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Resistir con un negocio en la España vaciada

Los implicados se quejan de que las leyes no tienen en cuenta la particularidad rural. Piden rebajas en impuestos y cotizaciones sociales

Vista de la localidad turolense de Bueña, con 52 habitantes censados, pero con solo 30 vecinos en invierno.
Vista de la localidad turolense de Bueña, con 52 habitantes censados, pero con solo 30 vecinos en invierno.ayuntamiento de Bueña

Un 10,4% de la población del país vive en la España vaciada, aquella en la que los municipios están cada vez menos habitados, de acuerdo con datos del INE. Si ya es difícil mantener una micropyme o una pyme en cualquier lugar, hacerlo en casi el 80% del territorio nacional, donde vive ese 10,4% de la población, se está convirtiendo en un acto de resistencia.

“Abrir un negocio es una aventura ardua, pero en los municipios de menos de 1.000 habitantes de las provincias escasamente pobladas aparecen a veces una serie de dificultades que convierten la actividad empresarial y económica en un acto de heroísmo”, asegura Sara Bianchi, coordinadora de la Red SSPA, áreas escasamente pobladas del sur de Europa. Esta es un lobby europeo que nació gracias a las confederaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca, y cuyo objetivo es que la Unión Europea y sus Estados miembros impulsen políticas contra la despoblación.

Teruel Existe plantea que bares y comercios de ciertos pueblos se incluyan en economía social

Bianchi afirma que “las leyes y las políticas existentes en el mundo rural han acentuado las dificultades para captar talento”. El problema de una normativa inadecuada lo explica Miguel Gracia, presidente de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), órgano que ha elevado numerosas propuestas para luchar contra esta lacra. Gracia, que también es presidente de la Diputación de Huesca, declara que “las leyes de ordenación territorial, que en un 70% dependen de las comunidades autónomas, son uniformes y no ponen la lupa en el mundo rural”. Señala que, por ejemplo, a la hora de legislar cuántos metros cuadrados debe tener una farmacia o un estanco, se establece un mínimo de 80, por lo que muchos no pueden abrir su negocio en un pueblo”. Otro caso, aragonés pero que puede trasladarse a cualquier autonomía, es que los establecimientos hoteleros deben contar con ascensores adaptados a personas con movilidad reducida, “lo que en muchos municipios pequeños es una barrera imposible y un dolor de cabeza para un hotel rural”.

Panorámica de Belmonte, en la provincia de Cuenca. Belmonte, Cuenca.
Panorámica de Belmonte, en la provincia de Cuenca. Belmonte, Cuenca.By Eve Livesey (Getty Images)

Un hándicap para atraer y mantener pequeños empresarios es el de la vivienda, destacado igualmente por Bianchi. “La normativa sobre vivienda está enfocada a las grande urbes”, indica Gracia, “y no a los pueblos”. Utilizar antiguos cuarteles de la Guardia Civil, casas de los maestros, de los médicos, de los camineros o simplemente edificios privados en ruinas es esencial para ofrecer residencia. “En la diputación ayudamos a los ayuntamientos a adquirir la propiedad para que la faciliten a las personas que quieren establecerse en municipios poco poblados”, informa su presidente.

El papel de los consistorios

Hoy por hoy, los alcaldes son los principales actores en la atracción y continuidad de este tipo de negocios. A la localidad de Bueña (Teruel), con 52 habitantes censados pero reducidos a 30 en invierno, Álex Hernández acudió con su familia hace un año porque el ayuntamiento les proporcionaba la vivienda si se hacían cargo del bar del pueblo. Pero las dificultades son continuas. “Normalmente, acuden tres clientes al día entre semana, sin embargo, tengo todos los gastos de un negocio: cuota de autónomos, impuestos, energía, proveedores. La única ayuda que recibo es que la electricidad me la paga el ayuntamiento”. Hernández ha ampliado sus actividades, “y ahora vendo pan tres días a la semana, pero la falta de gente, sobre todo en invierno, me hace sobrevivir muy poco a poco”.

