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Cómo demonizar la inversión sostenible: un manual de Trump y los ultras republicanos

Varios estados de EE UU se oponen con virulencia a utilizar criterios no financieros al manejar el dinero

Miguel Moreno Mendieta
El multimillionario estadounidense Donald Trump jugando al golf en el campo que lleva su nombre en Aberdeen (Escocia), en 2014.
El multimillionario estadounidense Donald Trump jugando al golf en el campo que lleva su nombre en Aberdeen (Escocia), en 2014.

La percepción de la inversión bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) no puede ser más distinta a ambas orillas del Atlántico. Europa se ha convertido en pionera mundial en la inversión verde, con una normativa muy avanzada y fuertes entradas de dinero a fondos de este tipo. En cambio, en Estados Unidos es un asunto altamente politizado a causa de la administración de Donald Trump, y donde varios estados controlados por el Partido Republicano han emprendido batallas legales para evitar cualquier enfoque de la gestión del dinero que no sea puramente financiero.

Quizás, el episodio más sonado en esta batalla anti-ESG es lo sucedido en Florida. El director financiero del estado, controlado por los republicanos, anunció en diciembre que retiraban al todopoderoso BlackRock un mandato de 2.000 millones de dólares para gestionar parte del dinero de sus funcionarios, porque la gran gestora sí que tiene en cuenta en sus políticas de inversiones factores sociales y ambientales.

En este caso, los importancia de los dos antagonistas da idea del calado del debate. BlackRock es la mayor firma de gestión de inversiones del planeta, con 10 billones de euros administrados en todo el mundo, y se ha declarado como una firma defensora del enfoque ESG. Florida está gobernado por Ron DeSantis, una de las estrellas emergentes del partido republicano y de los pocos que parece capaz de hacer sombra a Donald Trump. Desde BlackRock restan importancia a este movimiento y recuerdan que es una parte ínfima del dinero que gestionan.

Ron DeSantis, governor of Florida, speaks during a Freedom Blueprint event in Des Moines, Iowa
Ron DeSantis, governor of Florida, speaks during a Freedom Blueprint event in Des Moines, Iowa, US, on Friday, March 10, 2023. DeSantis will meet with Iowa Republican legislators in Des Moines on Friday amid rising expectations that he will run for president in 2024, according to people familiar with the matter. Photographer: Kathryn Gamble/BloombergKathryn Gamble (Bloomberg)

Si Florida representa el ala más moderada del partido republicano, es fácil imaginarse el rechazo que las políticas ESG causan en Estados con gobernadores más ‘ultra’. Uno de ellos es Utah, donde el 66% de la población sigue el credo mormón. Allí, el fiscal estatal, Sean Reyes, ha emprendido un proceso legal contra el departamento de Trabajo del Gobierno federal argumentando que no pueden permitir que se tenga en cuenta criterios ESG en los planes de pensiones para la jubilación, los conocidos como 401(k).

A esta demanda para restringir la expansión de la inversión sostenible se han sumado otros 24 estados. Casi todos con gobernador republicano. También Kentacky y Lousiana, con Gobernador demócrata, tienen aún fiscales republicanos.

Jens Peers es director de inversiones de la gestora Mirova en Estados Unidos, una firma especializada en estrategias ESG. A su juicio, el principal responsable de la animadversión que hay allí contra la inversión verde es Donald Trump. “Durante su mandato se prohibió que estos criterios extra financieros fueran tenidos en cuenta en los planes de pensiones, lo que hizo que gestores y asesores perdieran interés”. Ahora, la administración de Joe Biden está tratando de revertir la situación, pero se ha encontrado con una fuerte oposición por parte de los estados republicanos.

La batalla anti-ESG no solo se desarrolla en los tribunales. En el Congreso, Biden intenta sacar adelante esa legislación que sí que permita a los gestores tener en cuenta los factores ambientales y sociales, pero cada vez encuentra más oposición. A comienzos de marzo, el Senado logró frenar esta normativa gracias a la traición de dos senadores demócratas, que votaron con los republicanos. Desde el partido derechista se señala al presidente de EE UU como un peligroso izquierdista por tratar de promover este tipo de inversiones que buscan mitigar el impacto del cambio climático. Ahora Biden tendrá que utilizar el veto presidencial por primera vez si quiere sacar adelante el proyecto.


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Sobre la firma

Miguel Moreno Mendieta
(Madrid, 1979) es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III. También cursó el Máster de Periodismo de El País. Se incorporó al periódico Cinco Días en 2006, tras pasar por la web de El País y Mi cartera de Inversión. Escribe sobre el sector financiero, con un foco especial en fondos de inversión y los seguros.

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