La Generalitat pretende asumir una primera línea de Rodalies antes de que finalice el año
ERC y PSOE sellaron el acuerdo de traspaso en el marco de la investidura de Pedro Sánchez
El gobierno de la Generalitat quiere asumir al menos una primera línea de Rodalies antes de que finalice 2024, posiblemente la R1, y que la empresa mixta Rodalies Catalunya, que debe gestionar el traspaso de las cercanías ferroviarias, eche a andar en la primera mitad de este año. “Este es el calendario en el que nosotros nos estamos manejando”, ha explicado en una entrevista con EFE la consellera catalana de Territorio, Ester Capella.
Capella pactó el pasado 10 de enero con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, constituir la comisión política sobre este traspaso a lo largo de la primera semana de febrero, si bien sin fijar todavía el día concreto. Este espacio de decisión política “deberá avalar lo que decidan las diferentes comisiones” encargadas de desplegar un acuerdo de traspaso “integral” de Rodalies -sellado por ERC y PSOE en el marco de la investidura de Pedro Sánchez- que, ha subrayado, “es muy detallado” y se debe completar a lo largo de la legislatura estatal.
Este mismo año debería transferirse una de las líneas contempladas en el acuerdo. En concreto, el texto contempla el traspaso “al menos” de la R1 (la que discurre por el Maresme), de la R2 sur (Sant Vicenç de Calders-Barcelona) y de la R3 (el Papiol-l’Hospitalet de Llobregat-Vic-Puicerdà). Capella ha señalado que “a priori” la línea que parece “más sencilla” de traspasar es la R1, si bien ha matizado que “una cosa es lo que puede pensar una y otra qué dirán los técnicos”. También ha dejado la puerta abierta a acelerar los planes para 2024: “Si nos traspasan dos, pues dos”.
Otro de los acuerdos es constituir una empresa mercantil bajo el nombre Rodalies Catalunya que asuma los recursos materiales y humanos de Renfe en Cataluña y cuyo consejo de administración estará compuesto a partes iguales por representantes de la Administración General del Estado y de la Generalitat. El presidente o presidenta lo deberá proponer la Generalitat, que tendrá un “voto de calidad” para decantar las votaciones, si bien las decisiones “estratégicas” requerirán de una mayoría cualificada del consejo. Capella ha indicado que “durante el primer semestre del año debería estar lista la empresa, ya presidida y con su composición establecida”.
El citado pacto también contempla el abono de diversas partidas, cuantificadas en poco más de 500 millones de euros en el momento de cerrar el acuerdo y que una vez analizadas en detalle superan los 575 millones. Una de ellas es el déficit tarifario, en esencia, la parte del coste del servicio que no se sufraga mediante la venta de billetes, sino con aportaciones de las administraciones. Fuentes del departamento cifran en 410,7 millones de euros el déficit tarifario de 2023. En el caso de 2022 se estimaba que fue de 335 millones, si bien finalmente se ha situado en los 401.
Estos recursos deben traspasarse durante el primer trimestre de cada año, según reza el acuerdo. En realidad, el traspaso del déficit tarifario ya estaba incluido en el traspaso de Rodalies de 2010, pero nunca se acabó efectuando.
Otras partidas que deberán traspasarse a la Generalitat son la deuda generada por el Plan de Acción de Renfe (152 millones, frente a los 132,7 estimados en el texto), la duplicación de los servicios entre Lleida y Manrersa (4,8 millones) y el coste de incrementos de servicios provocados por los cortes de servicio (9,7 millones).
La voluntad de Capella es que el Estado incluya estos recursos en los Presupuestos Generales el Estado (PGE) o que, si estos no se aprobaran, que el Gobierno encuentre fórmulas alternativas. El Govern ha encargado pilotar el traspaso al exconseller de CiU Pere Macias, con años de experiencia política y gran conocedor del sector y al que ha nombrado recientemente comisionado para el Traspaso Integral de Rodalies. Para Capella, Macias tiene “una función prioritaria”, ya que “debe jugar el rol de coordinar, religar y aportar conocimiento”.
Otro papel importante lo asumirá el hasta ahora secretario general del departamento de Economía de la Generalitat, Josep Maria Vilarrúbia, que se encargará más en concreto de la parte de infraestructura, asumida actualmente por la estatal Adif y que se traspasará paulatinamente a la empresa pública de la Generalitat Ifercat.
En cuanto a los beneficios para los ciudadanos de este traspaso, Capella ha señalado en primer lugar la comunicación y el traslado de la información, principalmente cuando existen incidencias, dado que ha defendido el Govern ha demostrado, mediante su empresa Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), que es capaz de hacerlo “muy bien”. Ha citado también elementos como la mejora de la iluminación, la limpieza de estaciones o trenes, el cuidado de las vías y sus alrededores, la previsibilidad en las obras de mejora o el hecho de que se dé prioridad a los trenes de pasajeros antes que a los de mercancías -lo que está recogido en el acuerdo-.
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