Bronca en la Mutualidad de la Abogacía a cuenta de las pensiones
La asamblea extraordinaria rechaza una propuesta de la dirección para ampliar coberturas
La tensión aumenta en la Mutualidad de la Abogacía. La asamblea general extraordinaria que se ha celebrado hoy, con la intención de ampliar las coberturas para los mutualistas, ha rechazado las tres medidas propuestas por la dirección. De acuerdo con algunos participantes en la misma, “nunca antes la asamblea había rechazado una propuesta de la ejecutiva”. Los mutualistas críticos reprochan a los mandos de la aseguradora que no informaron lo suficiente sobre los riesgos de hacer aportaciones para la jubilación en la Mutualidad, en lugar de hacerlo a través de la Seguridad Social. Esto ha derivado en una extensa protesta por parte del colectivo, que reclama unas pensiones dignas.
Los mutualistas que ahorraban para la jubilación por medio de la Mutualidad, conocidos como mutualistas alternativos, reunieron hace una semana en Madrid a más de 10.000 personas para reclamar a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz, que se busquen fórmulas para poder convertir el dinero que acumularon en la mutualidad de previsión social en años cotizados al régimen público de jubilación.
Para la plataforma de mutualistas J2, las propuestas planteadas hoy por el presidente Enrique Sanz Fernández-Lomana y su directiva “son reformas ilusorias e insuficientes de las que no se ha dado la debida información, sobre cómo se van a satisfacer o que suponían nuevos pagos adicionales a los que ya realizan y cuya evidente pretensión era la de disimular la insuficiencia de prestaciones y lo fallido del sistema alternativo de previsión social alternativo”. En un comunicado divulgado aseguran que las reformas “llegan muy tarde, constituyen un nuevo parche a un sistema inviable y siguen muy lejos de la protección que brinda el sistema público”.
La asamblea extraordinaria se ha celebrado de forma telemática. 56.000 personas han participado en la votación, frente al total de 210.000 mutualistas, según un comunicado. La primera de las tres principales mejoras rechazadas es la de la prestación por incapacidad temporal profesional en las coberturas de salud mental y la cobertura oncológica sin impacto en la prima.
La Mutualidad de la Abogacía, que ahora opera con la marca genérica La Mutualidad, gestiona activos por valor de 10.200 millones de euros. Alrededor de un tercio de esa cantidad corresponden a aportaciones realizadas en el régimen alternativo a la Seguridad Social, mientras que el resto son ahorros voluntarios para la jubilación, como los que podrían realizarse a través de un plan de pensiones. Algunos de los mutualistas hacen aportaciones tanto al régimen alternativo como al voluntario.
El rechazo a esta última medida supone que los perceptores de esta cobertura dejarán de percibir la prestación. Se rechaza también la mejora de las prestaciones para las madres en caso de aborto espontáneo o por motivos de riesgo para la salud de la madre, según el comunicado.
El presidente de Mutualidad, Fernández-Lomana, durante su intervención en la asamblea, se ha quejado “del comportamiento insolidario de quienes anteponen su interés personal por encima del bienestar común del conjunto de mutualistas alternativos”. Así mismo ha recordado que varios mutualistas alternativos habían solicitado la implementación de estas medidas, y en 2023, Mutualidad se comprometió a trabajar en ellas. “No deja de ser sorprendente que rechacen medidas que han solicitado y que, algunas de ellas, no tenían impacto sobre su cuota actual”.
Más allá de estas tres propuestas concretas rechazadas hoy, lo ocurrido hoy en la asamblea extraordinaria es un síntoma del progresivo alejamiento de amplios colectivos de mutualistas respecto a la dirección de la mutualidad. La quiebra de confianza tiene su origen 18 años atrás, cuando la mutualidad de previsión social pasó de un sistema solidario, de reparto, a uno de capitalización individual. Tanto ahorras, tanto tendrás de pensión. Aunque esta conversión fue aprobado por los órganos de gobierno, muchos abogados siguieron manteniendo unos niveles de cotizaciones relativamente bajos, y cuando se acerca el momento de su jubilación ven que la renta que les queda no les da para vivir.
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