El Gobierno elevará con fuerza las cargas a las empresas para mejorar las pensiones más bajas

La patronal CEOE acusa al Ejecutivo de “voracidad recaudatoria” y avisa de que dañará el empleo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva, en una imagen de archivo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriva, en una imagen de archivo.Europa Press News (Europa Press via Getty Images)

El Gobierno de coalición logró en la noche del jueves llegar a un acuerdo para reformar las pensiones, que cuenta con visto bueno de Bruselas. Este consenso entre las dos formaciones del Ejecutivo ha sido posible gracias a que los trabajadores que se vean perjudicados por una ampliación del periodo de cálculo (que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá había acordado con la Comisión) puedan mantener la actual fórmula para determinar las cuantías de las jubilaciones futuras. La formación morada ha logrado también incluir una serie de mejoras en las pensiones más bajas.

Estas y otras medidas que recoge la propuesta de reforma del Gobierno pactada este jueves, como la mejora de la cobertura de lagunas o la reducción de la brecha de género, no responden a las exigencias de Bruselas de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo. Muy al contrario, aumentan sustancialmente el gasto en pensiones. En concreto, sumando las nuevas medidas propuestas, la revalorización de las pensiones por ley (aprobado en la primera fase de esta reforma) y el aumento de jubilaciones por el retiro de los nacidos en el baby boom, dicho gasto se elevará desde el 12% del PIB actual al 15,5% en el entorno del año 2045.

Así, para hacer frente a este incremento del gasto en pensiones, el acuerdo también incluye medidas para aumentar los ingresos del sistema, que recaen prácticamente en exclusiva sobre las espaldas de las empresas, que verán fuertemente incrementadas sus aportaciones a la Seguridad Social, de forma más o menos progresiva.

Así, hay tres novedades orientadas a incrementar los ingresos. Por un lado, se acometerá una eliminación progresiva de los límites de la cotización a la Seguridad Social, que ahora hacen que solo coticen los salarios por debajo de los 54.000 euros al año. Esta eliminación –conocida como destope– se hará entre 2024 y 2050. Estas bases máximas subirán cada año lo que el IPC más otra cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Este incremento de bases repercutirá en un incremento de las pensiones mínimas pero en menor proporción. Concretamente, las pensiones máximas se revalorizarán cada año con la cuantía anual del IPC, más un incremento adicional del 0,0115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2025 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales que no se han precisado.

La segunda de estas medidas será reforzar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), aprobado en la primera fase de la reforma. Este mecanismo consiste en una recarga del 0,6% sobre las cotizaciones (0,5% a cargo de la cuota empresarial y 0,1% a cargo del trabajador). Dicha subida de cotizaciones irá aumentando, con este mismo reparto, una décima al año hasta duplicarse y colocarse en el 1,2% desde 2029 (subirá una décima cada año).

Y, en tercer lugar, se creará una cuota de solidaridad que se aplicará solo a la parte del salario que no cotice (a la que quede por encima de la base máxima de cada año, fijada en 2023 en 53. 946 euros al año). Esta cuota será de un 1% a partir del 2025 y aumentará 0,25% cada año hasta 2045, año en el que será del 6%. Y no generará derechos de pensión.

Cuando estén desplegadas todas estas medidas, las aportaciones empresariales por contingencias comunes que ahora rozan el 24% se dispararán por encima del 30%. Y, aun así, solo cubrirán 1,2 puntos de los tres puntos que se incrementará el gasto en pensiones. El Gobierno confía el resto a los incentivos para retrasar la jubilación de la primera parte de esta reforma. Esto despertó este viernes la ira de los representantes empresariales, que mostraron su “oposición frontal” a esta reforma y acusaron al Gobierno de “voracidad recaudatoria”. Por ello, las patronales CEOE-Cepyme y ATA advirtieron que esta reforma limitará las subidas salariales y pondrá en peligro la creación de empleo.

En cualquier caso, toda esta mayor recaudación que obtendrán de las empresas permitirá que en lugar de ampliarse el periodo de cómputo para calcular la pensión –que habría recortado las cuantías de la mayoría de futuros jubilados– estos podrán escoger entre un sistema dual que consistirá en mantener el modelo actual de cómputo con los últimos 25 años cotizados o elegir la nueva fórmula que amplía este periodo a 29 años, eliminando los 24 meses (dos años) con peores cotizaciones.

Este sistema dual convivirá hasta 2044, cuando se mantendrán el modelo de 29 años eliminando los dos peores. Esta nueva modalidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026, según la Seguridad Social. La administración elegirá de oficio la opción más beneficiosa para cada futuro jubilado. Si bien el Gobierno calcula que será más beneficiosa para un tercio que quienes se retiren; del actual modelo se beneficiará otro tercio de los cotizantes y el tercio restante no se verán afectados por el cambio.

Dicho todo esto, todavía faltan pasos para que esta reforma llegue a aprobarse. En principio, el Gobierno elaborará en los próximos días un decreto ley --que previsiblemente contará con el apoyo de los sindicatos, que aún se reunirán con la Seguridad Social el próximo lunes para cerrar algunos flecos-- y después de su aprobación por el Consejo de Ministros lo llevará al Congreso de los Diputados para su convalidación. Allí, según fuentes gubernamentales, Ejecutivo espera tener garantizados los votos suficientes de sus socios de investidura para que la reforma esté en vigor antes del 30 de junio, que es cuando expira el plazo para que España pida el cuarto desembolso de los fondos europeos (10.000 millones de euros), ligado al componente que exige la reforma de pensiones.

Detalle del resto de mejoras de las prestaciones

  • Lagunas. Esta reforma mejorará las pensiones de aquellos trabajadores con carreras más irregulares, con la ampliación de la denominada cobertura de lagunas (periodos intermitentes no cotizados en una vida profesional). Se mantiene, como hasta ahora, que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (cuatro años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49. Pero se añaden para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (esto es, el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (ampliándose esta cobertura de lagunas para las mujeres del cuatro a siete años). 
  • Mínimas. Se mejorarán las pensiones mínimas contributivas y asistenciales. Para ello “se crea un mecanismo complejo –similar al usado para la última subida del salario mínimo– que establece que en 2027 las pensiones mínimas contributivas de los mayores con más de 65 años con cónyuge a cargo tienen que haber crecido hasta alcanzar un 60% de la renta mediana de los hogares. Mientras que la mínima asistencial deberá ser del 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.
  • Brecha de género: El complemento de la brecha de género de las pensiones tendrá un incremento del 10%, adicional a la revalorización anual, en el bienio 2024-2025.

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Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés

Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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