Sánchez inicia la retirada del plan anticrisis para ahorrar 2.500 millones en 2024
La cifra supone la mitad del impacto fiscal que el Gobierno contemplaba en el último Plan Presupuestario remitido a Bruselas por el despliegue de las ayudas
El Gobierno pretende iniciar 2024 con la vista puesta en el cumplimiento de los objetivos de déficit público, pero no quiere renunciar al escudo social desplegado en los años previos para paliar los efectos negativos de la crisis inflacionista. Ante esta tesitura, se ha tomado una decisión salomónica: conservar algunas de estas rebajas y recuperar de forma paulatina los impuestos energéticos, lo que le permitirá a la Administración ahorrar 2.500 millones de euros el próximo año. La cifra supone justo la mitad de los 5.000 millones de impacto fiscal que el Gobierno contemplaba en el último Plan Presupuestario remitido a Bruselas por el despliegue de las ayudas.
El Ejecutivo ha decidido subir del 5% al 10% la tasa del IVA aplicada a la electricidad durante todo 2024. Se trata de un aumento que, en cualquier caso, sigue lejos del 21% en el que situaba antes de la crisis energética. El resto de impuestos energéticos también se irán recuperando de forma paulatina. El gravamen sobre el gas será del 10% hasta el 31 de marzo, para después volver posiblemente a la tasa que había antes del estallido de la guerra en Ucrania (21%). Se aplicará la misma tasa a pellets, briquetas y leña –al ser sustitutivos del gas natural en los sistemas de calefacción– pero su vigencia será un poco mayor: hasta junio.
El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que se mantenía hasta ahora en el 0,5%, irá subiendo hasta alcanzar la normalidad en la segunda mitad del año. De enero a marzo quedará fijado en el 2,5%, de abril a junio pasará al 3,8%, y posteriormente alcanzará el 5,1% en el que estaba fijado antes de que el Gobierno impulsara el paquete anticrisis. El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) también subirá de manera paulatina. En el primer trimestre, tendrá un tipo del 3,5%; luego pasará al 5,25% hasta junio y posteriormente alcanzará el 7% previo a la crisis.
Estos ajustes fueron justificados ayer por el presidente, Pedro Sánchez. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, recordó que el precio de la energía ha caído desde el máximo de 360 euros alcanzado tras la invasión de Ucrania y que a día de hoy es siete veces menor. “Ante la caída paulatina de los precios de la energía, hemos decidido retirar las bajadas de los impuestos”, dijo. Lo que sí se mantiene en materia energética son los límites aplicados al crecimiento de la tarifa de último recurso de gas (TUR), que impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%, limitando la subida trimestral aproximadamente al 5%, así como la existencia de la TUR vecinal, al que pueden acogerse las comunidades de propietarios con calefacción central de gas natural. Igualmente, el precio máximo que podrá alcanzar el butano seguirá establecido en 19,55 euros por bombona.
Por otra parte, se mantendrá la rebaja del IVA para los alimentos básicos hasta el 30 de junio. Seguirán con una tasa del 0% los alimentos de primera necesidad como la leche, el pan, los huevos y las verduras, y con el 5% otros como el aceite o la pasta.
Este paulatino aterrizaje a la normalidad anunciado ayer por el Ejecutivo intenta satisfacer a todas las partes. Por un lado, a los reguladores, como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que vienen exigiendo desde hace meses a la Administración que ponga fin a las ayudas anticrisis y se centre en rebajar el déficit al objetivo de un máximo del 3% del PIB, tal como exige Bruselas para el próximo año. Y por el otro lado, a su principal socio de Gobierno, Sumar, y sindicatos, que exigen mantener el escudo social mientras la inflación no regrese a la normalidad.
El hecho es que las cuentas del Estado se han visto trastocadas en los últimos años por estas ayudas. En 2022 su coste fue de 22.000 millones de euros y en 2023 rondará los 15.000 millones. Esta cifra va a cuenta de un amplio abanico de medidas que, entre otras cosas, contempla por ejemplo las rebajas del IRPF, los avales de crédito ICO para ayudar al sector empresarial, la bonificación de 20 céntimos por litro de los combustible, el aumento del cuantía del Ingreso Mínimo Vital o la extensión del bono social eléctrico. Con los recortes ahora anunciados se busca aliviar esta carga, al menos en parte. En concreto, los 2.500 millones que el Gobierno contempla ahorrar el próximo año suponen casi la mitad de los 4.895 millones de euros que costaría prorrogar todas las rebajas fiscales a energía y alimentos, según el último Plan Presupuestario remitido a Bruselas.
En cualquier caso, fuentes del Gobierno han asegurado que no se debe cerrar la puerta a que el coste fiscal termine siendo mayor en 2024 debido a que hay medidas, como la rebaja al IVA de los alimentos, que se han extendido por medio año, pero que podrían prorrogarse más en caso de que la inflación no de tregua. Estas mismas fuentes han garantizado que España cuenta con margen fiscal suficiente.
Transporte público y desahucios
El Gobierno ha vuelto a prorrogar los descuentos del 50% de los abonos de transporte público urbano e interurbano durante todo 2024. Así, el Estado financiará la reducción del 30% del precio del transporte a los viajeros recurrentes a las comunidades autónomas y entidades locales que se comprometan a elevar las rebajas, al menos, a la mitad. Es decir, que los gobiernos autonómicos deberán asumir el 20% restante.
Se prolongará hasta 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. Esto incluye los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de vivienda habitual, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo. La medida antidesahucios fue anunciada el martes por la formación EH Bildu, que junto al tope del 3% para las subidas a los alquileres implantado mediante la Ley de Vivienda consideran “imprescindibles frente a la difícil situación habitacional que viven miles y miles de familias”.
También continuará la ampliación de las medidas referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos o la ampliación de los descuentos del Bono Social Eléctrico. En concreto, se extiende hasta el 30 de junio las tres categorías de consumidores vulnerables perceptores de esta ayuda y los descuentos del 40% para hogares trabajadores con bajos ingresos, del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos.
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