El fin de las rebajas autonómicas elevará los ingresos por el impuesto de patrimonio en un 60%
El nuevo tributo estatal a los ricos, cuya recaudación va a Hacienda, pone fin a muchas bonificaciones de las comunidades
El impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, puesto en marcha a finales de 2022 por el Ministerio de Hacienda para contrarrestar las bonificaciones autonómicas en patrimonio, parece haber cumplido sus objetivos. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, la nueva campaña del tradicional tributo sobre la riqueza —que tiene lugar en 2024 y grava el patrimonio de 2023— se saldará con unos ingresos fiscales de 1.980 millones de euros, lo que supondrá un aumento de más del 60% respecto al ejercicio previo. Tras este repunte, tal y como explicó este miércoles la directora de la agencia, Soledad Fernández, están los cambios autonómicos impulsados por los gobiernos populares de Andalucía, Galicia y esencialmente Madrid, puestos en marcha para quedarse con unos ingresos que, de lo contrario, irían a parar a Hacienda.
Todo se explica por la naturaleza de los dos impuestos en cuestión. El de patrimonio es un tributo de carácter estatal cuyas competencias, gestión y recaudación están cedidas por completo a los territorios, los cuales pueden modularlo y bonificarlo en su totalidad para suspenderlo en la práctica. Esto es lo que ha hecho históricamente la región de la capital.
El de solidaridad, por su parte, nace en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez para anular todas estas prácticas fiscales, que considera desleales por fomentar una carrera a la baja y la competencia autonómica. A grandes rasgos, funciona como el impuesto original, pero únicamente en los territorios que bonifican este. La diferencia es que la recaudación, en vez de ir a las arcas regionales, va a la estatal. En su primer año de aplicación, 2022, ingresó 623 millones de euros provenientes en su mayoría de las grandes fortunas madrileñas.
Como el Tribunal Constitucional dio recientemente su visto bueno a la filosofía de Hacienda, varias comunidades han puesto en marcha en los últimos meses una serie de cambios para que no suceda lo mismo en 2023 y quedarse así con este dinero. Madrid, por ejemplo, ha recuperado el impuesto tradicional para aquellos grandes contribuyentes que tengan más de 3,7 millones de euros de patrimonio neto, el mínimo que fija el impuesto de solidaridad, por lo que empezará a cobrar el gravamen por primera vez en más de 10 años. Andalucía, por su parte, tras un año aplicando el descuento del 100%, ha dado a sus ricos la opción de pagar uno u otro tributo.
La subida del 61,4% en la recaudación prevista para 2023 en patrimonio, que en euros rondaría los 750 millones de euros, encaja con el volumen de ingresos que habría obtenido el impuesto de las grandes fortunas si las comunidades hubiesen mantenido sus bonificaciones intactas. Es de prever, por ello, que los ingresos del impuesto estatal a los ricos recaude muy poco dinero a partir de 2023.
En esta campaña se mantiene la obligación de declarar para los contribuyentes con cuota a ingresar —tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones— y también para aquellos sin cuota que cuenten con bienes y derechos por valor superior a los dos millones de euros. La norma estatal fija el mínimo exento en los 700.000 euros, a los que se suman otros 300.000 euros exentos por vivienda habitual. No obstante, estos límites pueden variar en función de cada comunidad autónoma. Este impuesto, que podrá presentarse desde este miércoles y hasta el 1 de julio, deberá presentarse exclusivamente por internet.
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