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Los caseros tienen una renta anual media de 46.700 euros, el doble que la de los inquilinos

Un estudio de La Hidra sugiere que una limitación de precios no afectaría sustancialmente a las finanzas de los propietarios

Pablo Sempere
Los hogares de caseros son los de mayor renta del país
Belén Trincado Aznar

Las negociaciones entre el Gobierno y sus socios habituales para consensuar cuanto antes la ley de vivienda siguen estancadas en uno de los puntos primordiales: la futura limitación de los precios del alquiler. En este contexto, La Hidra, una entidad del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona cercana a los sindicatos de inquilinos, ha publicado este lunes un análisis que trata de arrojar algo de luz sobre la realidad material de arrendadores y arrendatarios, así como las consecuencias que podría tener en sus respectivos bolsillos una eventual regulación de los precios. Una primera aproximación muestra la gran brecha de renta entre unos y otros. Mientras que los hogares de caseros tienen una media de 46.700 euros anuales, los de inquilinos no llegan a los 23.000 euros.

Por ello, asegura el documento, existe un “margen muy amplio” para moderar las ganancias de los arrendadores mediante una fórmula legal que de alguna manera tope o limite los precios de la vivienda. Esto, añade, no repercutiría en un cambio sustancial de la situación socioeconómica de los propietarios.

Los datos desagregados de la encuesta de condiciones de vida del INE permiten concluir, según el estudio, “que la mayoría de los caseros pertenecen a la fracción más acomodada de la población”. Así, los arrendadores no solo doblan en ingresos a los inquilinos, sino que de media superan en 15.000 euros anuales las rentas de los hogares con vivienda en propiedad pero sin rentas del alquiler (31.353 euros).

A su vez, añade el estudio, “los caseros se concentran en los tramos de renta alta, mientras que los inquilinos lo hacen en los tramos inferiores”. Según muestran los números, el 38% de los arrendatarios no llegan a los 15.000 euros anuales de ingresos, un porcentaje que cae al 9% en el caso de los caseros. Al otro lado, el 51% de los arrendadores superan los 40.000 euros, una cifra que se desinfla hasta el 11,5% en el caso de los inquilinos.

Esta fuerte diferencia de ingresos, sin embargo, no se explica únicamente por las rentas del alquiler que salen de un hogar para entrar en otro. De hecho, “incluso si se les restasen los ingresos por el alquiler, los caseros seguirían siendo la población de mayor renta del país”, apunta el documento. Sin esta fuente de riqueza, sus ingresos medianos caerían hasta los 33.600 euros, siempre por encima de los 18.400 euros que conformarían la mediana de inquilinos y de los 27.200 euros de los hogares propietarios sin rentas del alquiler.

El documento, partiendo de este análisis, intenta cuantificar la cantidad de caseros vulnerables que hay en el mercado. Es decir, cuántos propietarios necesitan realmente las rentas que extraen del alquiler para poder vivir. Las conclusiones del estudio afirman que únicamente un 6,5% de los arrendadores (el 0,6% del conjunto de hogares) podrían entrar en este grupo, una cifra que choca con la situación de vulnerabilidad que sufren el 36% de los inquilinos, siempre siguiendo los patrones que utiliza el INE en la encuesta de condiciones de vida.

Este detalle no es menor, ya que parte del debate que gira en torno a la negativa de limitar los precios se sustenta en aquellos propietarios que complementan con la renta sus ingresos para poder vivir. Este es uno de los argumentos que esgrime habitualmente la asociación de propietarios Asval, que asegura que el 96% de los caseros son ahorradores, pequeños inversores o gente que ha heredado una o varias viviendas y que necesita el dinero de la renta. “Son particulares que depositan sus ahorros en vivienda para complementar su sueldo, su pensión o tener un patrimonio que le proteja a él y su familia”, añade la organización fundada por varias empresas inmobiliarias.

En este punto, el documento de La Hidra resalta los datos del Observatorio Metropolitano de Vivienda de Barcelona, dependiente del ayuntamiento. Según esta radiografía oficial, la única disponible de una gran ciudad, en Barcelona los caseros que tienen una vivienda constituyen un 38,7 % del mercado, aunque representen al 79 % de los arrendadores. Por su parte, los caseros con dos o más viviendas controlan una cuota del mercado del 60,3 %, aunque solo representen al 21 % del gremio. Dentro de este segundo grupo, hay una reducida porción, el 2,1% de arrendadores, que posee el 29,5% de las viviendas en alquiler de la ciudad.

Una negociación estancada por el límite al alquiler

El Gobierno de coalición negocia internamente junto a los socios habituales los últimos flecos de la ley de vivienda, que sufre ya varios meses de retraso en su aprobación. El Ejecutivo y el bloque de la investidura consensuaron hace semanas desligar el IPC de los topes al alquiler (una compleja fórmula recogida en el anteproyecto de ley) ante la subida de la inflación. También pactaron rebajar la definición de gran propietario por debajo de las 10 viviendas, una decisión no menor habida cuenta de que varias de las medidas puestas en marcha durante las crisis sanitaria y energética discierne entre gran y pequeño tenedor.

Sin embargo, siguen las fuerzas políticas sin llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser el techo al que deben limitarse las subidas de los precios del alquiler de los nuevos contratos en las conocidas como zonas tensionadas, aquellas en las que los precios están disparados. Mientras que Podemos y los socios reclaman una limitación más dura e inmediata, el PSOE plantea fórmulas más laxas. El último texto aprobado por el Consejo de Gobierno y que ahora se discute para llevar al Congreso contempla varias medidas para topar las casas en función del tiempo en el que llevan en el mercado y de si pertenecen a grandes o pequeños propietarios, con personalidad física o jurídica.

No obstante, deja fuera de la regulación aquellas viviendas que vayan a ser alquiladas por primera vez por pequeños y grandes propietarios con personalidad física. Es en este punto donde el Gobierno y sus socios mantienen más disputas.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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