Denunciar al corrupto: las empresas con más de 250 trabajadores inauguran su canal de denuncias internas
Se pone en marcha este martes la ley de protección al informante ‘Whistleblowing’ que afecta a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones
Con la filosofía de asentar en la sociedad la conciencia de que debe perseguirse a quienes quebrantan la ley y que no deben consentirse ni silenciarse los incumplimientos de la misma, nació en febrero la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de luchas contra la corrupción. Con ella se traspone la directiva europea, conocida popularmente como Whistleblowing.
Basada en la corriente anglosajona que regula desde hace años la protección de los “que usan el silbato para dar la alerta”, los whistlebowers, algunas comunidades autónomas ya han venido regulando determinados canales de denuncia y comunicaciones de los ciudadanos que informan de irregularidades. Tal es el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra, el Principado de Asturias o Andalucía, si bien solo se han centrado en la creación de oficinas o agencias con la función específica de prevenir e investigar casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos.
La propia Agencia Tributaria, salvando las distancias, cuenta en su página web con una pestaña de denuncias, para que las personas físicas denuncien situaciones que pudieran ser constitutivas de infracciones tributarias o de contrabando, o tener trascendencia para la aplicación de los tributos.
Mediante esta operatividad, la Agencia Tributaria tramitó en 2021 un total de 15.528 expedientes de inspección, un 14,5% más que la media de los siete años anteriores y un 4,6% más que el año anterior, con lo que se recuperaron las actuaciones anteriores a la pandemia (15.536 en 2019).
Las actuaciones llevadas a cabo derivadas de las denuncias se tradujeron en 96 millones de euros de importe liquidado, cifra que generalmente tiene su origen en denuncias efectuadas en el año o años previos.
Obligaciones
La ley obliga a las empresas con 50 o más trabajadores a contar con un sistema interno de información, o canal de denuncias, y prevé multas que pueden alcanzar hasta el millón de euros.
Precisamente este martes 13 de junio, que será cuando se cumplan los tres meses desde la entrada en vigor de la ley, todas aquellas empresas de más de 250 trabajadores deben contar en su organización con un sistema interno de información, a través del cual puedan realizarse denuncias de infracciones normativas. Este canal de denuncias deberá contar además con un sistema que proteja a los informantes. El objetivo es que gocen de total anonimato y no puedan ser represaliados.
La medida general contempla que sean las empresas a partir de 50 empleados las que se apliquen este ley, si bien las primeras que lo realizarán serán las de más de 250 empleados, Las de 50 a 249 tendrán un plazo mayor, en concreto hasta el 1 de diciembre de este año.
¿A quién afecta?
Con independencia del número de empleados, y aparte de las empresas, también tendrán que contar con este sistema interno de denuncias los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, así como aquellas fundaciones que dependa, siempre que reciban fondos públicos para su financiación. El objetivo no es otro que evitar la existencia de casos de corrupción como los sucedidos en el pasado y que un sistema interno de información atajaría con rapidez. Con esta actuación, recoge la ley se facilitaría la erradicación de cualquier sospecha de nepotismo, clientelismo o derroche de fondos públicos o financiación irregular.
El régimen sancionador de la ley contempla como infracción muy grave, el incumplimiento de la obligación de disponer de un sistema interno de información, estableciéndose una multa que oscilaría desde los 600.001 euros a 1 millón de euros, en el caso de las personas jurídicas.
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