Argentina se enfrenta al pago de 1.330 millones por falsear índices oficiales como el PIB
El Tribunal Superior de Londres falló en contra del país en una demanda presentada por cuatro fondos que tenían valores emitidos vinculados a la evolución del PIB
Argentina se enfrenta al pago de una factura de 1.330 millones de euros (unos 1.460 millones de dólares) por haber falseado índices oficiales como el Producto Interior Bruto (PIB) en 2013. El Tribunal Superior de Londres ha fallado este miércoles en contra del país sudamericano en una demanda presentada por cuatro fondos internacionales, que acusaron al país sudamericano de haber trucado el índice para pagar menos en valores vinculados a la evolución del PIB.
Estos cuatro fondos de cobertura (Palladian Partners L.P., HBK Master Fund L.P., Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited), que poseen el 48% de los valores vinculados al PIB emitidos entre 2005 y 2010, demandaron en 2019 al Estado argentino por 643 millones de euros. Los cuatro fondos argumentaron en una audiencia en octubre que Argentina tenía una “propensión” a manipular datos económicos para ahorrar miles de millones.
Susan Prevezer, en representación de los fondos, dijo que las estadísticas económicas eran “el tema de la dirección política” en Argentina bajo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupó el cargo de 2007 a 2015 (actualmente es la vicepresidenta del país). Sin embargo, los abogados argentinos alegaron que “ningún gobierno racional subestima deliberadamente el PIB” y señaló que el país había pagado casi 10.000 millones de dólares a los tenedores de sus valores vinculados al PIB desde que se emitieron por primera vez en 2005.
En su fallo de este miércoles, el juez Simon Picken ha señalado que Argentina debería de pagar 643 millones de euros más intereses a estos cuatro fondos. El juez también dictaminó que Argentina debe abonar alrededor de 1.330 millones de euros en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%. La abogada argentina Tamara Oppenheimer ha indicado en una breve audiencia que el país probablemente apelará el fallo.
Esta sentencia llega después del duro revés judicial que recibió Argentina por la expropiación de YPF a Repsol en 2012. Una juez de Nueva York condenó al país austral por expropiar el 51% de la petrolera sin presentar una oferta pública de adquisición de títulos a otros accionistas minoritarios. La firma Burford y el fondo Eaton reclaman daños totales por 15.900 millones de dólares, de los que 8.400 millones se engloban en daños directos y 7.500 millones en reclamos accesorios e intereses calculados hasta el 24 de septiembre de 2021. El caso se inició en 2015, cuando Burford Capital, una firma que financia litigios, impulsó la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. La jueza Loretta Preska no especificó en su fallo cuál es la cantidad que deberá de abonar el Estado argentino.
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