El Supremo avala también que Hacienda precinte las cajas fuertes de personas físicas en los bancos
El alto tribunal dio la semana pasada el visto bueno a la adopción de esta medida cautelar sin autorización judicial en el caso de empresas
El Tribunal Supremo ha ampliado su doctrina sobre el precintado de cajas de seguridad en el marco de inspecciones tributarias y ha determinado que la Agencia Tributaria puede adoptar dicha medida cautelar sobre las cajas fuertes que personas físicas tienen alquiladas en entidades bancarias sin la necesidad de obtener autorización judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, que la semana pasada dictó una sentencia en los mismos términos en relación a empresas (personas jurídicas), insiste en que esta actuación no supone una “intensa” vulneración del derecho a la intimidad, ni del domicilio, ya que este depósito se encuentra fuera la vivienda.
Asimismo, el alto tribunal apunta que la Ley General Tributaria habilita a Hacienda a realizar ese precintado, si bien advierte de que los inspectores deben justificar la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida, “que en todo caso será temporal y modificable”, para evitar la “arbitrariedad administrativa”.
Los límites de Hacienda para el precintado de las cajas fuertes, que es una técnica que Hacienda suele llevar a cabo en el transcurso de una inspección fiscal como paso previo a su apertura con el objetivo de evitar que el contribuyente investigado pueda alterar su contenido (información de cuentas bancarias en el exterior, depósitos, contratos, medios de pago en efectivo, entre otros), es una discusión que lleva años en los tribunales ante la posible vulneración de derechos fundamentales, como el de la intimidad o la inviolabilidad del domicilio.
El Tribunal Supremo ha rechazado la vulneración de dichos derechos en los casos en las que las cajas se encuentran en bancos. En su sentencia —en la que ha desestimado el recurso de una pareja contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que avaló esta medida cautelar acordada en la inspección sobre el IRPF de dos ejercicios— los magistrados de lo Contencioso-Administrativo aclaran dos puntos que consideran esenciales: el primero, que se trata de un precinto y no de la apertura; y el segundo, que la caja de seguridad no se encuentra en el domicilio de los recurrentes, sino que estaba alquilada en un banco.
En este sentido, el alto tribunal precisa que el domicilio hace referencia a “espacios físicos cerrados en los que una persona vive permanentemente o eventualmente, en los que se desenvuelve físicamente y desarrolla su privacidad, su intimidad personal o familiar” y, por ello, descarta la vulneración del derecho a la inviolabilidad del mismo: “Un recipiente—ahora una caja de seguridad—no es un espacio o lugar apto ni por naturaleza, ni por destino, para desarrollar la vida privada, no es lugar y no está necesitado del máximo nivel de protección constitucional”, explica.
No obstante, los magistrados admiten que la caja fuerte puede albergar aspectos de la vida privada o intimidad de la persona investigada por Hacienda, por lo que su intervención puede suponer una afectación a la intimidad personal. Aun así, consideran que se trata de una invasión menos “intensa” que otras, como puede ser ya la apertura de la caja, que sí necesitaría la autorización de un juez para proceder a ello.
Cuestión distinta, advierte la resolución, sería el caso de las cajas de seguridad situadas en el domicilio del inspeccionado o de dispositivos u objetos que también cumplen funciones de almacenaje (ordenadores, discos duros y teléfonos móviles), ya que estos sí que plantean cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales ligados al llamado entorno digital.
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