El derecho penal económico: la gran apuesta de los despachos
Las empresas cada vez más preocupadas por identificar sus riesgos penales Jueces y fiscales entre los fichajes para estas áreas
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal en 2010 así como su posterior reforma en 2015, en la que se precisaban importantes conceptos como el "debido control" empresarial, han supuesto un gran impulso al derecho penal económico y en concreto, al compliance o cumplimiento normativo penal. Ignacio Sánchez, abogado responsable del departamento de Penal Económico de la oficina de Hogan Lovells en Madrid, destaca que "Hoy los clientes no solo demandan la asistencia de un penalista en procedimientos judiciales sino también para la implantación de modelos de cumplimiento normativo y el establecimiento de controles penales específicos".
Las empresas de todo tipo públicas, privadas, cotizadas o no y pertenecientes a los sectores más variados recurren cada vez más a los despachos para la implantación de modelos de prevención de delitos. Y es por ello, que muchas firmas legales como Écija o Ramón y Cajal Abogados han optado por crear un área dentro del departamento de derecho penal económico especializada en compliance penal. Alonso Hurtado, socio de ECIJA y Vicepresidente de ASCOM explica que las empresas prefieren acudir a despachos externos para la elaboración de estos modelos de cumplimiento normativo antes que hacerlo a través de sus asesorías internas porque buscan "una amplia experiencia en el conocimiento y manejo de las metodologías específicas de identificación, análisis de riesgos y definición de controles de cumplimiento que permiten garantizar una adecuada eficacia del sistema".
Importantes fichajes
El crecimiento en la demanda de estos servicios de compliance y que cada vez sea más frecuente encontrar a empresas "en el banquillo", ha motivado sin lugar a dudas, que los despachos refuercen sus áreas de derecho penal económico con importantes fichajes.
Helena Prieto González
Antes de su incorporación en el área de área de Derecho Penal Económico de Garrigues llevaba 8 años como fiscal adscrita a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado
Personalidades de reconocido prestigio, también del ámbito público como fiscales o jueces, se han unido en los últimos años a grandes despachos multidisciplinares para consolidar los servicios prestados en este ámbito del derecho penal. Entre ellos destacan algunos como el de Jesús Santos, ex teniente fiscal de la Audiencia Nacional que se incorporó en 2012 a Baker & McKenzie; el de Bernardo del Rosal, catedrático de la Universidad de Alicante que fichó en 2012 por Clifford Chance o las incorporaciones en Garrigues del ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce en 2015 y Helena Prieto, fiscal adscrita a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, en junio del pasado año.
Juan Antonio García Jabaloy
Fiscal de la Audiencia Nacional desde julio de 2004 hasta su incorporación a la oficina de Madrid de DLA Piper en julio de 2016
Otras recientes incorporaciones, procedentes del sector público, en departamentos especializados en derecho penal económico en el último año, han sido la de Juan Antonio Garcia Jabaloy, fiscal de la Audiencia Nacional, en DLA Piper; la del teniente fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos por la firma Bardají & Honrado Abogados; la de Íñigo Gorostiza, fiscal de Delitos Económicos en Vaciero Abogados o la del magistrado Javier Gómez Bermúdez en Ramón y Cajal.
Javier Gómez Bermúdez
A principios de este mes de julio Ramón y Cajal Abogados anunció la incorporación del magistrado enlace de España en Francia, Javier Gómez Bermúdez, a su área de Derecho Penal Económico.
Un área transversal
El derecho penal económico, es además un área muy amplia que engloba todo tipo de delitos en los que puede incurrir una persona jurídica, desde delitos societarios a delitos fiscales, estafas, delitos contra el patrimonio, contra la seguridad social, contra los derechos de los trabajadores, o incluso contra el medio ambiente, entre otros.
Es por ello que tal y como señala Gabriel Castro, socio de Garrigues y responsable del área de Derecho Penal, "este área requiere la colaboración con otros departamentos del despacho y en particular con las áreas mercantil, fiscal o laboral". En este sentido desde la firma Ontier indican que "al ser muchos de los delitos que generan responsabilidad para la empresa normas penales en blanco que nos remiten a normas extra penales, en el despacho solemos ofrecer un asesoramiento integral en materia de cumplimiento". Un aspecto en el que todos están de acuerdo, también el despacho Ramón y Cajal Abogados que destaca el carácter transversal de su especialidad de compliance "conformada por abogados de los departamentos de Derecho Penal, Mercantil y Regulatorio".
Los despachos también coinciden en que el derecho penal económico supone un porcentaje muy representativo de su facturación, el cual además sigue una tendencia de crecimiento. Es más, el sector prevé que la demanda de servicios relacionados con este área siga creciendo durante los próximos años, por lo que cabe predecir que continuaran las incorporaciones de profesionales especializados que contribuyan a la consolidación de sus despachos como referentes en la materia.