La Comisión activa por primera vez el mecanismo de suspensión de fondos europeos
Lituania se expone a perder parte de los 565 millones del último pago del Plan de Recuperación y Resiliencia
La Comisión no va de farol. Bruselas aplicará por vez primera la suspensión de parte de un pago del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) europeo a un Estado miembro. Lituania ha sido el actor afectado por la decisión comunitaria. El país báltico corre el riesgo de perder parte de los 565 millones de euros que solicitó a la Comisión en diciembre del año pasado -más de un cuarto de los 2.000 millones que el país puede recibir como parte del PRR- por el incumplimiento de dos de los 33 objetivos establecidos en el plan lituano.
El Ejecutivo comunitario ha indicado que aún queda un “importante trabajo por hacer” en materia fiscal. En concreto, Bruselas ha reprochado a Lituania el no haber cumplido con “la supresión de las exenciones fiscales y los regímenes fiscales especiales existentes” y con “los impuestos medioambientales y los impuestos menos perjudiciales para el crecimiento económico”. La decisión de Bruselas, sin embargo, no es irrevocable: dará un plazo de siete meses a -uno de apelaciones y seis para subsanar los fallos- para reconducir el plan fiscal lituano.
La decisión comunitaria ha dejado por escrito, por primera vez, la falta de éxito de uno de los planes de recuperación de los Estados miembros. La cantidad de dinero que Vilna se expone a perder depende ahora de la ponderación que utilice la Comisión para valorar esos dos objetivos incumplidos. El valor unitario de los dos hitos asciende a más de 32 millones de euros, aunque pueden ser más, según el cálculo que aplique la Comisión, basados en la relevancia que estime de cada objetivo.
Hasta ahora, los pagos tenían que ser o no ser. Es decir, los países percibirían el 100% del pago o el 0%, si así lo estimaba la Comisión. Sin embargo, con la nueva metodología elaborada por el Ejecutivo europeo, los Estados podrán percibir menos fondos en caso de incumplimiento de alguno de los hitos y reformas. La cuantía será mayor o menor en función de la importancia que le otorgue Bruselas al plan que el Estado en cuestión no haya podido cumplir.
La reforma de las pensiones hace peligrar una fracción de los fondos españoles
España ha obtenido un total de 31.000 millones de euros desde Bruselas, tras el tercer pago, aprobado recientemente, por valor de 6.000 millones de euros. Sin embargo, si España no aprobara alguno de los puntos de la reforma de pensiones (cuatro, según los documentos del plan español) se arriesga a recibir el castigo máximo en el próximo pago -el cuarto-, según fuentes comunitarias citadas por EL PAÍS. Bruselas busca que con la reforma española se asegure la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones y de las cuentas públicas españolas.
Las conversaciones formales entre la Seguridad Social y los agentes sociales –a la sazón, sindicatos y empresarios– se encuentran estancadas. Además, el Ejecutivo trabaja en cerrar un acuerdo parlamentario que asegure una mayoría suficiente para aprobar la reforma en el Congreso.
El Ministerio pretende aumentar el cálculo desde los 25 años actuales a 30, aunque con la posibilidad de eliminar las 24 mensualidades peores en términos de cotización. Por lo tanto, los años efectivos serían 28, en lugar de 30. Los argumentos que se han esgrimido por parte del Gobierno para justificar esta propuesta se han basado en que esta ampliación en el periodo de cálculo de tres años beneficia más a las nuevas carreras laborales, que serán menos lineales y que cada vez son más frecuente. Sin embargo, esta misma propuesta fue la que no convenció a los agentes sociales, que aplazaron la reforma desde finales del año pasado a principios de 2023.
La reforma debía, conforme a la hoja de ruta marcada por el Ministerio de Seguridad Social, estar cerrada antes del final del año pasado. Luego, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, aseguró que el acuerdo definitivo estaría listo antes de febrero y, la semana pasada, emplazó hasta Semana Santa para conseguir un pacto final.
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