Los bomberos de los aeropuertos enmiendan la Ley de Función Pública
Reclaman una ley marco de coordinación de servicios contra incendios que no reduzca la seguridad de los viajeros y recobrar su condición como agentes de la autoridad y trabajadores públicos
Los bomberos que prestan su servicio en los aeropuertos españoles han presentado una enmienda a la Ley de Función Pública, para introducir una disposición adicional que recoja la vuelta a su condición de agentes de la autoridad y trabajadores públicos. El colectivo ha perdido, con la privatización de AENA, su principal particularidad que era la de personal laboral. La realidad que denuncian es que en la actualidad, al no contar con esta condición y ante las exigencias de sus labores, en casos de emergencia, se ven obligados a saltarse la ley y no esperar a un agente externo para poder efectuar su trabajo.
Y es que, según informa a Cinco Días, Ruyman Capote, secretario general de la organización bomberos aeronáuticos (SBA), “a raíz de la privatización parcial de AENA, dejamos de ser trabajadores de la Administración, lo que nos ha restado competencias básicas, a la hora de enfrentarnos a un siniestro, aumentándose los tiempos de intervención por impedirnos actuar ante incidencias graves”.
A ello se une la reducción de efectivos personales, añade. Detrás de la reivindicación de este grupo profesional subyace la reclamación de una ley marco que permita coordinar a todos los colectivos para que, cuando se produzca un accidente, pueda intervenir el cuerpo de bomberos más próximo al lugar del siniestro, lo que hoy es imposible.
Capote señala que se puede dar la paradoja de que ante un siniestro en una instalación del aeropuerto, pese a tener un grupo de especialistas aeroportuarios muy próximos que podrían actuar en escasos segundos, haya que dar aviso a los bomberos urbanos, que no conocen las instalaciones, demorando la operación. “Ni siquiera estamos en comunicación con el 112″, se lamenta Capote.
Su principal queja reside en el actual bloqueo político que ejerce el ministerio del Interior a la proposición de ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS), que anunció el presidente del Gobierno durante el debate sobre el estado de la nación y cuya tramitación se encuentra en fase de enmiendas, tras los informes remitidos por los ministerios de Transportes y Función Pública.
La realidad de su trabajo, según argumenta Capote, es que en ocasiones, no pueden esperar a un cuerpo externo que les autorice a realizar su trabajo, lamentando que, “en la mayor parte de los casos, este tipo de agentes no tienen los conocimientos necesarios en materia de prevención o extinción de incendios en aeropuertos, lo que también amenaza los servicios de Protección Civil”, añade.
Si en cualquier intervención de bomberos, los tiempos de rescate son vitales, en el caso de un accidente aéreo, “los pasajeros tienen que ser evacuados en menos de 90 segundos, tiempo imposible hoy por hoy con las actuales condiciones laborales, lo que provoca que en muchos casos el tiempo supere los 20 minutos, con el consiguiente coste de vidas que ello puede llegar a suponer.” explica Capote.
Menos efectivos
Los sucesivos recortes que ha venido experimentando este cuerpo de bomberos, tras la privatización de la compañía aeronáutica, es un grave problema para estos profesionales, ya que según se lamentan, se han reducido los efectivos a los mínimos exigidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) “precisamente en un país como España, eminentemente turístico, que registra movimientos millonarios de pasajeros por sus instalaciones aeroportuarias” explica Capote.
Como consecuencia, y pese a la importancia estratégica que tiene para el Estado la seguridad aeroportuaria, la situación de este grupo profesional no se corresponde con esta realidad, y así reclaman una formación específica para el ejercicio de sus funciones, siguiendo los estándares más avanzados en materia de prevención, seguridad e investigación de accidentes aéreos.
Alegan que las carencias derivadas de la privatización de AENA, les ha situado en un limbo jurídico con menos competencias que van en perjuicio de la seguridad de los ciudadanos.
Ley en trámite parlamentario
El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 16 de marzo al proyecto de ley de función pública del Estado, con el propósito de modificar la organización de la Administración, cuyo plazo de enmiendas prorrogado finaliza hoy miércoles. La aprobación de esta ley implica cumplir uno de los hitos del Plan de Recuperación que canaliza los fondos europeos.
Esta ley que está acordada por los sindicatos CC OO y UGT fue rechazada por CSIF, aborda los aspectos principales del Estatuto Básico del Empleado Público, sentando las bases de la función pública del futuro. Entre sus novedades destaca que se da más peso a la promoción interna y contempla un sistema de evaluación del desempeño con consecuencias retributivas que castiga el bajo rendimiento.
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