El CGPJ dice que no tiene competencia para actuar contra el señalamiento de juicios para 2026
El órgano de gobierno de los jueces rechaza por segunda vez la queja de un abogado sevillano que ha llevado este problema al Tribunal Constitucional
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado por segunda vez la queja de un abogado sevillano que lidera una causa contra las consecuencias de la lentitud de la justicia. Daniel Sánchez, que ha llevado hasta el Tribunal Constitucional su lucha contra el señalamiento de un juicio por despido para 2024, volvió a quejarse antes el órgano de gobierno de los jueces pidiendo medidas y soluciones.
Sin embargo, en un documento firmado por el promotor de la Acción Disciplinaria de la atención al ciudadano al que ha tenido acceso Cinco Días Legal, el CGPJ ha vuelto a desmarcase reiterando que carece de competencias sobre el señalamiento de vistas. “La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que la fijación de los señalamientos por parte del órgano judicial es una actividad cuasi jurisdiccional en la que los órganos gubernativos carecemos de competencias”, afirman.
Daniel Sánchez ya había elevado anteriormente su protesta a la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces con la esperanza de que se adoptaran “medidas para evitar que estos señalamientos tardíos se produzcan”. El CGPJ respondió que entendían el problema (provocado por la falta de juzgados en la capital hispalense) pero que no les era posible "adelantar los señalamientos, pues carecemos de competencias para ello y, además, redundaría en perjuicio de los restantes asuntos a la espera de juicio o vista".
Algo sobre lo que no está de acuerdo el abogado sevillano. Según el letrado, “la función principal del CGPJ, según indica su propia web, es la gestión de la administración de justicia". Es más, añade, “le corresponde la mejora de la calidad de la justicia como presupuesto del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”.
Juicios para 2026
Un derecho que los ciudadanos ven cercenado cuando tienen que esperar años para poder ventilar asuntos sencillos como un despido improcedente. “No estamos ante señalamientos a varios meses vista, sino ante juicios para dentro de dos, tres, cuatro o cinco años. En Sevilla ya se están señalando juicios para abril de 2026”, clama. El letrado sigue recabando apoyos institucionales y llamando a las puertas de otros colectivos que comparten funciones en la administración de justicia, como los letrados judiciales, actualmente en pie de guerra con el ministerio por sus condiciones laborales.
La respuesta del CGPJ ha indignado al letrado que se pregunta “si la mejora de la calidad de la justicia se traduce en archivar, sin más, estas quejas”. En su opinión, el consejo podría haberse dirigido al Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencia en esta materia para denunciar la situación y proponer medidas concretas. Incluso, añade, llevar a las Cortes Generales la memoria anual donde se refleja esta cruda realidad.
Lo cierto es que, en el documento enviado al letrado, se apunta a la falta de medios y la excesiva carga de trabajo como las causas de la situación de lentitud en los juzgados. “La causa de la lejanía en su señalamiento es el exceso de juicios a realizar sobre una estructura de número de Juzgados claramente insuficientes para esa capital”, se dice. Sin embargo, se añade, “ponemos en su conocimiento que la creación de nuevos órganos judiciales y aportación de medios para evitar estas dilaciones corresponde al Ministerio de Justicia”.
La impresión de Daniel Sánchez es que el órgano de gobierno de los jueces está "lanzando balones fuera". "Entiendo que este asunto es una patata caliente pero tenemos que solucionarlos con el apoyo de todos", lamenta. "¿Cómo es posible que el CGPJ ponga en mi conocimiento que la creación de nuevos órganos judiciales y aportación de medios para evitar estas dilaciones corresponde al Ministerio de Justicia y no se dirija directamente a él? ¿No es esta una de sus funciones?", se pregunta.
El letrado, que va a aportar el documento del CGPJ a la causa por amparo que ha iniciado en el Tribunal Constitucional, no se desanima y seguirá luchando "por defender los derechos de los justiciables a su tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones, pues una justicia tardía no es justicia". De hecho, gracias a un recurso, consiguió que un juicio que estaba fijado para mayo de 2024 se reasignara y celebrase el pasado 22 de noviembre de 2021.