Sánchez otorga a Calviño el mando sobre el escudo antiopas
La vicepresidenta, o su sustituto, tendrá una voz relevante en la inversión de STC en Telefónica, la toma de Celsa por los acreedores o las opas de Applus y OPDE
Una de las novedades en el nuevo Consejo de Ministros designado el lunes por Pedro Sánchez es un pequeño cambio en el cargo de Nadia Calviño. La vicepresidenta de Asuntos Económicos cambia alguna de sus atribuciones y, entre otras, recibe del Ministerio de Industria el poder sobre el conocido decreto antiopas, según indican fuentes próximas. Esto es, la autorización por parte del Consejo de Ministros a la toma por parte de inversores extranjeros de más del 10% en empresas consideradas estratégicas. Una situación en la que están, por ejemplo, STC con la entrada en Telefónica, la toma de Celsa por los fondos acreedores o las opas de Applus y OPDE.
Pese a que está próximo a dilucidarse su posible nombramiento al frente del BEI, Sánchez ha decidido mantener por ahora a Calviño como vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. A este cargo se le ha retirado el apellido de Transformación Digital –que se ha desgajado para crear un ministerio por separado, en manos de José Luis Escrivá–, pero se le ha añadido los de Comercio y Empresa. El primero supone transferir también desde Industria la Secretaría de Estado de Comercio, ahora en manos de Xiana Méndez.
Una de las recientes atribuciones de esta secretaría de Estado ha sido pilotar el llamado escudo antiopas. El decreto que regula este mecanismo, publicado en julio, establece que los inversores foráneos que pretendan adquirir una empresa española estratégica deberán dirigir su solicitud a la Dirección General de Comercio Internacional e Inversión, dependiente de esta secretaría de Estado. Ello estaba englobado hasta la fecha bajo el ala del Ministerio de Industria, pero ahora pasará a Asuntos Económicos, según ha confirmado el propio ministerio. Esto implica que el equipo de Calviño se convertirá en el nuevo interlocutor de los inversores extranjeros. En cualquier caso, tal y como ha ido ocurriendo hasta ahora, es previsible que Moncloa sea quien, en última instancia, tenga la potestad para decidir si autoriza o no la inversión en alguna compañía española que considere estratégica.
Esta dirección general será la encargada de pilotar todo el proceso, incluso de resolver su autorización en las operaciones de menos de cinco millones de euros. Para las que excedan esa cantidad, la decisión será del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Asuntos Económicos, y con un informe previo de la Junta de Inversiones Exteriores. Este organismo depende también de la Dirección General de Comercio Internacional y está formado por su titular, el subdirector y un grupo de vocales, con presencia del CNI, Defensa Nacional y un representante de cada ministerio.
Esto supone que Calviño arrebate a Jordi Hereu, el nuevo ministro de Industria, la última palabra sobre un buen grupo de operaciones en la diana del Gobierno y el diálogo con los inversores internacionales, en el caso de que las autorizaciones sean condicionadas. La transacción más relevante es la toma del 9,9% de Telefónica por parte de la teleco saudí STC, donde debido a la importancia de los contratos de defensa de la teleco, la decisión será compartida con el Ministerio de Defensa.
También deberá decidir de forma inminente, antes de enero, sobre la toma de Celsa por parte de los fondos acreedores. Esta decisión está más clara, dado que el Gobierno ya ha acordado con estos inversores las condiciones para autorizar la operación. Estas se basan en blindar la españolidad de la compañía y el empleo, así como en dar entrada a un inversor nacional con más de un 20%. Otras operaciones en liza son las opas de Apollo y un consorcio formado por I Squared y TDR sobre Applus, así como la de Antin, uno de los fondos que denunció a España por el recorte en las primas de las renovables, sobre OPDE.
Finalmente, como tercera incógnita está la prórroga del blindaje sobre las empresas cotizadas por parte de los inversores europeos. Esta expira a finales del año que viene y complementa a la que versa sobre los inversores no europeos, que es permanente.
Es previsible que buena parte de estas decisiones correspondan a la persona que sustituya a Calviño como titular de Economía, en caso de que la actual vicepresidenta se imponga a la danesa Margrethe Vestager y sea elegida como presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Traspaso de cartera
La vicepresidenta primera afirmó ayer que la integración de Comercio en el departamento de Economía “va a permitir articular mejor la política de atracción de inversiones estratégicas”. “Como técnico comercial y economista del Estado, el reunificar las competencias de economía y de comercio es como reunir una familia”, destacó Calviño en el acto de traspaso de carteras, celebrado ayer en el Ministerio de Economía.
Calviño considera que es “el momento” de reunificar Economía y Comercio no solo porque el sector exterior es una de las claves de la marcha de la economía, incluso en un contexto internacional tan complejo, sino porque se vive un tiempo de gran cambio en el ámbito internacional y es fundamental articular estas dos patas de política económica de la misma manera que hace cinco años y medio era fundamental articular la economía y la política de transformación digital.
La responsable de Economía afirmó que esta integración va a permitir articular “mejor” la política de atracción de inversiones estratégicas, y ha recordado que hay un proyecto de establecer una ventanilla única para la gestión de las inversiones en sectores estratégicos. Además, la integración permitirá a España “tener una voz más fuerte en la definición del nuevo orden mundial”, “porque las placas tectónicas sobre las que se ha apoyado este orden internacional están chocando en algunos ámbitos y abriendo grietas y lagunas en otros”. “Es importante que España tenga una voz fuerte en la definición de este nuevo orden mundial”, dijo.
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