El programa de cese anticipado en la actividad agraria no ha cumplido las expectativas que suscitó cuando fue creado, a finales de los años ochenta. Pese a todo, en los últimos años ha logrado un cierto ímpetu, con unos 2.000 beneficiarios anuales. La baja cuantía de las percepciones y los requisitos cada vez más complicados que se requieren no invitan a los agricultores a dejar su trabajo.
Un informe interno elaborado por el Ministerio de Economía revela que el 43,7% de los ingresos no financieros netos de transferencias de las corporaciones locales procede del suelo y la vivienda. Dada la magnitud de la cifra, el citado estudio pone de manifiesto la necesidad de abordar con urgencia una reforma del sistema de financiación local para que el suelo deje de ser masivamente utilizado por los municipios como esencial fuente de recursos.
El Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y representantes económicos y sociales del archipiélago trabajan actualmente en cinco medidas para defender los intereses de los residentes frente a los trabajadores y la inversión procedente del exterior de las islas.