Los concursos de personas físicas y autónomos se disparan el 280% desde el inicio del Covid

Desde 2019 y hasta ahora, España es el país donde más han aumentado estos procesos de insolvencia, tan solo por debajo del Reino Unido

Todas las previsiones apuntan a que este año se experimentará un incremento considerable de concursos de acreedores de micropymes, autónomos y personas físicas. En el caso de las micropymes, la entrada en vigor desde el pasado 1 de enero del procedimiento especial, será un elemento determinante. Las facilidades que se introducen para la gestión de estos procesos se puede traducir en un aumento de la concursalidad de las organizaciones de menos tamaño.

El nuevo sistema posibilita que el administrador de la microempresa inicie el procedimiento de manera electrónica, sin obligación de contar con asistencia letrada y administrador concursal y con posibilidad de elegir la forma de hacer frente a su insolvencia. Está fijado para personas físicas y jurídicas que facturen menos de 700.000 euros anuales y tengan un pasivo inferior a 350.000 euros.

Por otra parte, si bien el número de autónomos, se ha ido recuperando en 2022 respecto al año anterior, según la EPA, hay sectores en los que la crisis general y la suya propia ha generado estragos desde el inicio de la pandemia.

Precisamente, este miércoles se ha conocido como el número de concursos de acreedores de personas físicas y autónomos se incrementó el 280%, lo que supone prácticamente multiplicar por cuatro, entre 2019 y 2022, al pasar de 2.544 a 9.669 en este periodo, según las cifras dadas a conocer por el Registro de Economistas Forenses (Refor).

Este fuerte incremento de los concursos de personas físicas y autónomos, superior al 280% en valores relativos, contrasta con el repunte, de algo menos del 18%, de los concursos presentados por empresas entre 2019 y 2022, que pasaron de 4.055 a 4.755 en este mismo periodo.

De este modo, comparando solo los datos de 2022, el número de concursos de acreedores en España de personas físicas más autónomos duplica a los presentados por empresas, tendencia que en 2019, antes del Covid, era la contraria. De hecho, en aquel año, los concursos de acreedores de sociedades (4.055) superaron en casi un 60% al de las personas físicas y autónomos (2.544).

A partir de datos estadísticos del Colegio de Registradores, el Refor compara las cifras de concursos de España con las de Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido y concluye que España fue el segundo país de todos ellos en el que más aumentaron los concursos desde 2019 a 2022, con un crecimiento de casi el 53%, solo por detrás de Reino Unido, donde se dispararon casi un 75%.

España mostró en 2022 un número de concursos de empresas muy inferior al resto de países, con 5.248 operaciones, frente a las 42.500 de Francia o los 14.700 de Alemania. Reino Unido registró 22.121 operaciones. Tan solo Portugal, con 2.202, muestra un número de concursos inferior al español.

En comparación con 2021, la mayoría de los países incrementaron su número de procesos concursales, aunque con distinta intensidad: mientras que en España crecieron un 11,3%, en Francia lo hicieron casi un 49,8%, en Reino Unido subieron un 57,38% y en Alemania, un 2,8%. Por contra, bajaron en Italia un 30,64% y en Portugal el 38,25%.

Los economistas forenses mantienen que existen dos causas para este aumento de la concursalidad. La primera, sería la aplicación de la ley de Segunda Oportunidad y la segunda una sentencia del Tribunal Supremo de 2019.

Tanto la reforma concursal de mayo de 2020 como la nueva ley que entró en septiembre pasado dejan a las personas físicas acogerse a la ley de Segunda Oportunidad que se aprobó en 2015. Esta norma permite al insolvente hacer frente a sus deudas mediante planes de pago y sin comprometer su patrimonio ni futuros ingresos, con lo que queda libre así de arrastrar cargas permanentemente. Este alivio de las deudas solo tiene, en esta norma, una excepción: los créditos públicos, lo que ha contribuido a disparar los procesos de concursos.

La sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019, resultó muy beneficiosa de cara a los créditos públicos. El fallo reconocía que el privilegio de estas deudas con Hacienda y Seguridad Social contradecía el espíritu de la segunda oportunidad, por lo que estos créditos públicos deben ser como los demás.

Y aunque una sola sentencia del Supremo no sienta jurisprudencia, muchos autónomos se han acogido sin éxito a esta sentencia con el ánimo de que se tuviera en cuenta en su proceso. Lo que queda por resolver son los efectos de la exoneración de 10.000 euros por institución que prevé la nueva ley Concursal.

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