aunque el programa marco de Unidas Podemos no recoge medidas orientadas a la Administración de justicia, propone “luchar contra las violencias machistas” y “proteger la libertad sexual y los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI”.
Ciudadanos, que tampoco propone medidas para la justicia en su programa marco autonómico, habla de “reforzar la Administración Pública digital (en general), los sistemas de verificación, inspección, control y sanción”.
A la conquista del votante
PSOE. Sus tres pilares son “la ejecución y visibilización del Plan de Recuperación, con el sustento de los instrumentos financieros de los fondos Next Generation EU”; la “cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas” y “la atención de las necesidades y los derechos de la ciudadanía en un contexto de inflación alta”.
PP. Propone “mejorar la calidad institucional” porque, a su juicio, ha sido degradada por “las políticas independentistas y populistas”. Y ello desde “la neutralidad legislativa y judicial”. También se compromete con el Estado de las autonomías y a “promover mejoras normativas”, entre las que destaca poner fin a la ocupación ilegal en un máximo de 24 horas.
Vox. Aunque ha reclamado la disolución de las autonomías, se presenta a las elecciones proponiendo “leyes antiokupación” que amplíen el concepto de legítima defensa. También plantea una “ley para las víctimas del terrorismo” que “impida homenajes a asesinos” y la “desarticulación efectiva de ETA”. Acusa a los “organimos europeos” de “amparar a terroristas”.
Unidas Podemos. Se compromete a garantizar una sanidad y educación “pública, de calidad y gestión directa”, así como “el derecho a la vivienda digna”. También propone la “intervención de los mercados” (eléctrico o gas) y la creación de supermercados, banca, inmobiliaria o farmacéuticas de carácter "público", así como una “fiscalidad progresiva”.
Ciudadanos. Bajo la idea de que “la Unión Europea y su mercado único son la solución para nuestra economía”, propone eliminar “trabas burocráticas” para que las empresas puedan “crecer e innovar”, al tiempo que apuesta por la “colaboración público-privada”. También se compromete a luchar “contra la malversación de dinero público”.