Los concursos de autónomos y familias se disparan más de un 30% por la segunda oportunidad

Estos procedimientos aumentaron en el último trimestre de 2022 por la nueva Ley Concursal

Una persona trabajando con un ordenador portátil.Pixabay

La reforma de la Ley Concursal, en vigor desde el pasado mes de septiembre, ya ha registrado su primer gran impacto. El número de concursos de acreedores de personas físicas (empresarios autónomos y familias) repuntó más de un 30% en 2022, en gran parte por las modificaciones introducidas en relación al mecanismo de la segunda oportunidad, que permite cancelar las deudas.

Según datos provisionales del Registro Público Concursal, dependiente del Colegio de Registradores, y que ha sido consultado por CincoDías, 9.669 personas físicas solicitaron el año pasado el concurso de acreedores, siendo esta cifra un 32,56% mayor que en 2021, cuando lo pidieron 7.294 personas.

En concreto, de acuerdo a los datos publicados por los registradores a lo largo de 2022, en el último trimestre de dicho año (de octubre a diciembre) 4.407 personas en situación de insolvencia iniciaron el proceso concursal, lo que supuso un notable ascenso con respecto a los meses previos, en los que aún funcionaba la ley anterior. En los primeros tres meses de 2022 se registraron 1.795 concursos de personas físicas, una cifra que se mantuvo estable en el segundo trimestre (de abril a junio), con 1.791 concursos, mientras que en el tercer trimestre (entre julio y septiembre) hubo una ligera caída hasta los 1.676 casos.

Estos concursos destacan si se comparan con los solicitados por personas jurídicas (empresas), que experimentaron un leve ascenso de un 0,25%. Se contabilizaron 4.755 concursos en todo 2022, solo 12 más que en 2021.

Tramitación más ágil

Según fuentes del Colegio de Registradores, el significativo incremento que se ha producido entre los concursos de autónomos o de familias se debe a que, desde que entró en vigor la nueva ley de segunda oportunidad, ya no es obligatorio alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. La eliminación de este requisito “facilita y agiliza mucho la tramitación del concurso”, indicaron, al tiempo que resaltaron que gran parte de los procesos judiciales por insolvencia han sido iniciados a instancia del propio deudor.

Así lo refleja también el Registro Público Concursal en sus datos provisionales, pues los concursos voluntarios aumentaron un 44,9% en 2022, desde 6.115 casos de 2021 hasta 8.861 concursos del año siguiente. Estas cifras engloban tanto los concursos de personas físicas como jurídicas, si bien reflejan la flexibilidad para lograr el perdón de las deudas.

Con la aprobación de la ley, muchos abogados expertos en esta materia aventuraron una avalancha de solicitudes de concursos de acreedores. Por un lado, por la simplificación de los trámites y, por otro, por la creación de un procedimiento especial para micropymes (que constituyen el 93,82% del tejido empresarial español) a través de una plataforma electrónica.

Otras estadísticas, como la publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desprenden la incoación de más procedimientos que los recogidos por los registradores, si bien en ambos casos se constata que en el último tercio de 2022 se duplicaron los concursos.

Exoneración del crédito público

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este diario incidieron en el periodo comprendido entre julio y agosto, justo antes de la entrada en vigor de la actual Ley Concursal, ya que hubo un aumento importante de solicitudes de empresarios con deudas. Según explicaron, ello se debe a que muchos de los deudores con actividad empresarial se “apresuraron a presentar el concurso” para acogerse al régimen anterior, que no excluía la exoneración del crédito público, a diferencia del nuevo.

Este cambio ha abierto, desde antes de la aprobación de la ley, un debate sobre el posible incumplimiento del derecho europeo. Finalmente será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que resuelva la incertidumbre. “Hemos retrocedido 15 años”, afirmó Martí Batllori, coordinador del grupo de trabajo de segunda oportunidad del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

En cualquier caso, “los datos reflejan un constante incremento del uso de la segunda oportunidad”, señaló el letrado, que enfatizó que esta tendencia es “constante” desde 2015 -cuando se introdujo este mecanismo- por el mayor conocimiento que hay entre la abogacía y la ciudadanía. “La segunda oportunidad da respuesta a situaciones de insolvencia de forma adecuada y sigue claramente al alza año a año”, concluyó Batllori.

Aluvión de solicitudes

Mismo juzgado. Antes de la reforma de la Ley Concursal, las personas físicas empresarios y no empresarios seguían el mismo procedimiento, que se estudiaba en distintos juzgados. Los procesos sobre personas con actividad empresarial iban a los juzgados de primera instancia, mientras que los otros eran resueltos por los juzgados de lo mercantil. A partir del pasado septiembre, todos los concursos de acreedores de personas físicas se tramitan por la vía mercantil. Este cambio ha sido celebrado por el sector de la abogacía, si bien alertan del riesgo de colapso si no aportan medios para afrontar el aumento de número de asuntos. 

Distintas vías. La reforma legal introdujo dos vías para resolver los concursos de personas físicas. Los no empresarios, como pueden ser los hogares, se tramitan como un concurso normal, al igual que las empresas; si bien las microempresas, en las que entran un elevado número de autónomos, van por el proceso especial telemático, mucho más rápido. 

Huelga. La huelga de letrados de la Administración de Justicia, que duró dos meses, retrasó la tramitación de los concursos de acreedores, estando en algunas provincias totalmente paralizados.

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