La Mutualidad se pertrecha para dejar de ser alternativa a la pensión pública
La aseguradora de los abogados dispone de 600 millones para operaciones inorgánicas
La Mutualidad de la Abogacía —que ahora se presenta con el nombre comercial de Mutualidad, a secas— se prepara para el marco legislativo que se avecina. Esta aseguradora profesional ha presentado un plan estratégico para seguir creciendo. Y para hacerlo aunque se concrete la amenaza legal de dejar de ser alternativa a la pensión pública, como ha sido desde su creación en 1948. Una de las opciones es comprar una gestora de fondos de inversión, para diversificar el negocio, y buscar acuerdos para ofrecer seguros de decesos, de dependencia y residencias para mayores. Para ello dispone de 600 millones de euros.
Las mutualidades profesionales se crearon durante el franquismo para permitir el acceso de sus mutualistas (abogados, ingenieros, arquitectos y también empleados de banca o administraciones públicas) a un sistema de ahorro para la jubilación y de prestaciones para situaciones de invalidez. Con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Social, muchas de estas mutualidades desaparecieron, pero otras, como la Mutualidad de la Abogacía, siguieron siendo una alternativa a la cotización para obtener una pensión pública.
Este doble sistema hace que un abogado autónomo pueda decidir si quiere hacer aportaciones a la Mutualidad o si prefere cotizar al Régimen Especial para Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. El problema es que ahora, cuando algunos se están jubilando, han comprobado que haber optado por el sistema mutual ha hecho que tengan pensiones muy bajas, al haber aportado poco.
Eso ha generado un enorme malestar en muchos profesionales del mundo del Derecho que reclaman que esas contribuciones al esquema privado puedan traspasarse al RETA, para percibir una pensión pública. Este mismo fin de semana hubo en Madrid una manifestación multitudinaria de abogados, procuradores y arquitectos pidiendo esa vía para transitar hacia las pensiones públicas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva más de un año trabajando en esa pasarela para transitar de la Mutualidad a la Seguridad Social. La ley está entrando en la última fase de su tramitación. Ahora bien, esa normativa también pretende acabar con la denominada “alternatividad” de las aportaciones mutuales. Es decir, que los abogados (o procuradores u otros colectivos afectados) puedan decidir si cotizan para la Seguridad Social o si lo hacen para la mutualidad profesional correspondiente.
Durante estas décadas de funcionamiento, la Mutualidad de la Abogacía se ha convertido en un gigante financiero, con unos activos bajo gestión que ya rozan los 12.000 millones de euros, concentrados en bonos, inmuebles y renta variable. Aunque la base de su funcionamiento era ser alternativa al RETA, con los años y los cambios en la profesión de la abogacía —cada vez menos trabajadores autónomos y más empleados asalariados— han ido fomentando productos que no son estrictamente una alternativa a la cotización a la Seguridad Social. De hecho, el 70% de los activos de esta mutua aseguradora son de ahorro voluntario y solo un 30% son alternativos al RETA.
Ahora, con la normativa entrando en su recta final, la Mutualidad tiene la amenaza de que 60.000 de sus mutualistas opten por cambiar a la Seguridad Social y se lleven consigo ese 30% de patrimonio que administra la compañía. Por eso, en el plan estratégico 2025-2028, presentado hoy, se ha planteado el escenario más negativo de pérdida de toda esa masa de clientes. Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de la Mutualidad, asegura que “esa posibilidad de que todos los mutualistas alternativos se pasen al RETA es casi remota, pero nosotros queremos estar preparados para cualquier situación”.
La Mutualidad quiere hacer valer sus buenos resultados de gestión de activos, basados en la prudencia y en un estricto control de costes, para tratar de acercar a la compañía a nuevos colectivos. No solo profesionales del mundo del Derecho, sino también economistas, periodistas, empresarios...
El plan estratégico contempla que el número de mutualistas pase de los 210.00 actuales a 226.000 en 2028, compensando sobradamente las posibles salidas que provocará la aprobación de la pasarela. En términos de primas anuales ingresadas, la entidad quiere llegar a rozar los 800 millones de euros al final del plan estratégico, frente a los 600 millones de euros actuales.
Nuevos negocios
En su afán por seguir creciendo, los directivos de la Mutualidad contemplan varias vías. Por un lado, esperan poder seguir siendo el polo de integración para otras mutualidades profesionales más pequeñas. En 2019 ya se integraron con la Mutualidad de Ingenieros y el año pasado lo intentaron con la de los Procuradores, pero su asamblea lo rechazó por el enrarecimiento de la situación que ha provocado el debate sobre la pasarela del RETA.
Al margen de posibles movimientos corporativos, también contemplan entrar en nuevos segmentos de negocio. Fernando Ariza, director general de la aseguradora, explica que “nos estamos planteando crear nuestra propia gestora de fondos de inversión y de planes de pensiones para ofrecer este tipo de productos, o comprar alguna de estas gestoras que ya esté en marcha”. Dado que la Mutualidad tiene ya un potente equipo de análisis de inversiones y riesgos, la absorción de estas sociedades sería sencilla.
“Tenemos un exceso de capital de más de 600 millones de euros, que podemos utilizar para repartir entre nuestros mutualistas en forma de mejoras en los precios de las pólizas, pero también en nuevos proyectos empresariales que sean atractivos para el colectivo”, apunta Ariza.
También se plantea llegar a acuerdos con empresas dedicadas a la dependencia, a las residencias para mayores o a los seguros de decesos, para dar un servicio adicional a los mutualistas presentes y futuros.
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