La ‘stablecoin’ A7A5, la herramienta de Rusia para evadir las sanciones internacionales
El activo es emitido por la empresa rusa A7, de propiedad del empresario moldavo Mironovich Shor, condenado por fraude. El banco estatal ruso Promsvyazbank, sancionado por varios países, posee una parte minoritaria
Tras la invasión de Rusia a Ucrania y la aplicación de las sanciones contra el país, Vladímir Putin encontró un nuevo aliado para evadir las restricciones impuestas por el Occidente: las criptomonedas. Uno de estos activos parece funcionar mejor que otros: la stablecoin A7A5, vinculada al rublo, lanzada públicamente en Kirguistán el pasado 10 de febrero, según un informe reciente del Centre for Information Resilience (CIR). Su capitalización alcanza los 125.500 millones de euros y los tokens en circulación superan los 9.880 millones de euros.
El token fue promovido como “la primera stablecoin del mundo respaldada por rublos y que genera rendimientos”, pensado para que los usuarios puedan convertir sus rublos en criptomonedas como USDT de Tether, vinculada al dólar y, de allí, a cualquier otro activo o divisa. Según el whitepaper, está respaldado 1:1 por depósitos en esta divisa en cuentas bancarias del Promsvyazbank (PSB), un banco estatal ruso que presta servicios a la industria militar del país. La entidad de crédito fue sancionada por Reino Unido, Estados Unidos, la UE, Australia, Japón, Canadá, Suiza y Monaco y excluida del sistema de mensajería SWIFT tras la invasión de Ucrania.
Pero, ¿quién está detrás de este token? El empresario y político moldavo, Ilan Mironovich Shor, nacido en Israel, que actualmente reside en Rusia. Según informó Reuters, Shor huyó del país en 2019 mientras se encontraba en arresto domiciliario por su implicación en el robo de mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) del sistema bancario moldavo en 2014, considerado el mayor fraude bancario en la historia del país, tal y como recuerda el informe del CIR. También fue acusado de comprar votos durante las elecciones en Moldavia en 2024.
El token es emitido por la empresa rusa A7 —cuyo dueño principal es Shor—, fundada en octubre de 2024 con el objetivo de facilitar las operaciones transfronterizas de empresas y usuarios rusos y eludir las sanciones internacionales. En mayo de 2025, la firma fue sancionada por Reino Unido, al considerar que presta servicios financieros y pone a disposición fondos y recursos económicos que podrían contribuir a desestabilizar Ucrania, además de beneficiar al gobierno ruso. Promsvyazbank posee una parte minoritaria de la firma.
Siendo lanzada en Kirguistán, la emisión de este activo está bajo las nuevas regulaciones sobre criptomonedas adoptadas por Kirguistán “y cuenta con el respaldo del gobierno nacional”, se lee en el whitepaper. La decisión no es baladí: en una entrevista con un influencer cripto el pasado 26 de marzo, el director de proyecto Leonid Shumakov explicó que el token se registró en Kirguistán en vez que en Rusia por ser “una jurisdicción amigable que no está tan sujeta a sanciones y otras presiones económicas”.
Poco después de su lanzamiento en las blockchain de Tron y Ethereum, el token fue listado en el exchange ruso Garantex, acusado en múltiples ocasiones de lavado de dinero procedente de actividades ilícitas. Como explica el informe del CIR, esta plataforma permitía cambiar de forma fácil activos digitales en USDT, una de las stablecoins favoritas por los usuarios rusos al ser vinculada al billete verde y con comisiones baratas. Pese a ser sancionada por el Departamento del Tesoro de EE UU en 2022, siguió expandiéndose hasta el pasado marzo cuando una acción coordinada de las autoridades estadounidenses y europeas, junto con Tether, que bloqueó monederos digitales en su plataforma con más de 2.500 millones de rublos, la obligó a suspender las operaciones.
No obstante, no tardaron mucho en redirigir los fondos. Según la empresa suiza de análisis blockchain Global Ledger, después del bloqueo Garantex transfirió más de 4.500 millones de tokens A7A5 a un monedero, donde se quemaron y reemitieron para borrar su historial. Posteriormente, se enviaron a la plataforma Grinex, con una interfaz casi idéntica, registrada en Kirguistán en diciembre de 2024 y vinculada a Garantex, detalla un informe de TRM Labs. “Promocionada como un medio para recuperar los activos congelados de los usuarios, A7A5 parece diseñada para eludir las sanciones, ofreciendo ganancias diarias y anonimato”, destacan.
Las autoridades financieras rusas no han respaldado explícitamente al token ni han señalado que se trata de un proyecto de un banco estatal ruso. No obstante, el subdirector del departamento de política financiera del Ministerio de Finanzas de Rusia ha aparecido en varios eventos con representantes del token. Y el gobierno ruso ha estado discutiendo durante años el potencial de las criptomonedas para mitigar el impacto de las sanciones, especialmente después de la invasión de Ucrania en 2022 y las sanciones impuestas a empresas e individuos.
Por ello, Rusia promulgó en agosto del año pasado dos leyes destinadas a legalizar la minería de criptomonedas y el uso de estos activos en pagos internacionales, permitiendo a las compañías locales participar en el comercio global utilizando estos activos. De esta manera el país dejó atrás la postura conservadora del Banco de Rusia, que instaba a una prohibición completa de esos activos tan solo en 2022. La guerra lo cambió todo y la misma gobernadora del BCR, Elvira Nabiullina, reconoció en su momento que el cambio legislativo tenía el objetivo de mitigar el impacto de las sanciones y facilitar los pagos internacionales.
Si bien el auge del mercado de las stablecoins impulsará previsiblemente una revolución en las finanzas tradicionales, por otro lado plantea dudas sobre la transparencia y la seguridad de estos tokens. Si hasta 2021, bitcoin era la criptomoneda preferida entre los ciberdelincuentes, desde ese entonces se ha asistido a una diversificación constante entre los activos utilizados, con los criminales virando especialmente hacia las stablecoins, que representan la mayoría del volumen de transacciones ilícitas en 2024 (un 63%), según el último Crypto Crime Report de Chainalysis. Los delincuentes, que las usan para estafas, financiación del terrorismo o evadir sanciones, lo hacen por las mismas razones que los usuarios legítimos: son transfronterizas, líquidas y mantienen su valor estable.
