Reforma del subsidio de desempleo: un paso atrás
Este tipo de diseños condenan a los beneficiarios a vivir con un nivel muy bajo de renta, limitando su prosperidad
Hace dos semanas escribía en esta misma columna sobre las bondades de lo que parecía iba a ser una reforma del sistema de prestaciones y subsidios que, por su diseño, nos permitiría converger a una “normalidad europea” por mucho tiempo ajena. Comentaba entonces que España registra una tasa de paro secular que es el doble que la media europea, manteniendo además incentivos regulatorios que fomentan el desempleo de larga duración. Desde esta situación, el planteamiento presentado por el Ministerio de Economía para abordar la reforma de subsidios asistenciales sonaba con una melodía que a muchos nos gustaba: apoyar el empleo en lugar de subsidiar el desempleo. Como escribía hace dos semanas, esta reforma, que recordemos fue consensuada con la Comisión Europea, además es necesaria para el cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación.
Sin embargo, las “enmiendas” que el mismo gobierno se ha hecho a través de un enfrentamiento declarado entre los Ministerios de Economía y de Trabajo dejarían esta posible reforma en, una vez más, un potencial “bluf” y alejaría al Gobierno de conseguir alcanzar los objetivos fijados en el acuerdo entre PSOE y SUMAR.
Desgraciadamente, los ajustes planteados por Trabajo socavan las supuestas bondades. En primer lugar, el Ministerio de Trabajo aumenta las duraciones de distintos subsidios, así como las cuantías medias durante el primer año en un 25%. Sin embargo, esta mayor generosidad va acompañada de escasos incentivos a la hora de apoyar a los beneficiarios en su vuelta al mercado laboral. Por un lado, el perfil trimestral de las cuantías que plantea Trabajo decrece paulatinamente y difícilmente incentivará la vuelta temprana a la ocupación. Por otro lado, el nuevo marco de compatibilización solo se extendería durante los primeros 45 días de contrato, y en una cuantía equivalente al 40% del IPREM, unos 240 euros. Como la jerga económica en torno a la idea de incentivos y penalizaciones es excesivamente abstracta y compleja, permítanme realizar usar una breve simulación que compare el impacto que ambos modelos tendrían sobre un beneficiario en términos de renta e incentivos a volver al mercado laboral.
A partir de la información conocida durante esta semana, sabemos que en el modelo propuesto por Trabajo si un individuo encuentra un empleo a tiempo completo cobrando el salario mínimo (15.120 € anuales), podría compatibilizar durante 45 días con un complemento que le reportaría anualmente unos 360 euros adicionales. En suma, el beneficiario obtendría una renta de 15.480 euros durante el primer año. En el modelo de Economía, el mismo individuo podría compatibilizar durante todo el año su empleo a tiempo completo con un complemento que tendría perfil decreciente (para acelerar su vuelta al mercado laboral). Este complemento le reportaría 3.600 euros anuales que serían adicionales a su renta salarial, por lo que su nivel de renta anual ascendería a 18.720 euros, más de un 20% superior al modelo de Trabajo.
En relación con los incentivos, éstos son fácilmente calculables atendiendo a la decisión que debe tomar el individuo entre trabajar o mantenerse en el subsidio, y que implica comparar el nivel de rentas que alcanzaría en cada uno de los dos escenarios anteriores. En el modelo de Trabajo, las rentas anuales que obtendría por trabajar cobrando el salario mínimo serían de 15.480 euros calculados anteriormente, mientras las rentas anuales del subsidio le reportarían 7.200 euros. Por lo tanto, el incentivo a trabajar equivaldría a la diferencia entre ambas cifras y sería de 8.280 euros anuales. Por su lado, en el modelo de Economía, nuestro individuo obtendría 18.720 euros anuales por trabajar, frente a los 5.310 euros anuales que obtendría si optara por mantener el subsidio. La diferencia entre ambas rentas sería de 13.410 euros en el modelo de Economía, por lo que prácticamente se duplicarían los incentivos a trabajar frente al modelo de Trabajo.
Pero más allá de la mejora en términos de renta, el correcto diseño de incentivos activa numerosos círculos virtuosos que impulsan la formación y la empleabilidad a largo plazo de los trabajadores. Recuerden que el capital humano se deteriora con el tiempo y una de las razones de la mayor obsolescencia de este es estar fuera del mercado de trabajo por un tiempo prolongado.
En segundo lugar, el modelo propuesto por Trabajo supone un nuevo reto fiscal que amenaza la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Por un lado, aumentar el gasto al ampliar la cobertura del subsidio, permitiendo el acceso a menores de 45 años sin responsabilidades familiares que hayan agotado una prestación superior a 360 días, a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y a trabajadoras agrarias eventuales. Esto elevaría, de nuevo, el número de potenciales beneficiarios, lo que implicaría, una vez más, un mayor gasto para un sistema que se solapa con el IMV. Este segundo mecanismo resultaría más barato y eficiente a la hora de proteger a las personas en riesgo de exclusión social en su camino de retorno al mercado laboral. Ni que decir tiene que esta medida afectaría, una vez más, y negativamente, a la reinserción laboral de trabajadores que, por edad, sufren una fuerte “devaluación” de su capital y condiciona dicha reinserción futura.
Finalmente, y más allá del aumento en gasto, la reforma supondrá una caída notable en los ingresos públicos, debido al nuevo marco de compatibilización. La propuesta de Trabajo es reducir esa compatibilidad en cuantía y tiempo, que como hemos visto anteriormente se limitaría a 45 días. Sabiendo esto, háganse una pregunta: ¿qué creen que pasará el día 46?. Una pista: malas noticias para la economía formal y los derechos de los trabajadores. En suma, el modelo de Trabajo implica un deterioro notable del déficit, sobre todo en términos de ingresos.
En síntesis, este nuevo marco propuesto por el Ministerio de Trabajo se aleja de las “mejoras prácticas” llevadas a cabo por la mayoría de países europeos. A sabiendas de todo esto, lo cierto es que resulta sorprendente que se refuercen marcos regulatorios cuando sabemos que, por la evidencia y la evaluación, este tipo de diseños condenan a los beneficiarios a vivir con un nivel muy bajo de renta (“trampa del subsidio”), limitando su prosperidad y aumentando la desigualdad social. Precisamente, sobre la eliminación de estos costes sociales y en la europeización del mercado laboral se centra acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y SUMAR, que recoge como objetivos alcanzar el pleno empleo y controlar el déficit. Sin embargo, las propuestas del Ministerio de Trabajo alejan al gobierno de alcanzar estos objetivos.
Por mi parte, qué les voy a decir, si soy un declarado europeísta: a todo lo que sea parecernos más al resto de Europa, y que sabemos que funciona, le daré la bienvenida
Manuel Alejandro Hidalgo es miembro del consejo asesor del ministerio de Economía, cargo consultivo y no remunerado.
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