Las autonomías dispararon la contratación en sanidad un 20% en pleno año electoral
De 2022 a 2023, todas las comunidades autónomas incrementaron su plantilla con fuerza en este sector
Los años electorales provocan la multiplicación de obras públicas y su casi milagrosa finalización en una cuestión de meses. Es la típica época en la que los gobiernos se preocupan por demostrar que han cumplido con las promesas hechas en los comicios previos y tener datos que avalen su reelección. Y esto fue lo que ocurrió en 2023, un año en el que aumentaron en un 20% las contrataciones del personal dedicado a la asistencia sanitaria, según se observa en el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, publicado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
De 2022 a 2023, todas las comunidades autónomas incrementaron sus contrataciones en este sector. Baleares y Canarias lo hicieron en más de un 50%, mientras que en el resto de territorios osciló entre el 10% y el 30%. Solo Madrid, Castilla y León y Cataluña terminaron por debajo de esta cuota, aunque en ningún caso supuso la pérdida de personal sanitario. De esta forma, a cierre del año pasado había 700.350 efectivos trabajando en el sistema nacional de salud, 116.933 más que en el ejercicio previo.
El repunte interanual va en concordancia con la tendencia de los últimos cinco años, en los que no ha dejado de aumentar la plantilla. De hecho, de 2019 a 2013 los efectivos totales han aumentado un 37,3% –aunque no se han repartido de forma homogénea por todas las comunidades– y han acaparado el 55% de las nuevas contrataciones públicas. En esta carrera de larga distancia, el País Vasco y Canarias son los que más avances han registrado, pues prácticamente han duplicado su número de empleados - de 25.700 a 51.100 efectivos y de 24.200 a 47.500, respectivamente-. Con estas cifras, no es de extrañar que más del 80% de los nuevos contratos públicos realizados por el País Vasco hayan sido copados por esta área.
Jesús Jordán, responsable de Empleo de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, explica que la pandemia obligó a las autonomías a aumentar el número de trabajadores y, en añadido, el acuerdo para estabilizar el empleo en el sector público ha permitido que muchos interinos pasen a tener un contrato fijo. Detalla además que la contratación ha estado centrada en facultativos, enfermería y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, reduciendo el déficit de profesionales que existía antes de la crisis sanitaria.
A pesar de que hay más médicos y enfermeras, los sindicatos aseguran que el número de profesionales sigue siendo menor del que se requiere. En su opinión, las plantillas médicas no están bien dimensionadas, por lo que es imposible reducir las listas de espera. Además, existen diferencias notorias tanto por el número de especialistas como por territorios geográficos. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) recuerda que desde hace años, vienen reclamando un plan adicional que contemple 289.235 plazas de aquí a 2031. Desde el sindicato aseguran que España sigue necesitando un plan estratégico que le permita situarse en la media europea y que no se trata solo de pedir más recursos, sino replantearse las necesidades que tiene el sistema sanitario.
Los sindicatos detallan que la reducción de la oferta de plazas de formación desde 2006 ha provocado esta falta de personal. Y a ello se ha sumado el aumento de la demanda por el envejecimiento de la población, el cuidado de la salud mental que ha ganado protagonismo desde la pandemia, y la movilidad de los profesionales en la Unión Europea.
El déficit es especialmente grave entre los médicos de familia, según explican desde CC OO. Detallan además que las zonas rurales y costeras de España tienen muchos problemas para encontrar médicos que estén dispuestos a ir estas áreas. En ese sentido, Elena Moral, presidenta del Sector de Administración General de la Comunidad de Madrid del CSIF explica que la mayor competencia por el personal es a nivel intracomunitario y no con terceros países. “Cada uno ofrece lo que puede; más salario, mejores prestaciones o ampliar la duración de los contratos”, asegura.
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