Fedea pide profesionalizar al directivo público con criterios de la empresa privada
La Fundación critica el proyecto de Ley de Función Pública, ahora en el Congreso, por proteger a los funcionarios más que a los ciudadanos y pide menos injerencias políticas en los cargos
El elevado grado de envejecimiento del personal de la Administración que se traducirá en la pérdida por jubilación de cerca de un tercio de sus efectivos a lo largo de la próxima década, marca el momento clave para modificar la función pública, tal y como hoy se conoce, con el propósito de dotarles de herramientas productivas y de competencia semejantes a las que existen en el sector privado.
Según se desprende del estudio ‘Normas sobre el proyecto de ley de Función Pública’, elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la norma, que en estos momentos está siendo tramitada en el Congreso, debería aumentar el nivel de exigencia en la selección de los directivos públicos, así como reforzar su independencia y dotarles de mejores herramientas de gestión, incrementando su capacidad de premiar el buen desempeño y por contra penalizar su falta de rendimiento.
En definitiva, se trataría de que esta figura del directivo público sea la herramienta para ayudar a profesionalizar la alta administración del Estado, siguiendo criterios “empresariales” de efectividad y eficiencia. Desde Fedea se lanza el mensaje de que este momento sería el apropiado también para reducir la excesiva carga política que lleva acarreado este puesto. En la práctica, se trataría por tanto, de reducir el importante número de puestos de trabajo que actualmente se cubren discrecionalmente con criterios políticos.
La idea que subyace de este trabajo es que la carrera profesional pública debe ser más atractiva y competitiva frente al sector privado, al tiempo que considera “imprescindible” elaborar un plan estratégico de renovación de recursos humanos que sea capaz de dar solución a los déficits, que actualmente están presentes en la administración pública, de capacidades técnicas, digitales y de gestión.
Rigidez sindical
Otros de los asuntos que pone encima de la mesa Fedea es el de la excesiva rigidez que aportan las negociaciones con los sindicatos. Así señala que el proyecto de ley ha introducido algunas disposiciones “muy preocupantes” como lo es la que obliga a pactar previamente con los sindicatos numerosos planes y decisiones, que para Fedea, deberían ser competencia exclusiva de los representantes elegidos de los ciudadanos y de los gestores públicos, lo que amenaza con incrementar las rigideces de la Administración, al tiempo que contribuiría a limitar aún más si cabe su eficacia.
Para Fedea, una de las mayores críticas que plasma el documento presentado este lunes es que el texto persigue “proteger a los empleados públicos más que a los ciudadanos a los que estos supuestamente sirven”. Así explica que se olvida que el papel de la Administración es precisamente servir al ciudadano y no otro.
El trabajo coordinado por Ángel de la Fuente insiste en que es importante que la ley recoja de forma explícita que el principal objetivo es la mejora del servicio a los intereses de los ciudadanos y no la mejora de las condiciones de trabajo o la ampliación de derechos de los propios servidores públicos. Considera que este sería solo un primer paso, “pero uno imprescindible”, hacia un cambio de cultura sin el cual sería muy difícil el avance hacia la administración pública que sería necesaria para un país como España.
Atraer talento
Otra de las recetas lanzadas por Fedea para la mejora de la función pública pasa por la necesidad de adaptar los salarios del sector público, con el fin de facilitar la atracción de talento, sobre todo en aquellas materias en las que se compite con el sector privado. Para ello considera prioritario realizar un análisis comparativo del abanico salarial del sector privado frente al público que podría servir de orientación y revisión de este último.
Para Fedea las conclusiones de este trabajo, previsiblemente confirmarían la idea de que los salarios del sector público resultan atractivos para el caso de los puestos que exigen una menor cualificación y que a medida que se exige mayor experiencia y cualificación, se produce el efecto contrario. Su receta apunta a la necesidad de ampliar el recorrido de los salarios y de aumentar los escalones para desarrollar una carrera más gradual y progresiva.
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