Con los comercios ocurre lo mismo. Una vecina del mismo municipio, representativo de lo que ocurre en la España vaciada, comenta que “el carnicero dejó de venir todos los días en su furgoneta porque no le compensaba”. En la mayoría de las poblaciones diminutas, la actividad comercial la realizan, mediante recorridos en furgoneta, negocios de otras localidades más grandes. Uno y otra añaden que, además, los precios al público en los establecimientos de estos pueblos suelen ser más bajos, pero no los de los proveedores.

Gracia, en tanto que alcalde de Arén (Huesca), que cuenta con 300 vecinos, menciona como otro problema intrínseco el reparto de cargas. “En 2020 subimos el IBI un 30% y este aumento ha recaído en quienes viven en el pueblo, vecinos y comerciantes. Muchas casas del casco viejo son segundas residencias, más pequeñas y con menos valor catastral. Al final, pagan los propietarios de negocios, que son los que más metros tienen. Y así en la mayoría de localidades menos habitadas”.

Las mismas cargas que en las ciudades pero menos clientes

Para Beatriz Martín Larred, senadora de Teruel Existe, “los dueños de bares y tiendas de pueblos pequeños no son empresarios, son autónomos con las mismas obligaciones que los de una gran ciudad, y no se tienen en cuenta sus particularidades”. Larred afirma que la Unión Europea “permite que en territorios en riesgo extremo de despoblación, como en España son Teruel, Cuenca y Soria, haya una reducción de hasta el 20% en las cuotas a la Seguridad Social. Pues aquí se ha aprobado que solo se baje un 1% en contingencias comunes. Eso no ayuda a que los pequeños negocios contraten a nadie”.

Bianchi expresa que la falta de trabajadores en la zona y el descenso de población originan una “pérdida de rentabilidad y también atractivo para un posible relevo, lo que lleva a que negocios viables del mundo rural tengan que cerrar”.


Teruel Existe insiste en visibilizar la realidad de la España vaciada en el Parlamento y a principios de este año presentó en el Congreso una proposición de ley para que los bares, tiendas y comercios que surten de productos con furgonetas, de núcleos por debajo de 200 habitantes, sean considerados como economía social. Supone modificar el artículo 5 de la Ley de Economía Social y que dichos negocios puedan beneficiarse de la singularidad en el tratamiento y de las bonificaciones fiscales y en las cuotas de la Seguridad Social de las que disfrutan las entidades incluidas en dicha norma.

Unas 140.000 personas viven sin espacios donde comprar o donde socializar

“Los bares y comercios de los pueblos tan pequeños no son solo negocios, ejercen una labor social importantísima”, destaca el diputado de la formación Tomás Guitarte. “El bar es un centro de reunión, una sala de actividades, un referente vecinal y donde los habitantes del pueblo, sobre todo si son mayores, tienen ocasión de verse, hablar y entretenerse”, sostiene Guitarte, quien agrega, para resaltar la vertiente social de estos establecimientos, que en Francia se ha aprobado recientemente la iniciativa Mil c

afés, para que se abran nuevos en territorios de baja densidad poblacional.

El diputado cuantifica en 140.000 las personas que, en la actualidad, viven en municipios que no disponen de bar ni de comercios. Para Martín Larred, es “una enorme desventaja” y un motivo más para que la gente se vaya fuera.


Propuestas, la mayoría de carácter fiscal

M.Y.


Reducciones. “Establecer un paquete de medidas impositivas especiales para facilitar el desarrollo de las actividades empresariales en las zonas más rurales”, como solución para las áreas escasamente pobladas del sur de Europa (Red SSPA). Piden reducción en las cuotas de la Seguridad Social y en los impuestos de sociedades e IRPF. “Discriminación fiscal positiva”, lo llama Miguel Gracia, de la FEMP. 

Alimentación. El 15,6% de las empresas de alimentos y bebidas se encuentran en la España vaciada, según la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. “Son necesarios los incentivos fiscales para promover la economía, así como el equilibrio que evite penalización con impuestos sobre actividades claves en la dinamización de estas zonas”, destacan.

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