Los trabajos tecnológicos, una oportunidad para los refugiados LGBT+ en España
Las crecientes demandas de asilo por la orientación sexual y el déficit de perfiles técnicos llevan a las empresas a plantear su contratación
España ha dejado de cubrir 10 mil empleos en el sector tecnológico “por falta de cualificación” profesional, según una encuesta de la patronal de empresas tecnológicas DigitalES. Al mismo tiempo, es uno de los países europeos que registra más peticiones de asilo. De acuerdo con Eurostat, en 2020 se situó en segundo lugar, solo por detrás de Alemania. Y aunque no hay datos oficiales desagregados, "sí hay constancia de un aumento considerable de peticiones relacionadas con la orientación sexual e identidad de género" de los solicitantes, según un informe de 2020 del Gobierno de Aragón y de Accem, una organización especializada en la atención a personas refugiadas.
Estas circunstancias han llevado a la red profesional myGwork, que vela por la inclusión de las personas LGBT+ en las empresas, a plantear la “posibilidad de atraer hacia las compañías el talento” de estas personas, según explica Miguel Garzón, su director en España y América Latina. Y ello porque “gracias a diferentes proyectos se están formando en el campo STEM”, es decir, en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. “La incipiente apuesta de las empresas por la diversidad y la inclusión hace que debamos recorrer este camino”, señala en vísperas del congreso que la red profesional organiza este jueves en la nueva Torre IE de Madrid, patrocinado por Google y con representación de compañías como Netflix o Glovo, para promover su contratación.
No en vano, 69 países de la ONU aún castigaban las relaciones homosexuales a finales de 2020, seis con pena de muerte, según un informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). La mayoría en África, algunos en Asia y varios en el Caribe Oriental. Europa, por su parte, se ha enfrentado en los dos últimos años a las llamadas “zonas libres LGBTI” de Polonia, que excluían a los homosexuales de ciertos lugares, mientras que Hungría ha prohibido la adopción a parejas del mismo sexo. Rusia también impidió formalmente el matrimonio a los homosexuales el año pasado tras un cambio constitucional para permitir que su presidente, Vladímir Putin, pudiera ser reelegido en 2024 tras 20 años en el poder.
Amenazada de muerte
Detrás de la frialdad de los datos se encuentran historias como la de Lucía Mejía, una de las refugiadas LGBT+ que ha llegado a España amenazada de muerte. Tuvo que huir de El Salvador tras sufrir “persecución y acoso” debido a su “identidad de género” por parte de las denominadas “maras”, pandillas criminales cuyas actividades incluyen violaciones, secuestros o asesinatos por encargo. Con un grado técnico en ingeniería de sistemas informáticos, busca trabajo como programadora junior, administradora de sistemas en la nube o en el campo de redes informáticas. “La decisión de venir a España se debió a que las personas gozan aquí de una libertad y una aceptación que en otros países son muy poco probables”, relata.
Sin embargo, el camino legal que tienen que recorrer estas personas no es fácil. Como explica Aída Aparicio, abogada de extranjería del bufete APM Global, el acceso al mercado laboral de los trabajadores no nacionales de la Unión Europea viene regulado en dos leyes: una de 2013 y otra de 2000. La norma más reciente regula el proceso “para tramitar permisos de residencia y trabajo como personal altamente cualificado”. Para ello, ha de haber una oferta laboral sobre “puestos de alta cualificación, con un salario superior a 41.000 euros anuales (salvo para menores de 30 años) y que exijan titulación universitaria”.
El problema es que no todas las personas pueden cumplir esos requisitos. En el resto de casos, “solo queda pedir asilo” porque la ley de 2000 “exige que se tenga en cuenta la situación nacional de empleo para poder obtener autorización de trabajo”, lo que en la práctica “hace imposible su tramitación”, advierte. Así, la persona debe “justificar” la persecución o el peligro concreto que conlleva su orientación sexual o identidad de género para su vida en particular en su país de origen ya que no basta con que los ordenamientos jurídicos nacionales las castiguen, incluso con pena de muerte.
El largo camino legal de los solicitantes
Ginebra. La Convención de Ginebra dice que se puede pedir asilo, cuando haya “fundados temores de ser perseguido”, por “pertenencia a un grupo social determinado”. A pesar de que se hizo en 1951, no menciona específicamente a las personas LGBT+. España ha modificado su legislación para incluirlas, aunque menos del 5% de las solicitudes totales fueron concedidas en 2020, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Pruebas. Es necesario probar sobradamente que el solicitante es una persona LGBT+. Para ello, se valoran diferentes criterios. Pero algunos pueden afectar a su “intimidad”, considera la abogada Aparicio, como las preguntas de tipo sexual. Otros se basan en “estereotipos sobre cómo debe ser una persona LGBT+”, critica un informe del Gobierno de Aragón.
Asilo. Una vez admitida a trámite la petición, el solicitante recibe una tarjeta roja que no le permite trabajar. A los seis meses se debe renovar. Si el trámite no es denegado, puede acceder al empleo y cotizar. Pero si finalmente se rechaza el asilo, la única opción es pedir un permiso de residencia a través del “arraigo laboral” siempre que lleve dos años en España y haya cotizado un mínimo de seis meses.